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Emergencia digital: los retos de la sociedad que viene

La lista de prioridades incluye el empleo, la exclusión, la ética de los datos y el clima

De izquierda a derecha: Una persona ante un control de reconocimiento facial en Israel | Archivo. Un centro de datos de Google | Archivo. Una cámara de videovigilancia en Londres |  Reuters / Luke MacGregor. Un ‘rider’ de Glovo en Barcelona | Ange Garcia

De izquierda a derecha: Una persona ante un control de reconocimiento facial en Israel | Archivo. Un centro de datos de Google | Archivo. Una cámara de videovigilancia en Londres | Reuters / Luke MacGregor. Un ‘rider’ de Glovo en Barcelona | Ange Garcia

El mundo ha entrado en los prometidos felices años veinte del siglo XXI asediado por múltiples emergencias como la sanitaria, la climática o la económica. Más allá de nuestras fronteras físicas también afrontamos el reto digital de transformar nuestras sociedades sin que la omnipresente revolución tecnológica instrumentalice o subordine a la ciudadanía. El llamado humanismo tecnológico, situar el bienestar humano como principio que rija del futuro digital, es una de las claves de esta era. Pero de ahí emanan no pocos desafíos.

En diciembre, un panel de más de cincuenta expertos nacionales e internacionales reunidos por Digital Future Society (DFS), el proyecto impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona, elaboró una lista de grandes prioridades digitales que administración pública, empresas, academia y sociedad civil deben abordar cuanto antes. Esos desafíos giran en torno a cuatro ejes clave: la gobernanza de datos, la brecha digital, el futuro del trabajo y el rol de la tecnología en la emergencia climática.

A continuación reflexionamos para desgranar detalladamente esas problemáticas tecnológicas que afectan y condicionan nuestra sociedad:

Desde hace años vivimos inmersos en una revolución tecnológica que ha transformado el modelo económico y social, una revolución en la que los datos son la nueva materia prima. Desde que Google fue, hace casi dos décadas, pionera en alimentarse de la huella digital que dejaban sus usuarios para saber más de ellos y mejorar su motor de búsqueda, el modelo se ha extendido y convertido en norma.

La ya consolidada economía de plataformas no se entiende sin ese extractivismo: los datos que generas inconscientemente con tu actividad en Internet sirven para crear perfiles que después se venden a anunciantes, que lo usan para lanzarte sus mensajes. La aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) a ese gran volumen de datos permitió ir más allá y realizar cálculos para predecir y afectar nuestro comportamiento futuro.

Ese modelo ha levantado ampollas por su tensa relación con nuestra privacidad y la consecuente vulneración de nuestra autonomía y libertad. La socióloga Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School y autora del libro ‘La era del capitalismo de la vigilancia’, ha descrito ese potencial de manipulación que ostentan gigantes como Facebook, Amazon o Google como un «golpe de Estado desde arriba».

Frente a ese escenario, uno de los grandes retos de nuestra era será la regulación de la protección de datos a escala global. Ahí, la Unión Europea (UE) está asumiendo el liderazgo. En 2016 puso en marcha el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aunque pionera, la ley tiene obstáculos. «No hace falta más legislación, sino medidas para que realmente se implemente», señala Manuela Battaglini, consejera delegada de la consultora Transparent Internet y experta en ética de los datos. «A las grandes tecnológicas les compensa pagar la multa y seguir incumpliendo las leyes».

El pasado abril la UE también presentó la primera ley del mundo que regula el uso de la IA. Los expertos aplauden la iniciativa, pero alertan del riesgo de que no se incluya la aplicación de la tecnología en el campo de la salud y que su carácter punitivo no atraiga la inversión. «Para diferenciarse del modelo de Estados Unidos y China, la UE debe centrarse en una innovación más transparente y ética», apunta Battaglini.

Y es que el uso de algoritmos —complejas fórmulas matemáticas— para agilizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos y automatizar decisiones puede tener el riesgo de amplificar sesgos racistas, machistas o de clase ya presentes en la sociedad. Virginia Eubanks ha documentado cómo la aplicación de algoritmos en los servicios de asistencia social, en el sistema judicial y en la vigilancia de barrios ha servido para castigar a los pobres. En los Países Bajos ese sistema expulsó de las ayudas públicas a casi 30.000 familias humildes y de origen inmigrante, un escándalo que tumbó el Gobierno.

«En lugar de amplificar la discriminación debemos usar la tecnología para favorecer a los colectivos minoritarios tradicionalmente perjudicados por las instituciones», señala Carina Lopes, directora del think tank de DFS. Battaglini coincide en ese enfoque, pero apunta que las leyes europeas no se centran en los grandes problemas de desigualdad. «La regulación no favorece que haya sentencias sobre algoritmos», señala, incidiendo en que desde la perspectiva ética se defiende no regular la tecnología, «sino los problemas que produce».

