Promotores y constructores reclaman a la Administración medidas para que los jóvenes puedan acceder a la compra de viviendas. El que debería ser el principal nicho de mercado de las inmobiliarias ha colapsado porque los jóvenes no disponen de ahorros para hacer frente a la entrada. La banca solo financia el 80 % del valor del piso y el 20 % restante (al que hay que sumar los gastos de la transacción) se ha convertido en una barrera infranqueable para miles de jóvenes valencianos. Hoy por hoy es más económico hacer frente a las cuotas de una hipoteca que a las rentas del alquiler, pero la mayoría de los jóvenes no tiene capacidad de ahorro (por los bajos salarios y el alto coste de los arrendamientos). Hace veinte años era posible comprar un piso en València por 60.000 euros, lo que permitía acometer la inversión con unos ahorros de 15.000 euros. Los pisos en la capital del Túria cuestan ahora de media 200.000 euros por lo que la entrada ronda los 50.000 euros. Los promotores reclaman que la Administración avale a los jóvenes por el 20 % que no da el banco, pero a nivel nacional el Ministerio de Economía no quiere y a nivel autonómico la Generalitat no puede por cuestiones legales (el Instituto Valenciano de Finanzas no está autorizado para avalar a personas físicas). Banco Santander explora una solución intermedia.
La entidad que preside Ana Patricia Botín acaba de anunciar una hipoteca dirigida a mil jóvenes (de momento es una experiencia piloto) con una financiación de hasta el 95%. El requisito es aportar un aval personal que se extinguirá a los 5 años desde la concesión de la hipoteca, según precisa la entidad. El sector inmobilario se enfrenta a un gran problema porque históricamente los jóvenes que necesitan acceder a su primera vivienda eran su principal cliente. Pedro Villa, consejero delegado de la promotora valenciana Urbitra y miembro de la junta rectora de la Asociación de Promotores y Constructores de España, advierte de que desde 2017 las viviendas que se están vendiendo son del mercado de reposición (integrado por las personas que ya tienen una casa y la cambian para mejorar). «El mercado de reposición es muy limitado y yo creo que hay una sobreoferta de ese tipo de pisos. Existe una bolsa importante de compradores que tienen capacidad para hacer frente a las cuotas hipotecarias, pero no pueden ahorrar el 20 % que no concede la banca. Esa bolsa está ahí y no somos capaces de darle respuesta», lamenta Villa. El promotor valenciano asegura que el Ministerio de Transporte, Movillidad y Agenda Urbana sí es partidario de articular un sistema de ayuda con avales públicos, pero «el Ministerio de Economía no está por la labor. Economía advierte de que solo ayudará a los colectivos vulnerables». Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, recuerda que los bancos están obligados por ley a no conceder más del 80 % del valor de tasación, lo que supone una barrera infranqueable para miles de jóvenes. Fuentes bancarias explican que el 20 % que no se concede es para cubrir todos los gastos en los que incurre una persona que deja de pagar la hipoteca desde el principio y pierde el piso. Díez indica que según una investigación del Instituto Valenciano de la Juventud «solo el 17 % de los menores de 30 años tiene capacidad para emanciparse y la mayoría se va de alquiler. Sin ahorros es imposible comprar nada. El problema es que un joven debería tener un sueldazo para ahorrar».
En este contexto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propuso la semana pasada utilizar parte de los fondos europeos de reconstrucción para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda con la emisión de avales que cubran el 20 % de su valor. La patronal respalda un Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes en el que colaboren el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras y que emule la línea de avales presentada por el Gobierno de Murcia. El Ejecutivo murciano avalará la entrada para la compra a través del Instituto de Crédito de Finanzas de la Región de Murcia (Icref). La Administración regional solo destinará un millón de euros a esta nueva línea de avales para facilitar el acceso de los jóvenes, aunque se ha comprometido con los promotores a incrementar la partida si es necesario. La federación de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la Comunitat Valenciana Feprova ha pedido a la Generalitat que copie el sistema de ayudas murciano. El objetivo es que la Generalitat cubra con un aval la parte de la hipoteca desde el 80 % al 100 % de 15.000 viviendas adquiridas por menores de 35 años o familias numerosas. Los promotores valencianos inciden en que la construcción de 15.000 viviendas generaría 36.000 empleos y permitiría recaudar 386 millones de euros. Sin embargo, la Generalitat no está por la labor y, además, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no puede conceder avales a personas físicas. Manuel Illueca, director general del IVF, subraya que la propuesta murciana de avalar con un millón de euros «no da para nada». Un cálculo rápido permite comprobar que el programa de Murcia beneficiará como mucho a medio centenar de compradores. Illueca es más partidario de destinar las ayudas a programas de impulso de vivienda pública en régimen de alquiler para jóvenes. «La mejor opción es que la Administración promueva el alquiler social», sentencia.
El sector privado sí ha comenzado a mover ficha. Banco Santander (a través de SmartBank) ha lanzado una nueva hipoteca joven dirigida a 1.000 clientes de hasta 35 años que contempla la financiación de hasta el 95 % de la vivienda. Para conseguir la hipoteca, es «necesario aportar un aval personal que se extinguirá a los 5 años desde la formalización» del crédito·. Fuentes de la entidad precisan que es una experiencia piloto. Otras entidades como CaixaBank no se plantean de momento la medida.
