Desde la recogida de una naranja del árbol al envase de unos pocos tomates en una fábrica. Del almacenamiento de una pieza de cerdo en un refrigerador a la salida de un palé de productos rumbo a los mercados exteriores. El consolidado funcionamiento de esos y muchos otros engranajes dentro de una cadena de producción afinada es lo que ha llevado al sector agroalimentario a ser un pilar esencial de la economía española. Un sostén que, incluso bajo los efectos de la pandemia de la covid-19, ha consolidado su trascendencia económica, generando casi 100.000 millones de valor añadido (99.792 millones) y 2,3 millones de puestos de trabajo en 2021 en toda España.
Esa es una de las principales conclusiones que deja el Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, perteneciente al Grupo Cajamar y elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), un estudio que analiza cómo el impacto de toda la cadena de valor agroalimentaria se ha incrementado respecto a los valores previos a la pandemia hasta representar casi uno de cada diez puntos del Producto Interior Bruto (PIB) español (9,2 %) por el 8,8 % de 2019. La explicación de esta presencia creciente, entre otros factores, se encuentra en su productividad.
«La mejor carta de presentación del sector es que sus costes laborales por unidad de producto son un 29 % más reducidos que la UE-27, y eso implica ser más competitivos», explica a este diario Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y autor del informe junto a Jimena Salamanca (Ivie y Universitat de València). En esta línea, según los datos recogidos en el estudio, la productividad por trabajador es un 29 % superior a la de la UE y los costes laborales por cada empleado, un 9 % más reducidos, ambos elementos diferenciales para situar a la agroalimentación en primer plano. Como remarca Maudos, dentro de la misma, el subsector más destacado «es el primario, con una competitividad un 70 % superior a la europea».
Récord exportador
Estas buenas cifras llevan a que el sector en su conjunto –que se mantiene como la cuarta economía agroalimentaria de la UE– deje en 2021 otra gran cifra: la de las exportaciones. Como valoró en la presentación del informe el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, «se ha vuelto a batir un nuevo récord, que pone de manifiesto la extraordinaria competitividad del sector en los mercados internacionales». No en vano, estas ventas en el exterior -que representan el 19 % del total de exportaciones de bienes en España– crecieron un 11,6 % hasta los 61.646 millones. Ello generó en paralelo un superávit comercial de 18.831 millones –creciendo así un 2,2 % y situándose como el segundo más alto de los Veintisiete tras el de Países Bajos–, otro «récord histórico», apunta Maudos.
Pero, ¿qué productos impulsan estas exportaciones agroalimentarias? La lista resulta amplia: frutas y frutos comestibles, carne, legumbres, hortalizas, grasas o aceite animal o vegetal. «Hay que tener en cuenta que España es el principal productor de la Unión Europea de cinco artículos alimentarios: cítricos [donde el sector valenciano representa más de la mitad de la producción nacional], aceite de oliva, ganado porcino, fruta fresca y vegetales frescos», remarca el director del Ivie.
De todas ellas, más de seis de cada diez tuvieron como destino los países del ente comunitario. En el otro lado de la balanza, mientras, las importaciones se dieron especialmente en el pescado, los crustáceos y los moluscos (15,5 % del total).
Riesgos y retos en el sector
Sin embargo, pese a estas positivas cifras, la realidad del sector agroalimentario se enfrenta a un contexto externo marcado como el resto de la economía por los riesgos y la incertidumbre. A la escasez de contenedores o el aumento del IVA de las bebidas azucaradas que ya empezó a tener impacto el pasado año, se han sumado en los últimos meses la creciente demanda de cereales en un momento en el que la guerra en Ucrania ha lastrado las importaciones de este cultivo o el auge en los precios energéticos, una consecuencia agravada también por el conflicto.
Todo ello ha provocado un incremento en la inflación que aún no ha alcanzado su pico. «Estos factores, sin duda afectarán, a la rentabilidad y la competitividad del sector», remarca sobre ello Maudos. Además, a ello se añade la trascendencia de proyectos como la ley de la cadena alimentaria (en vigor desde hace ya un año) o el futuro impacto de la nueva PAC que se está negociando.
En un horizonte de preocupación un poco más lejano está el empleo. No en vano, aunque el sector generó 2,3 millones de empleos en 2021, esta cifra suponía un 0,4 % menos que en 2020, ya que la subida en el sector primario (1,9 %) contrasta con las bajadas en la industria (2,3 %) y la distribución (1,1 %). A ello se suma que los trabajadores agroalimentarios siguen teniendo como rasgo característico la baja entrada de jóvenes y el consecuente envejecimiento: una de cada tres personas empleadas en España en el sector tiene más de 50 años, un número que crece hasta el 40 % en la media europea. Además, de ellos, solo el 29 % son mujeres, visibilizando otro reto a superar en el futuro. Y no es el único.
Transiciones gracias al Perte
Porque en el camino agroalimentario también se encuentra la necesaria inversión en I+D+i, que en el último valor conocido (el de 2020) creció un 2,1 % hasta llegar a los 373 millones, aunque «todavía estamos por debajo de la media comunitaria», resalta Eduardo Baamonde. En esta misma línea, Maudós enfatiza que la gestión de los fondos europeos del Gobierno «señalan con acierto las amenazas del sector» como el reducido nivel de sus explotaciones, un déficit en I+D o el retraso en la incorporación de la digitalización y exposición al riesgos del cambio climático. Por ello, el Perte agroalimentario del Ejecutivo permitirá con 1.800 millones impulsar las «inversiones encaminadas a la digitalización y a la sostenibilidad», destaca el autor del informe sobre una oportunidad que el texto señala como «histórica» para reforzar la competitividad y seguir estando a la cabeza europea.
