Son ya muchos los años en que Feria València está en el ojo del huracán como consecuencia de las obras de ampliación que acometió a principios de siglo y que provocaron una multimillonaria deuda. La pretensión era que fuera devolviendo el dinero gracias a sus beneficios. Una ilusión. La Generalitat se quedó como avalista y en realidad ha sido la que ha estado haciéndose cargo de la deuda sin obtener nada a cambio, en un proceso, ejecutado en los tiempos del PP, endiablado porque resultaba que la naturaleza jurídica de la entidad digamos que es híbrida y el Ayuntamiento de València, propietario de los terrenos e inmuebles donde desarrolla su actividad la institución, así como de la concesión, nunca puso ni un euro en el proyecto.
La Gran Recesión de 2008 frenó en seco la actividad de la institución y obligó a reformular el modelo ferial, un proceso que se inició en la última legislatura de los populares en la Generalitat y el ayuntamiento, con Alberto Fabra y Rita Barberá al frente de ambas, pero fue una propuesta insuficientemente trabajada que obligó a los nuevos gestores de las dos administraciones, dirigidas desde 2015 por socialistas y Compromís, a seguir en la brecha y dar un cambio de rumbo. El proceso ha sido de tal complejidad que seis años después sigue sin estar cerrado. Aunque los tiempos apremian. La crisis del coronavirus ha provocado la parálisis casi total en Feria València, sin ingresos y con la mayoría de sus trabajadores en ERTE, y es necesario dotarla ya de una nueva identidad para hacerla viable y que siga, como desde hace más de un siglo, acompañando e impulsando a la economía valenciana.
Como en tantos momentos del último lustro, la clave sigue siendo todavía encontrar la fórmula para quitar de Feria València la losa de 474 millones de euros que le impide respirar. La deuda de sus obras alcanzó los mil millones, pero la Generalitat ya se ha hecho cargo de más de la mitad. También se ha subrogado el resto, después de una labor casi detectivesca, como la calificó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, de identificación y contacto con los titulares de una emisión de bonos de 227,5 millones que estuvo en la base de la financiación de las obras. Todo ese proceso se ha completado, pero la Generalitat mantiene con la institución una cuenta acreedora por los citados 474 millones que podría condenarla a la disolución. No quiere la administración autonómica tener problemas legales a posteriori y, para ello, ha logrado ya la cesión, mediante una mutación demanial, de los inmuebles por parte del Ayuntamiento. Un paso indispensable pero al parecer insuficiente. La conselleria de Economía, mientras tanto, ha presentado una propuesta de modelo de futuro por el que la Feria se regiría, como la Cámara, por la figura de la corporación de derecho público. El problema es que esa figura no pretendía resolver la cuestión clave de la deuda y Hacienda está ahora analizando si es posible que, con la misma, se pueda ‘levantar’ la cuenta acreedora. Si no fuera así, la entidad sería inviable.
Morata considera que el comité ejecutivo debe estar regido por empresarios
Este es el estado de la situación -difícil- de Feria València y el contexto en el que se desarrolló el pasado lunes un debate, organizado por la Cámara de Comercio de València y el diario Levante-El Mercantil Valenciano, sobre el futuro de la institución, en el que participaron empresarios y responsables políticos moderados por el director de Relaciones Institucionales del citado rotativo, Julio Monreal. El conseller de Hacienda explicó que su departamento ha solicitado una prórroga para poder estudiar con detalle la propuesta de Economía y, en concreto, «ver si la cuenta acreedora se puede resolver con esa figura jurídica». Soler dejó claro que, si Feria València pasara a formar parte del sector público instrumental, el problema de la deuda estaría resuelto de forma inmediata, pero no es el caso y ahora de lo que se trata es de ver si lo soluciona la figura de la corporación de derecho público. El político socialista afirmó que la solución definitiva surgirá del «consenso» con la conselleria de Economía, que tiene la tutela formal sobre las instituciones feriales valencianas.
