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La venta a pérdidas azota a la agricultura

La Ley de la Cadena Alimentaria obliga desde hoy a las pymes de distribución a comprar por encima de los costes de explotación de los productos del campo

Manifestación de agricultores del pasado mes de marzo, en Favara. PERALES IBORRA

Hoy, 1º de mayo, día del Trabajo, entra en vigor uno de los cambios más relevantes incluidos en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria que afecta de lleno a agricultores y ganaderos. Entre otras modificaciones, el nuevo texto destaca el hecho de que los contratos deberán recoger el precio y el plazo de pago, que se fija en 30 días para productos frescos y 60 para no perecederos; se amplía la obligación de conservación de documentos relacionados con los contratos, incluyendo la correspondencia entre las partes, de 2 a 4 años; y establece la creación de un Registro digital de contratos alimentarios creado por el Ministerio de Agricultura, que se pondrá en marcha en 2023.

La novedad radica en que se obliga desde ahora también a las pymes del sector de la distribución, y no solo a las grandes, a comprar por encima de los costes de explotación de los productos del campo. Antes del 1 de mayo, todos los sectores que compraban alimentos tenían que haber adaptado a esta nueva norma los contratos firmados con otros intermediarios para la producción, distribución o comercialización de productos «siempre que el inicio de la relación comercial se produjera después del 16 de diciembre de 2021».

Ésa es la fecha en la que entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe vender a pérdidas -es decir, por debajo del precio de producción- aplicar ventajas o descuentos por pagos avanzados y fija sanciones que pueden variar desde los 250 a los 3.000 euros para casos leves. Y hasta un millón de euros para las infracciones más graves.

¿Qué ha ocurrido en estos seis meses ? Pues a tenor del balance que realizan los dirigentes de la Unió de Llauradors i Ramaders i AVA-Asaja, organizaciones mayoritarias en la Comunitat Valenciana, desde el primer día de su entrada en vigor, la norma impulsada por el Ministro de Agricultura, Luis Planas, «se ha incumplido sistemáticamente a pie de campo». Dicen que ha nacido muerta y seguirá siendo papel mojado mientras el propio Ministerio de Agricultura o el organismo público que considere no establezca los costes medios de producción por debajo de los cuales se prohiba vender al siguiente eslabón. «Mientras eso no ocurra, el productor permanece desprotegido y pierde hasta la camisa ante la posición de dominio de otros eslabones de la cadena que ganan mucho dinero a su costa», advierten los dirigentes agrarios a la hora de valorar estos primeros meses de aplicación de la ley.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, critica que la última reforma «sigue sin hacer hincapié en las importaciones procedentes de países terceros y en mecanismos de reciprocidad. Si no hay una vinculación, es una ley difícil de cumplir en situaciones de inestabilidad de los mercados», apunta. La prueba evidente de que la ley es inútil para el productor -resalta- son los bajos precios en origen y la incapacidad real de repercutir la escalada de costes de producción en esos precios que percibe, que se sitúan por debajo de los costes de explotación».

Precios por los suelos

El ejemplo más significativo se está produciendo en la comercialización de los cítricos. Así, la naranja ha registrado cotizaciones en origen que se han desplomado un 50% respecto a la campaña anterior (12 céntimos de euro por kilo de media, llegando incluso a 3 céntimos por kilo), a pesar de la subida de los costes de producción en un 30% (que se traduce en algo más de veinte céntimos por kilo).

También se sitúan por los suelos los precios en origen de otros cultivos mediterráneos. Es el caso del caqui, cuyos valores apenas repuntaron en la pasada campaña al situarse entre 20 y 30 céntimos por kilogramo a pesar del importante descenso de producción del 40% debido a las plagas, enfermedades y temporales de granizo. Los costes aumentaron por encima de 30 céntimos por kilo.

Por otro lado, la mayoría de ganaderos está vendiendo a pérdidas porque los precios de la leche y la carne no permiten cubrir unos costes disparados, principalmente por el encarecimiento del 25% de los piensos para alimentación animal. Tan sólo una cuarta parte del incremento del precio de la leche en los supermercados se traslada a los productores. Desde diciembre a marzo, el litro pasó en los puntos de venta de 79 a 84 céntimos, mientras que el precio base que cobra el ganadero por producirlo pasó de 31,4 a 32,6 céntimos, según los datos de finales de abril de Agromuralla. 

Denuncias en la AICA

La Unió de Llauradors ha enviado hace dos semanas un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura- para que investigue si se ha producido un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. La AICA tiene la capacidad legal de actuar a través del Programa General de Vigilancia de comprobaciones de oficio. Ante una situación como la que se ha producido a lo largo de esta campaña y que se ha acentuado en el transcurso de las últimas semanas, debería actuar.

El informe semanal de coyuntura publicado por el Ministerio de Agricultura certifica que, efectivamente, los precios que están recibiendo los agricultores españoles se aproximan a valores muy por debajo de los costes de producción. A juicio del secretario general de la Unió, Carles Peris, «esta situación para el productor podría suponer un incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria que exige que el precio que perciben los agricultores ha de cubrir, al menos, los costes efectivos de producción. Por tanto -insiste Peris-, es necesario que el órgano administrativo correspondiente investigue y clarifique qué es lo que está sucediendo y se sancione, en su caso, de acuerdo con el régimen sancionador legalmente establecido, a aquellos operadores que supuestamente incumplan la normativa».

Esta organización agraria ha realizado un amplio informe en el que justifica su petición sobre la situación de los precios de diversos cítricos durante las primeras once semanas de 2022. Del mismo se desprende que el nivel de precios en origen es «excepcionalmente bajo» y no ha cumplido con las expectativas de los productores y más si tenemos en cuenta que la producción española de cítricos es un 5% inferior a la campaña pasada y un 2,1% inferior a la media de las últimas cinco. «Por tanto -concluye- es incomprensible que se haya llegado a esta situación para los productores».

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