Pensiones, ¿un derecho sostenible?

La Constitución, en su artículo 50, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿va a ser factible y sostenible el sistema público de pensiones (SPP) con la actual situación y el nuevo escenario que se prevé dentro de unos años?

España es uno de los países en los que la partida de pensiones representa un mayor peso dentro del total gasto público. Concretamente, más del 40% de los Presupuestos del Estado, se destina a pensiones, con un total superior a los 150 mil millones (163 mil millones en los PGE aprobados recientemente). Además, esta partida se ha ido incrementando en los últimos diez años en casi en un 60%, principalmente por tres causas: los importes de las pensiones son cada vez mayores por el efecto sustitución – las pensiones que entran son de mayor importe que las que salen -, los factores de revalorización y, sobre todo, el cada vez mayor número de pensionistas.

Hoy por hoy, el mantenimiento del SPP, es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos, incluso en un escenario de reducido desempleo. Esto es debido a aspectos como la incorporación más tardía de los jóvenes al mercado laboral, con una cada vez mayor precarización del empleo (especialmente en los jóvenes, con la consiguiente reducción de las cotizaciones) y, sobre todo, a los cambios en la estructura poblacional, con una caída de la natalidad, un mayor envejecimiento de la población y una cada vez mayor longevidad. España posee la tercera tasa más alta en esperanza de vida con 82,8 años, solo por detrás de Japón (83,6 años) y Suiza (82,9), y uno de los ratios más bajos de nacimientos, con 1,34 hijos por cada mujer. Así pues, la viabilidad del SPP y sus posibles soluciones requerirá de un acuerdo entre las fuerzas políticas y agentes sociales, que además se gestione bajo un prisma de largo plazo y a través de un pacto intergeneracional. No afrontar este importante tema con un pacto de Estado implicaría una falta de responsabilidad de los partidos políticos y agentes de decisión, que pondría en cuestión el propio sistema, máxime teniendo en cuenta que la hucha de las pensiones ha pasado de 65.800 millones de superávit en 2.011, a prácticamente quedar sin recursos. Además, con el nuevo entorno de limitación de recursos postcovid, debemos resolver cuáles son nuestras prioridades a la hora de asignar y priorizar la distribución del gasto público en los PGE. ¿Debemos priorizar pensiones sobre sanidad o invertir más en investigación y desarrollo?

En España, el SPP se basa en un formato de reparto, basado en un principio de solidaridad intergeneracional, de modo que son los trabajadores actuales quienes, con sus cotizaciones, sustentan las pensiones de los actuales pensionistas, esperando sean los futuros trabajadores que se vayan incorporando al mercado laboral quienes mantengan a futuro las suyas. Por el contrario, el sistema de capitalización implica que es cada trabajador, con sus propias aportaciones, quien garantizará sus propias necesidades a futuro, desvinculándose de ese principio de solidaridad. La mayoría de países europeos siguen el sistema de reparto, si bien hay otros modelos y en algún caso, modelos de relativo éxito como por ejemplo Chile, con un sistema de capitalización, o Uruguay, que integra ambos sistemas. Más allá de entrar en disquisiciones técnicas de si es más conveniente un sistema de reparto o de capitalización, considero necesario una revisión de ambos, buscando sistemas híbridos y alternativos que se adapten a nuestra situación actual.

Si analizamos con detalle la estructura poblacional, podemos observar que hoy en España hay 29 personas en edad de jubilación por cada 100 en edad laboral, pero como consecuencia del crecimiento de la generación del ‘baby boom’ y la inversión de la propia pirámide poblacional, se estima que la proporción en 2060, manteniendo la edad de jubilación en los 67 años, ascenderá a 60 jubilados por cada 100 personas en edad de trabajar, con la consecuente y drástica reducción del número de personas en edad de cotizar. Esta situación requiere de un nuevo paradigma que cuestione el sistema actual y sugiera nuevas propuestas, incluso a priori disruptivas, máxime teniendo en cuenta que el sistema actual comienza a dar señales de agotamiento. Por tanto, la cuestión nuclear no es si las pensiones se podrán actualizar acorde al IPC, sino si en unos años, los hijos del ‘baby boom’, llegarán a poder percibirlas y en qué cuantías.

