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Es un escándalo

«Los productores son los que se llevan la peor parte en el proceso de subida del IPC»

Puesto de venta de frutas y hortalizas. PILAR CORTES

Estamos inmersos en una espiral de alta inflaciónmotivada por los disparados precios de la energía y también de buena parte de los alimentos. La gente se queja con razón en la calle porque las economías familiares se las ven y se las desean para llenar la cesta de la compra. Sin embargo, ante esta situación, lejos de mirar a los productores debemos dirigirnos hacia otros estamentos. Hemos escogido esta semana algunos productos hortofrutícolas para comparar su precio en campo con los de los mercados mayoristas e intermediarios y con la distribución. Los datos revelan que, en ese aumento desorbitado de los alimentos, los productores son los que se llevan la peor parte y no se benefician ni mucho menos en la misma medida que los otros eslabones de la cadena agroalimentaria. El aumento se produce entre los intermediarios y la distribución. Son realmente escandalosas las diferencias existentes desde su salida en origen hasta la llegada a los lineales en destino de la distribución. En la sandía llegó a ser del 511% y ahora por ejemplo algunas cadenas de distribución importantes lanzan promociones a bajo precio, lo que pone de manifiesto que conforman los precios a su antojo, hace unas semanas a precio de oro y ahora lo devalúan con ofertas de descuento. En melón sucede más de lo mismo, un 293% de diferencial; del 1.298% en naranjas; del 412% en nectarinas; de más del 300% en patata…y la lista sería realmente interminable. No son datos inventados, sino extraídos de organismos oficiales y por tanto no hay trampa ni cartón. Mientras, las diversas administraciones hacen la vista gorda para no incomodar a los poderosos de la distribución. Proponemos desde la Unió el establecimiento de procedimientos públicos para el conocimiento y formación de los márgenes comerciales por parte de los diferentes agentes económicos que intervienen en la formación de los precios. También que se instaure un sistema público de elaboración de costes de producción de referencia para los contratos agroalimentarios obligatorios establecidos en la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. En este sentido, apostamos por la inclusión de una cláusula en los contratos que permita compartir los beneficios y costes generados en la cadena de valor en beneficio de los productores. Y abogamos por una mejor regulación de los mercados, así como vigilar y sancionar las concertaciones de precios por parte de la demanda en perjuicio del agricultor y ganadero.

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