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Los pueblos luchan por volver a seducir

El medio rural reivindica su derecho a disponer de un sector servicios sólido con el que atraer y retener talento. la repoblación, dicen, será femenina y digital o no será

Una familia llega a la finca La Pastiza (Valderredible, Cantabria), donde realiza sus prácticas en la Escuela de Pastoras | Activos

«Date dos inviernos». Esa es la unidad de medida que emplean los habitantes de los miles de pequeños pueblos repartidos por España para que aquellas personas que optan por cambiar la ciudad por el campo tengan tiempo para descubrir su realidad. Tiempo para quedarse sin luz en casa sin que nadie arregle el problema. Tiempo para no poder gestionar un trámite telemático con la Administración por problemas con la conexión a internet. Tiempo para invertir más tiempo en ir a comprar, al cine o al bar más cercano.

En definitiva, tiempo para alejarse de la imagen bucólica con la que, dicen, los apodados como ‘neorurales’ aterrizan de vuelta en el pueblo hasta darse de bruces con ese día a día que poco tiene que ver con lo que percibieron en aquella idílica escapada de fin de semana.

No es un reproche, es una reivindicación. La forma que tienen de exigir su derecho a disponer de las mismas facilidades que los urbanitas para poder elegir dónde y cómo vivir. La pandemia ha resituado la repoblación en la agenda pública nacional y europea y el medio rural no quiere perder este tren, pero alerta de que para ello necesita recursos con los que seducir a quien se aventura a cambiar de vida. Solo así se podrá convertir en virtuoso un círculo viciado desde hace décadas y que centrifuga a las personas hacia la ciudad: la población que permaneció envejece, la localidad pierde habitantes, pierde servicios al dejar de ser rentables para las comercializadoras y nadie regresa por esa falta de oportunidades. Y vuelta a empezar.

«Vivir en el mundo rural es duro, si no no se habría ido la gente», resume Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación (AECD). Ella tiene muy claro lo que necesitan los habitantes del mundo rural y se limita a devolver la pregunta: «¿Qué necesitas tú?». Su respuesta descoloca a cualquier residente en una urbe grande o mediana. «Trabajo y vivienda son los dos mínimos», se autocontesta Díaz.

La asociación que dirige centra sus esfuerzos en dos ejes: atraer y retener a nuevos ciudadanos que dinamicen estos núcleos. Un ejercicio complejo, casi un acto de fe, si no se dispone de vivienda de alquiler y de condiciones laborales que permitan emprender proyectos empresariales innovadores y que involucren a la mujer. Porque «la repoblación será femenina y digital o no será».

Los pueblos luchan por volver a seducir

Ya antes de la irrupción del coronavirus, la urgencia de la repoblación había llegado a las instituciones. El Gobierno creó la Secretaría General para el Reto Demográfico dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, dotado con un presupuesto de 2.500 millones para impulsar el desarrollo rural a través de la mejora de servicios públicos como Correos y para hacer llegar la banda ancha a las provincias desestimadas por las operadoras por no alcanzar una cobertura mínima. Y además están los fondos europeos, de los que España recibirá más de 140.000 millones y para los que la UE ha puesto como una de sus prioridades la repoblación. Las asociaciones rurales ya batallan para que se canalicen hacia sus territorios y potencien ecosistemas innovadores, reubiquen servicios y abran nuevas posibilidades.

Pero dudan de que el reparto vaya a ser proporcional y transversal. Así, mientras la burocracia sigue su lento paso, en los últimos años han comenzado a brotar iniciativas tanto de empresas como de ciudadanos para reactivar los pueblos y dotarlos de las herramientas para cumplir con ese leitmotiv de «atraer y retener»: proyectos de instalación de redes de telecomunicaciones públicas y gratuitas, para la dinamización de sus parques inmobiliarios o para la profesionalización del trabajo que la mujer hace en el campo.

