Luis Planas Puchades (València, 1952) es uno de los ministros más viajeros del Gobierno. Sobre todo a Bruselas. España está entre los cinco primeros países que han recibido la reciente autorización de la Comisión Europea para enviar la versión definitiva de su plan estratégico sobre el futuro de la agricultura, paso previo a su aprobación formal en las próximas semanas de la Política Agraria Común (PAC). Planas dice que todo está listo para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023 , para que agricultores y ganaderos cobren, con la financiación de las administraciones, 7.200 millones de euros anuales para acometer los cambios necesarios para afrontar los retos de los próximos años. Al titular de Agricultura le preocupan la subida de los costes de explotación por la energía, la guerra en Ucrania... Y el IPC.
Los alimentos, entre otros productos, están por las nubes. Acabamos de conocer que el IPC alcanza el 10,8%. Con el proceso inflacionista se están disparando las diferencias de precios en origen y de venta al público. ¿Qué hacer?
A diferencia de lo que ocurrió con la crisis de 2008 esos costes no se han concentrado solo en el productor, sino que están siendo redistribuidos a lo largo de toda la cadena alimentaria. La Ley de la Cadena contribuye a repartir mejor esos incrementos de costes.
En estos momentos, el incremento de los costes de producción está siendo superior al incremento del precio final de los alimentos.
Sobre el comportamiento de precios en torno a los alimentos, en Europa tenemos tres grandes grupos: uno donde han evolucionado en torno al 5-7%, como en Francia, debido a que partían de unos precios de alimentación más elevados; un grupo central, donde se sitúan países como Alemania y España; y un grupo donde está habiendo incrementos de hasta el 15-20%.
El doble etiquetado podría implantarse en las tiendas. El consumidor tendría una mejor visión de lo que cuestan los productos en origen y quién gana.
Hay que tener en cuenta la multiplicidad de factores que median entre el precio en origen y el de venta : logística, manipulado, acondicionamiento, etc... En el contexto actual de incertidumbre, considero más importante que seamos conscientes del valor que hay detrás de cada alimento y trabajar para reducir el desperdicio alimentario. El Gobierno está dedicando cantidades suplementarias para apoyar a los sectores que más lo necesitan. Tanto en los dos reales decretos-ley para mitigar los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania como en el que adoptamos para hacer frente a las consecuencias de la sequía sobre la rentabilidad de las explotaciones. Ha sido un total de 1.200 millones de euros de impacto.
¿Es partidario de bajar el IVA de los alimentos básicos? Lo están pidiendo las cadenas de supermercados.
En el sector de la alimentación ya hay una fiscalidad muy ajustada. El IVA normal (21%) sólo se aplica a las bebidas alcohólicas y refrescos. Los alimentos tienen un IVA reducido del 10% y los productos considerados de primera necesidad como pan, harinas, leche y lácteos, huevos, legumbres… tienen un IVA superreducido del 4%.
¿Prevé problemas de desabastecimiento en la cadena logística por la sequía en el suministro de cereales u otros productos?
No hay problemas de abastecimiento, ni en España, ni en la Unión Europea. Sí que es cierto que hay países que afrontan el problema con más incertidumbres. Ucrania y Rusia son proveedores clave de cereales, oleaginosas y fertilizantes. Se encuentran entre los más importantes productores de productos agrícolas del mundo y ambos son exportadores netos, así como los principales proveedores de alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales.
¿Estamos abocados a una crisis alimentaria internacional en los próximos años?
Tenemos una guerra militar en el frente, pero también hay una guerra energética dirigida, especialmente, contra la UE y los países desarrollados, y otra guerra alimentaria cuyas consecuencias pueden dar lugar a desestabilización en los países en vías de desarrollo, en especial de África, Asía y América Latina. Por tanto, el ataque de Rusia a Ucrania afecta gravemente a la seguridad alimentaria mundial por el bloqueo de los puertos ucranianos, por la destrucción de almacenes donde se guarda el cereal ucraniano, por la dificultad para exportar el grano almacenado, y por la imposibilidad de siembra. En España, el sector ganadero es el más vulnerable, ya que los precios de materias primas, fertilizantes y energía incrementan el coste de la alimentación animal que, en muchos casos, supone hasta un 70% de los costes de producción. Es imprescindible que los mercados internacionales se mantengan abiertos y evitar que se tomen medidas unilaterales de política comercial, como la imposición de restricciones a la exportación.
El plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC). ¿Satisface a todas las autonomías?