Su titular, Rafa Climent, de Compromís, aseguró que en el largo período en el que Hacienda ha estado desmadejando el ovillo de la deuda, el departamento que él dirige «no se ha estado quieto». De ahí la propuesta de la corporación de derecho público, una fórmula que, en su opinión, «es idónea», no solo como paraguas para resolver la cuestión de la deuda, sino porque se trata de una opción -«no hemos cambiado el discurso», puntualizó al respecto- que garantiza «el control público y la gestión privada» de la nueva Feria València, que, de esta forma, también podrá firmar contratos o convenios con operadores del sector o crear empresas mixtas «para ayudar a llenar el recinto todo el año». El conseller de Economía recordó que el futuro al que se enfrentan las ferias, una vez pasada la crisis generada por la covid, estará marcado por el mundo de la digitalización. «La inteligencia artificial debe formar parte del futuro ferial y debemos tener un modelo atractivo para las empresas en el ámbito internacional». Climent recordó que el de Feria València es «un proyecto de Consell en el que hemos ido juntos y en el que los empresarios deben estar en la toma de decisiones» cuando la nueva institución sea una realidad.
En relación con esto último, el presidente de la Cámara de Comercio de València y anfitrión del acto, José Vicente Morata, destacó que las «ferias no están acabadas como se ha hecho creer en algunas ocasiones. Tienen futuro. Son un motor económico y social, pero lo que hace falta es una gestión profesionalizada, con instrumentos flexibles y enfocados al cliente y, para ello, se necesita un comité ejecutivo regido por empresarios». En este sentido, recordó que en la Fira de Barcelona, que elevó sus ingresos en cien millones entre 2013 y 2019 y que «ha presentado, como la madrileña Ifema, proyectos para impulsar las economías regionales, es así y los propone la Cámara de Barcelona. Esa es mi propuesta», aunque los nombramientos deben ser consensuados con la patronal autonómica CEV y la Generalitat.
Climent dice que el modelo de Economía garantiza el control público y la gestión privada
En esa misma línea se expresó el vicepresidente primero de la Cámara y expresidente de la patronal del mueble y la madera Fevama, Vicente Folgado, quien apuntó que «el nuevo modelo» jurídico de Feria València «es importante, pero la gestión del día a día de los certámenes es lo que nos va a permitir funcionar y los empresarios deben estar en los órganos de gobierno», aunque «también hay que implicar al entorno», como el transporte o los taxistas, por ejemplo.
La presidenta de la patronal autonómica CEV en Valencia, Eva Blasco, aseguró que dicha organización no entra a debatir sobre la fórmula final por la que se regirá Feria València, porque esa decisión corresponde al Consell, «pero sí pedimos que esté vinculada a la actividad privada en la gestión».
En una línea muy parecida se expresó el presidente del certamen Textilhogar, José Ramón Revert, aunque se mostró más incisivo. Afirmó que los empresarios quieren que la Generalitat «asuma la deuda ferial con la fórmula que sea, pero poniéndose las pilas. Nos parece bien el control por parte de la Generalitat pero con una gestión privada y ágil». Revert se abonó a las tesis de Morata y reclamó un comité ejecutivo «dirigido por los empresarios» y exigió a los responsables políticos lo siguiente: «Déjennos gestionar la Feria. Sabemos cómo atraer expositores». Y añadió que no le «preocupa el tamaño del recinto, sino llenarlo. Los empresarios debemos buscar a los mejores profesionales de ferias del mundo» para que la institución ocupe el lugar que le corresponde entre las grandes firmas del sector, una condición que desempeñó, ciertamente, en los años ochenta y noventa del siglo pasado.
El presidente de Maderalia, Francisco Perelló, indicó que «los empresarios sabemos mucho de deuda. La de la Feria nos preocupa, pero nos felicitamos de que ahora se llegue a una solución, porque necesitamos que la institución se ponga en marcha. Las demás ferias con las que compite València, como las alemanas o las italianas, no han perdido el tiempo en esta pandemia y están preparando proyectos de futuro. Veremos ferias diferentes», añadió en referencia a los cambios que van a comportar las nuevas tecnologías. En su opinión, «la gestión de ahora y sus resultados» -se entiende que hasta que llegó la pandemia y lo paralizó todo- «son muy buenos y hay que seguir por ahí».
