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Créditos ICO: La pandemia pasa factura en el peor momento

Las empresas valencianas obtuvieron más de 13.500 millones a través de estos préstamos. el plazo de carencia acaba en abril y la guerra complica su amortización

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La pandemia por fin parece estar remitiendo tras dos largos ejercicios de crisis sanitaria. Una crisis que obligó a las administraciones a desplegar toda su artillería en forma de ayudas públicas para evitar una cascada de cierres empresariales tras el confinamiento, pero todavía hay que pagar la factura de algunos de esos salvavidas lanzados por Bruselas, Moncloa y Consell. Termina la fiesta pero queda pasar la resaca, que en esta ocasión se presenta en forma de amortizaciones de los miles de préstamos solicitados desde marzo de 2020 y que en gran parte comienzan a vencer ahora, tras dos años de carencia.

Al margen de las subvenciones directas, las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por la Generalitat a través del Institut Valencià de Finances (IVF) se han erigido como las herramientas más ágiles para insuflar oxígeno a las maltrechas cajas de las empresas. Pero ahora llega el momento de saldar deudas y la coyuntura no ayuda. El estallido de la guerra de Ucrania pospone una recuperación que marchaba por buen camino a tenor de todos los indicadores económicos y los agentes sociales ya piden poner en marcha toda una serie de medidas específicas para mitigar el impacto de un conflicto que, aunque más focalizado en sectores concretos, va a golpear con fuerza a muchas empresas que llegan sin recursos propios a esta nueva crisis tras dos años de pandemia.

Las firmas valencianas lograron más de 13.500 millones de euros de financiación en las más de 125.000 operaciones gestionadas a través de las dos líneas habilitadas por el ICO en abril de 2020, que pusieron 140.000 millones de euros a disposición de las empresas, según los últimos datos publicados al cierre de febrero de 2022 por el organismo. En un principio se fijó un período de amortización de cinco años y un año de carencia en el que solo se abonaban intereses. Pero al constatar que la pandemia y sus restricciones asociadas iban para largo, el Gobierno planteó la opción de extender el plazo de exención un año más y el de amortización hasta los 8 años. Así, a partir de abril miles de compañías tendrán que empezar a pagar esos créditos.

Son muchos los sectores que ya piden una nueva prórroga de estos plazos de carencia, pero desde el ICO señalan que es Bruselas la que maneja los tiempos y que, salvo modificación de la norma, la UE no permite extender las ayudas de Estado más allá del 30 de junio, lo que ata de manos a las administraciones estatales y autonómicas. No obstante, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha avanzado esta semana que el plan para mitigar las consecuencias de la guerra incluirá una nueva línea de avales ICO para garantizar la liquidez de la economía y se ampliará el vencimiento de los actuales préstamos con dicho aval a las empresas y autónomos más afectados.

Asimismo, el organismo crediticio señala que a la opción de moratoria, que era voluntaria, solo se acogieron el 43 % de las empresas, mientras el 57 % restante optó por no extenderlo y por tanto ya empezó a amortizar esa deuda en 2021. A este respecto, el director de Economía y Análisis de la CEV, Ricardo Miralles, señala que esas decisiones se tomaron en un contexto optimista que «ha cambiado radicalmente» por la guerra y «las que no pidieron la prórroga entonces tal vez ahora sí que la necesiten», por lo que reclama «ampliar los plazos marco que maneja la UE, vinculándolos a la guerra y ya no a la pandemia» y eliminar el requisito de justificar caídas de la facturación superiores al 30 %.

Asimismo, Miralles va más allá de dilatar la devolución de los préstamos y reclama la puesta en marcha de nuevas líneas, sobre todo para pymes y autónomos, que según defiende agotaron su partida de 65.000 millones. Con todo, asegura que lo «realmente urgente» son ayudas directas a fondo perdido, ya que «la recuperación se ha quedado a medias y no ha dado tiempo a que las empresas generen recursos propios para capear los efectos de la guerra», apunta. Y añade: «Si además tienen que amortizar créditos, eso va a acentuar la liquidez inversa de estos negocios porque ya no hay de dónde rascar».

El ICO no regionaliza la distribución de los avales solicitados por sectores de actividad, pero esa clasificación estatal refleja las actividades que sufrieron más por la covid. Así, de la línea «liquidez», dotada con 100.000 millones, más de un 18 % fue a parar a empresas turísticas, de ocio y cultura. El siguiente sector más financiado fue la construcción, con más de 13.000 millones.

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