Otro de los aspectos a tener en cuenta, es la tasa de reposición o de reemplazo de las pensiones. Entendemos dicha tasa como el porcentaje que representa la pensión que se cobra en el momento de la jubilación, sobre el último sueldo que se percibía en activo. Esta proporción, en España, es casi de un 80%, cifra muy superior a la media de países de la OCDE, con un 52%. Si comparamos con otros países de nuestro entorno (esta cifra está 33 puntos por encima de Francia y 40 de Alemania), y lo combinamos con la evolución de nuestra pirámide poblacional, concluimos que el problema se acrecienta en España.

A la vista de la situación actual del SPP y las dudas que alberga para garantizarlas a futuro, son varias las posibles soluciones que se plantean, entre las que no debemos obviar tres líneas de reflexión como son: políticas que favorezcan un cambio en la tendencia demográfica (sustentada en medidas de apoyo a la natalidad y a una inmigración que derive en una integración plena y estable), el estímulo a sistemas de planificación privada (asentados con una política fiscal que favorezca dichos instrumentos) y el ajuste de parámetros como la tasa de reemplazo o incluso la propia edad de jubilación.

En cuanto a los sistemas privados de previsión, parece razonable y recomendable poder complementar el sistema público con un sistema de aportaciones a planes privados. Actualmente, el número de españoles que tienen un plan de pensiones privado, según Inverco, es de unos ocho millones y el importe medio del patrimonio por partícipe está por debajo de los 8.000€, datos ambos significativamente inferiores a los de países de nuestro entorno. Es necesario replantear la fiscalidad, tanto de las aportaciones como de las prestaciones, propiciando estímulos fiscales progresivos, que incentiven a las rentas más bajas, que son las que más dificultad tienen en poder hacer aportaciones, sin perjuicio de mantener las de las medias/altas.

Propuestas

Otras de las posibles propuestas pasan por posibilitar de forma voluntaria el incremento de la tasa de actividad para los mayores de 65 años. A cierre de 2017, solo un 2,1% de los mayores de 65 años trabajaba o estaba dispuesto a hacerlo. En España, esta tasa es de las más bajas entre los países de nuestro entorno, por lo que sería conveniente en determinados sectores de actividad. y siempre de forma voluntaria, ampliar la edad de jubilación y establecer mecanismos mixtos de bonificación fiscal, que permitan mantener las propias cotizaciones y reducir las prestaciones.

En cuanto a la tercera posible solución, se hace necesario poder activar políticas que ayuden a revertir esta tendencia en la pirámide poblacional y que pasan necesariamente por generar iniciativas de apoyo a la natalidad o que favorezcan una inmigración inclusiva e integradora, en la línea de lo que pronostican algunos expertos como Stephen Smith, quien augura una inmigración en Europa de entre 150 y 200 millones de personas del continente africano en los próximos 30 años, frente a los nueve millones que hay hoy en día. Y es que África es un ejemplo de continente con una pirámide poblacional cuasi invertida a la española, donde el 40% de sus habitantes tiene menos de 15 años. Mientras Europa envejece, otros continentes que denominamos emergentes,sostienen ratios de natalidad muy superiores.

En definitiva, el SPP está claramente en cuestión y supone y va a representar uno de los mayores desafíos en los próximos años, que debemos gestionar de forma perentoria. Por todo ello, es necesario repensar y cuestionar propuestas que deriven en soluciones asumibles, que requieren de un acuerdo entre todos los agentes sociales y siempre desde un prisma de largo plazo. Por tanto, ¿por qué no nos ponemos a ello cuanto antes en aras de conciliar acuerdos que anticipen soluciones reales y factibles, para poder cumplir con lo que establece la Constitución, es decir, que las pensiones sean un derecho real y sostenible?.

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