Otro de los retos del futuro en ese uso de los datos es la configuración de las llamadas ‘smart cities’ o ciudades inteligentes. Desde el ecosistema empresarial la digitalización y datificación de las urbes se ve como una oportunidad para fomentar una movilidad más sostenible y conectada y una gestión pública más eficiente. «Para tomar decisiones se necesitan datos, el reto es usarlos manteniendo su privacidad», explica Miquel Martí, director general de Barcelona Tech City. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) advierten de que está sirviendo como «excusa» para implantar tecnologías de vigilancia más restrictivas.

Emergencia climática

La sucesión de escándalos de privacidad ha hecho que la ciudadanía cobre conciencia sobre el impacto personal y social de ese modelo de negocio digital. El entusiasmo con las plataformas ha dejado paso al escepticismo. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. «Con la pandemia la gente se ha preocupado más por el uso que se hace de sus datos, pero debemos seguir fomentando un mayor pensamiento crítico», remarca Cristina Colom, directora de Digital Future Society.

En 2005 la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) reconoció a Internet como recurso mundial que requería de una gestión multilateral, transparente y participativa. Sin embargo, en Internet el poder se concentra en unos pocos gigantes tecnológicos, que viran hacia una tendencia oligopolística que distorsiona el mercado y que también es una de las preocupaciones de nuestra era. Ante la dependencia de esas compañías estadounidenses, Battaglini aboga por una «gobernanza pública del ciberespacio». «Internet es una infraestructura crítica, pero a diferencia de otras como las carreteras no está controlada de manera democrática», lamenta. «O hay un cambio de modelo o las plataformas seguirán diciendo a los gobiernos qué hacer».

En ese marco, una de las grandes brechas que atraviesa la sociedad digital es la desigualdad en el acceso a Internet. En España, las grandes ciudades aceleran su digitalización mientras áreas rurales y barrios pobres se convierten en puntos muertos. «Si no diseñamos un sistema tecnológico más inclusivo magnificaremos esos sesgos sociales», alerta Colom. El despliegue de la red 5G puede ser clave para solventar algunas de las limitaciones al acceso a la red.

Más allá de la desigualdad de clase, una de las brechas que más afectan la inclusión digital es la de género. «Faltan mujeres en los altos cargos tecnológicos, en la toma de decisiones, en los equipos de programación y falta que las aplicaciones se diseñen con perspectiva de género», apunta Lopes.

La experta también señala el urgente reto de digitalizar las pymes, que van «con mucho retraso» y son clave para la economía española, pues representan hasta el 28% del tejido productivo. El auge de los ciberataques durante el último año pone de relieve la necesidad de las pymes de adaptarse al entorno digital reforzando su protección.

La pandemia ha sacado a flote los cambios que la tecnología ha causado en el trabajo. Sin embargo, la asimetría de poder causada por el capitalismo de plataformas y la nueva economía digital es un problema que se arrastra desde antes. En España un 18% de la fuerza laboral ha hecho de ‘rider’ para empresas como Glovo, ha trabajado de repartidor para Amazon o ha sido fichado por el sector de los cuidados. En Europa un 11% depende de los ingresos de estas plataformas.

Es por eso que, apunta Lopes, «hay que regular la relación laboral de los empleados de plataformas digitales». Su modelo de falsos autónomos amenaza los derechos de los trabajadores. Pero los expertos también señalan otro riesgo: la automatización mediante algoritmos de la selección de personal. Aunque la nueva ‘Ley Rider’ aprobada en mayo obliga a esas plataformas digitales a informar a los sindicatos de cómo funciona la toma de decisiones algorítmica para detectar si la tecnología incurre en errores sesgados, las empresas «se escudan en la ley de la propiedad privada para no hacer pública esa información». Ese choque legal «será un debate candente en los próximos años», vaticina Lopes.

Por último, aunque no menos urgente, los expertos de DFS llaman a fomentar la aplicación de nuevas tecnologías como la IA o el 5G para reducir el impacto del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. Ante la preocupación por la huella climática de algunas tecnologías, ponen como prioridad el desarrollo de sistemas verdes así como el impulso de la economía circular, que hace del reciclaje de los materiales la clave para una producción sostenible con el planeta. Ahí, Europa también está marcando el debate global. Pero queda mucho trabajo por hacer. Y es que, como remarca Lopes, la emergencia climática supedita todos las otras preocupaciones y retos para construir la sociedad del futuro: «No habrá transición digital justa si no se habla del cambio climático, porque este volverá a afectar a los colectivos más vulnerables».

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