Un ejemplo de esto último es la escuela de pastoras que ha puesto en marcha la AECD en Cantabria. Se trata de un proyecto para «profesionalizar» el trabajo de la mujer rural que busca «ofrecer salidas dignas» para que «ellas mismas se reconozcan como empresarias» y no abandonen el pueblo, porque «si se van las mujeres, se van los hijos». Solo así, esos descendientes permanecerán en el medio rural. «Es muy bueno que salgas a estudiar, pero vuelve. Queremos tu innovación, aquí hay mucho que hacer con tu bagaje», dice Díaz apelando a los más jóvenes.

Porque la España despoblada es consciente de que la nueva ruralidad va más allá del sector primario y el desarrollo del teletrabajo debido a la pandemia juega a su favor. Pero, de nuevo, necesitan recursos como Internet. En ese sentido trabaja Zwit Project, una empresa creada en 2015 por Jorge Celaya y Raúl Santos para la implementación de redes inteligentes de gestión de los recursos municipales con las que han logrado llevar líneas WiFi públicas y gratuitas adonde no llegan las operadoras.

«Si la digitalización no es universal, la brecha se va a agrandar. El mundo rural quedó fuera de la industrialización, pero está a tiempo de no perder el tren de la digitalización», reflexiona Santos. Gracias a su proyecto de territorios inteligentes, el municipio de Comillas fue elegido por la UE como uno de los casos de estudio de su programa ‘Smart Eco-Villages’, el único en toda España, que aspira a captar fondos como uno de los proyectos tractores de la repoblación.

El repunte del interés en estos territorios que han provocado los confinamientos ha hecho que otras compañías más grandes, como por ejemplo BlaBlaCar, pongan su vista en ellos. Desde 2018 viene perfeccionando su algoritmo de ‘paradas inteligentes’, que permiten al usuario poder contratar un viaje a un pueblo rural aunque no figure en el trayecto. Es decir, si se viaja de Barcelona a Zaragoza y una persona quiere ir a Lleida, el sistema alerta al conductor, evitando así el desplazamiento de última milla y optimizando recursos. Solo en 2020 han duplicado su penetración y ya se emplea en un 20 % de todos sus trayectos.

Con los supermercados sucede algo similar. Asedas, la primera distribuidora alimentaria de España y con una cuota de mercado del 90 % en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, destaca su compromiso con estos territorios ya que con su presencia «contribuye a la creación de riqueza y a la fijación de la población». También confirma que lo rural es tendencia.

En 2020, casi un 20 % de las más de 1.000 aperturas de establecimientos alimentarios se han producido en municipios de menos de 5.000 habitantes y Asedas remarca que durante el verano registraron aumentos del 10 % en las ventas respecto al año anterior. «Los datos globales nos indican que el mundo rural está en alza», aseguran.

La brecha salarial rural: 5.000 euros al año



Además de disponer de menos servicios que el resto de ciudadanos por el mero hecho de residir en un municipio pequeño, los habitantes del medio rural también perciben una menor renta por su trabajo. Según un estudio de Zwit Project, esta brecha salarial llega a rozar los 5.000 euros al año. Para realizar sus cálculos primero definen qué es un pueblo rural. Según la ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, «el espacio formado por la agregación de municipios o entidades locales menores (…) que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km²». Esto suponen, a censo de 2019, 18.163.844 habitantes (40,2 % del total) que vive en un 94 % del territorio. De ellos, los que viven en pueblos de entre 1.000 y 5.000 habitantes tienen una renta disponible un 21,5 % inferior a la media nacional, mientras que, si se analizan los residentes en territorios de menos de 1.000 habitantes, la brecha se amplía al 25,9 %. Traducido a cifras concretas, la renta media en España es de 22.634 euros, mientras que la de los más de 4 millones de personas que viven en zonas de entre 1.000 y 5.000 habitantes se queda en 17.768 euros y el millón y medio que lo hace en localidades de menos de 1.000, en 16.772 euros al año.

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