Es el fruto de un compromiso. Es el mejor acuerdo posible, que recoge las principales prioridades de las comunidades autónomas. Somos conscientes de que hay muchos intereses y posiciones contrapuestas, pero n hay que olvidar que España es un país de agriculturas y realidad productivas muy variadas. Desde producciones subtropicales pasando por cultivos mediterráneos y atlánticos. Es el país de mayor complejidad agronómica en el panorama comunitario. Tanto el ministerio como las comunidades autónomas, apoyamos el documento de base a partir del cual se redactó el plan estratégico definitivo, que ya cuenta con el visto bueno político de la Comisión Europea. España está entre los cinco primeros países que han pasado ese filtro previo a su aprobación formal que estimamos que llegará en los próximos meses.
La industria alimentaria pide que se retrase el uso de los plásticos, ¿incrementará el proceso inflacionista?
Desde el ministerio estamos trabajando para que el borrador de Real Decreto recoja las peticiones del sector, así como que tengan un periodo transitorio lo más amplio posible.
Sudáfrica parece que no quiere cumplir el reglamento de la UE que exige exportar cítricos con tratamiento en frío, para evitar plagas. Nos acusa de proteccionismo.
Si Sudáfrica quiere seguir exportando a la Unión Europea debe cumplir las normas adoptadas por la Comisión Europea. Estamos ante una normativa de la Unión Europea de obligado cumplimiento y, por tanto, no me parece que en este punto haya mucha discusión posible. Para algunos países exportadores ha supuesto un cambio importante y tratan de defenderse con todos los medios a su alcance, pero la decisión se votó, se publicó y se está aplicando. No es, en ningún caso, una cuestión de proteccionismo comercial, sino de proteccionismo sanitario que es una cosa bien distinta. No debemos caer nunca en la trampa de confundir una cosa con otra. Con respecto al recurso presentado ante la Organización Mundial de Comercio, la CE ya presentó el borrador de la decisión a este organismo, que dio luz verde a la medida. Pedimos una reciprocidad que garantice la competencia justa en igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, contribuya a avanzar en la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la salud humana.
¿Qué impacto tiene el reciente acuerdo del Gobierno de España con el de Rabat en materia de seguridad para las importaciones hortofrutícolas de la UE a Marruecos?
Las importaciones de frutas y hortalizas en la UE originarias de Marruecos se rigen por el Acuerdo bilateral firmado en el año 1996 y modificado en el 2012. En la actualidad, no nos consta que la Comisión Europea tenga previsto modificar este acuerdo con motivo del acuerdo entre España y Marruecos en materia de seguridad. Este ministerio hace un seguimiento del comportamiento de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos, tanto por parte de España como del resto de Estados de la UE, si bien se entiende que el Acuerdo comercial entre la UE y Marruecos supone la creación de un espacio de libre comercio entre las dos áreas geográficas de ambas orillas del Mediterráneo que supone una herramienta para el fomento de las relaciones entre los dos países, basado en una competencia leal. Constituye un elemento clave para este ministerio que en las relaciones comerciales con terceros países se apliquen las denominadas ‘cláusulas espejo’, de tal forma que se exija a los productos importados las mismas condiciones de producción que rigen dentro de la Unión Europea para las producciones propias, en cuanto a seguridad alimentaria y preservación del medio ambiente.
¿Para cuándo las elecciones en el campo?
El ministerio tiene interlocución con todas las organizaciones profesionales agrarias. Por ello estamos trabajando en el instrumento que mejor refleje la representatividad del sector. Es necesario un consenso político que en este momento no existe. No es tarea sencilla, pero estamos en ello para avanzar en la dirección adecuada, con el claro objetivo que todas las organizaciones agrarias se sientan correctamente representadas.
Como ministro de Agricultura y como valenciano, ¿cree que es posible sustituir el trasvase Tajo-Segura por agua desalada y por un precio asequible?
Es posible conseguir una sostenibilidad en el uso del agua y una viabilidad de las explotaciones agrarias vinculadas al trasvase Tajo-Segura. Eso se logra a partir de una gestión integrada de los recursos hídricos y un fomento de la utilización de los procedentes de la desalación de agua de mar, como complemento de los que se recibirán en el futuro desde la cuenca del Tajo, que se verán afectados por el cambio climático. Todo ello asegurando que dichas trasferencias no producen deterioro del estado de las masas de agua del río Tajo y de los ecosistemas acuáticos asociados a las mismas. Para ello el Gobierno está poniendo en marcha un plan de choque de optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea que fomentará la utilización de recursos no convencionales, posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de otras conducciones de la Administración General del Estado ya construidas, mediante la ejecución de las obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de la capacidad económica de los usuarios. Hay que tener en cuenta que la función de este plan es garantizar la seguridad en el suministro de alimentos cumpliendo los objetivos de la política agrícola común establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE. Este Gobierno está comprometido con el desarrollo del regadío sostenible; es una prioridad.
