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Freno a los abusos inmobiliarios

Los jueces y el ministerio de consumo limitan las cláusulas abusivas que imponen algunas inmobiliarias a sus clientes

Edificios de viviendas en la plaza de España de València.

Los jueces, el Ministerio de Consumo y las organizaciones de consumidores están plantando cara a las «comisiones abusivas» y las condiciones «leoninas» que imponen algunas inmobiliarias cuando alquilan o venden un casa. Las comisiones que cobran los profesionales inmobiliarios pueden llegar al 8 % del coste de compraventa de la vivienda y en el caso de los alquileres se están reclamando hasta cinco meses de adelanto cuando por leyúnicamente se puede exigir uno. Además, la Audiencia de Valencia ha anulado en al menos dos casos una cláusula introducida en la hoja de visita que obligaba al comprador a abonar una comisión pese a haber cerrado la operación por su cuenta. Las inmobiliarias aseguran que son casos puntuales y restan importancia a las medidas adoptadas por los jueces y el Gobierno, y las organizaciones de consumidores animan a compradores y vendedores a extremar la cautela y no firmar compromisos de compra.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, informó la semana pasada a las organizaciones de consumidores que el Ministerio se había puesto en contacto con inmobiliarias y portales online de alquiler de viviendas para notificarles su preocupación por «la creciente inclusión de cláusulas abusivas en los contratos» de arrendamiento. En su comunicación, el Ministerio que dirige Garzón señaló que se están incorporando cláusulas en los contratos que podrían vulnerar la ley de Arrendamientos Urbanos y que incluyen «exigencias de fianzas desproporcionadas que llegan hasta los cinco meses, garantías adicionales (como avales bancarios equivalentes a una anualidad de la renta) y mensualidades adelantadas contrarias a la norma», según puntualizó por medio de un comunicado el Gobierno.

Miryam Vivar, abogada y portavoz de la organización de consumidores OCU, explica que, «al tratarse de contratos entre particulares, su declaración como abusivos tendrá que sustanciarse mediante procedimiento judicial, cuestión que el Ministerio de Consumo pretende evitar. Por ello, ha pedido a inmobiliarias y portales online que ejerzan su labor de intermediación para disciplinar al mercado del alquiler y evitar prácticas que supongan una barrera para el acceso a la vivienda». Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, reconoce que legalmente la fianza que pueden cobrar para alquilar una vivienda «es de un mes. El caso es que hay inmigrantes que vienen con ahorros de su país y están dispuestos hacer un pago anticipado de la renta. Eso es absolutamente legal. Nosotros estamos en contra de las cláusulas abusivas, pero en algunos supuestos se admiten esos adelantos». Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), considera que el toque de atención del Ministerio de Consumo es «injusto». 

Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, lamenta que en el caso de los alquileres sí han detectado «cláusulas abusivas y denunciables. Lo que tiene que quedar claro es que solo se pueden denunciar en los organismos de defensa del consumidor cuando el alquiler se hace directamente con la inmobiliaria. Cuando se hace entre particulares sin la intermediación de una agencia hay que ir al juzgado».

Hoja de visitas

Un segundo problema es el cobro de una comisión al comprador solo por enseñar un piso. La Audiencia de Valencia está declarando nulas las cláusulas de los honorarios de las inmobiliarias al estimar que la firma del parte de visitas no da derecho a cobrar una comisión al comprador de la vivienda. En las últimas semanas han salido sentencias en este sentido de la sección sexta y la octava. El despacho valenciano Cidoncha Abogados ganó el primer caso en julio. David Cidoncha precisa que la inmobiliaria reclamaba 12.100 euros a su cliente por mostrarle un piso en València que finalmente compró por su cuenta al llegar directamente a un acuerdo con el comprador. La inmobiliaria defendía que la mujer había firmado la hoja de visitas que incluía un cláusula que le obligaba a pagar la comisión si finalmente adquiría la vivienda. «Esa cláusula es abusiva porque no se ha negociado entre las partes. Mi cliente no tenía una relación contractual con la inmobiliaria ya que la agencia se limitó a mostrarle la vivienda». La portavoz de OCU coincide con Cidoncha en que una visita no genera un compromiso contractual para «ninguna de las partes intervinientes y por tanto no puede ser objeto de contraprestación. Es como si cobrasen en una tienda por probarse ropa que finalmente no se compra».

Fuentes judiciales admiten que en el sector inmobiliario impera «la ley de la selva» y defienden que hace falta una regulación que dé más protección a los consumidores. «La firma de una hoja de visitas no da derecho a la agencia a cobrar al comprador un 3 % de comisión. Tiene que haber un acuerdo previo entre la agencia y el comprador», apuntan.

Un tercer problema son las comisiones desorbitadas. No hay un porcentaje exacto. Algunas inmobiliarias cobran el 3 % si el precio del piso es alto y un 7 % si es bajo. El comparador de productos bancarios ‘Help my cash’ ha comprobado que algunas agencias inmobiliarias llegan a cobrar el 8 %.

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