Todo está interconecado, como aquello del aleteo de una mariposa. A veces, incluso lo más insospechado. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema judicial «determina parcialmente el comportamiento de la productividad» e «influye en que una economía pueda crear riqueza en el largo plazo». Así se expresa el economista Juan Mora-Sanguinetti en un artículo sobre «Justicia y economía: La eficiencia del sistema judicial en España y sus impactos económicos» publicado esta semana por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
El autor destaca, dentro del marco institucional, el papel que juega «la justicia (y, en general, los mecanismos de ejecución) en tanto que cumple la doble función de disciplinar la contratación privada y de generar una barrera contra los riesgos de expropiación». Dice Mora-Sanguinetti quehay múltiples maneras de medir la eficiencia de un sistema judicial, pero destaca como esencial la de analizar la lentitud para resolver un conflicto además de la congestión. En relación con esto, recuerda que, en la jurisdicción civil, en 2019 hubo alrededor de 2,4 casos no resueltos por cada uno que sí lo fue en el sistema judicial español, por debajo de la media del periodo iniciado en 2008. En 2019 se necesitaban 285 días para resolver un proceso contencioso civil frente a los 261 de la etapa mencionada y que arranca de la Gran Recesión. Alicante y Castelló en congestión y la Comunitat Valenciana, en su conjunto, en ineficiencia judicial, se encuentran entre los territorios con peores registros al respecto.
El artículo analiza los impactos que el funcionamiento de la justicia tiene en diversos ámbitos de la economía española. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario. En este caso, «en presencia de un sistema judicial ineficaz y, por tanto, en virtud de acuerdos contractuales poco controlados, algunos inquilinos podrían decidir incumplir sus obligaciones contractuales», como el pago de la renta, lo que provocaría «una reducción de los beneficios de los propietarios» y que «algunos» de estos decidieran abandonar el mercado del alquiler. Según el autor, «un aumento de un punto en la tasa de congestión judicial en las ejecuciones civiles aumentaría el peso de la propiedad en alrededor de 0,14 y 0,16 puntos porcentuales . Así, Madrid perdería alrededor de 3.400 viviendas en alquiler», Barcelona otras 3.100 y València, 1.400.
Pero hay más. En cuanto al emprendimiento, el documento de Funcas asegura que «si la provincia española con peor eficacia judicial mejorara hasta alcanzar el rendimiento de la mejor, el aumento relativo de la tasa de entrada de emprendedores oscilaría entre el 5 % y el 7 %». Asimismo, apunta que si se redujera en diez puntos porcentuales la tasa de congestión judicial en la fase declarativa «podría observarse un incremento medio de la tasa de inversión empresarial de 0,1 puntos porcentuales». Aquí, el texto dice que, «si Alicante tuviera la eficacia judicial observada en Álava, la inversión» en la primera aumentaría en 0,8 puntos, similar al efecto que tiene un aumento de 10 puntos en los flujos de efectivo sobre el nivel de inversión.