Inversión
Precisamente, el director general de Feria València, Enrique Soto, quien calificó de «error» no haber considerado como una inversión similar a la de un hospital la de la ampliación de la entidad, por el retorno que tiene en la sociedad y la economía, aseguró que es esencial dar mayor uso a un recinto de 230.000 metros cuadrados, de los cuales 126.000 los ocupa su mayor certamen: Cevisama. O sea, mucho espacio y mucho vacío a lo largo del año, como coincidieron varios de los asistentes al encuentro. Soto cree que para llenar los pabellones «el sector privado puede jugar un papel importante», sobre todo mediante los eventos añadidos que puedan traer los operadores especializados del sector.
Por su parte, el presidente de Cevisama, Manuel Rubert, abogó por despolitizar la institución ferial y por «tratar de hacer lo máximo para llenar el recinto todo el año, pero con la economía valenciana no basta para lograrlo». El máximo responsable del mayor certamen que organiza la institución, el de la cerámica, cree importante «hablar bien de la Feria» y evitar, por tanto, los efectos negativos de la mala imagen que ha dado la entidad en los últimos años por sus reiterados problemas: «Por favor, acabemos esto cuanto antes. No hagamos política».
Las últimas intervenciones empresariales hicieron que los consellers presentes se sintieran aludidos y ambos quisieron precisar su posición en este proceso. Vicent Soler y Rafa Climent coincidieron en afirmar su voluntad por dar un futuro lo más rápido posible a la institución, pero también dejaron claro que las obras de ampliación de esta generaron una deuda de mil millones que al final ha recaído sobre los hombros de los cinco millones de valencianos y ellos, como represantes del ámbito público, deben velar por ese interés general y por que todo el proceso se rija por la legalidad.
Hecha la precisión, el debate se dirigió hacia su ocaso no sin antes detenerse a analizar cómo lograr un mayor rendimiento del recinto.
El presidente de la Cámara puso sobre la mesa la necesidad de coordinar la institución con otras infraestructuras de la ciudad, como el Palacio de Congresos, para atraer grandes eventos para cuatro o cinco mil personas, pero también conciertos. «Ahí es donde entra el socio estratégico», dijo. Vicente Folgado, por su parte, abogó por intensificar la labor comercial para lograr «una mayor visibilidad exterior de la feria» y por la colaboración público-privada, que en su opinión tan bien ha funcionado en los institutos tecnológicos. Enrique Soto, por su parte, cree que las ferias del futuro serán híbridas -presencial con virtual- pero precisó que «el cara a cara no tiene rival hoy por hoy y no parece que vaya a cambiar en el corto plazo», por lo que el negocio de las ferias tiene aún mucho recorrido.
Bernabé: "Debe servir a la ciudad"
Un casi ya resuelto percance de salud de última hora impidió a Pilar Bernabé, teniente de alcalde de Modelo Económico del Ayuntamiento de València y vicepresidenta de la institución ferial, asistir al encuentro organizado por la Cámara y este diario. Dos días más tarde, la política socialista expresó la posición del consistorio sobre el futuro de la empresa. Bernabé destacó en primer lugar la contribución del consistorio para «desatascar» la situación a partir de la mutación demanial por la que ha traspasado los inmuebles a la Generalitat. A partir de ahí, aseguró que ahora corresponde a la conselleria de Economía buscar la fórmula «adecuada» que garantice el futuro de la institución ferial: «Confiamos en que la Generalitat encontrará la mejor fórmula» en el ámbito público o privado para que la entidad desarrolle su actividad de forma eficiente. «Lo que sí vigilaremos es que la opción elegida sea beneficiosa para la Feria, la ciudad y Benimàmet», la pedanía donde se ubica la institución. Lo que también dejó claro es que las ferias del siglo XXI «deben cumplir otras misiones que no sean estrictamente las de muestrario, sino que también deben atender negocios relacionados con la innovacióny el desarrollo tecnológico que también sirven de apoyo a los certámenes y las empresas».
