ASELEC y PYMEV, miembros de la Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de la Comunitat Valenciana (FIECOV), ponen de manifiesto el retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones eléctricas por parte de la Conselleria de Industria, concretamente en su Servicio Territorial de Valencia, que depende de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Una problemática que no solo afecta a las empresas instaladoras, sino que retrasa la puesta en marcha de proyectos y procesos en una gran cantidad de empresas ubicadas en la Comunitat Valenciana. Este bloqueo afecta especialmente a las provincias de Valencia y Alicante, dado que en la de Castelló el servicio funciona con normalidad.
A nivel económico, este retraso supone un perjuicio para las empresas instaladoras, al no poder ingresar el cobro de su trabajo hasta que la instalación no entre en funcionamiento. Una situación que puede suponer retrasos en el pago a proveedores y empleados, con el consiguiente impacto negativo al entorno empresarial, además del menoscabo a la reputación de la empresa. Resulta realmente complicado explicar que una instalación realizada por profesionales autorizados y que cumple todos los requisitos técnicos y legales puede tardar meses o incluso años en ser legalizada y poder ser puesta en marcha para ser productiva.
Una cuestión que afecta todavía más a los propietarios de las instalaciones. Al fin y al cabo, una instalación no tramitada y puesta en marcha en los plazos previstos altera las ratios de amortización de su inversión y retrasa la creación de puestos de trabajo y de riqueza para la Comunitat Valenciana. Además, desincentiva los planes futuros de inversión de las empresas en nuestro territorio. Una realidad que puede llegar a tener un efecto negativo en las ayudas y subvenciones promovidas por las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales al no poder cumplirse plazos y requisitos formales.
Un problema permanente, agravado por la COVID-19
Aunque la dificultad del asunto ya era palpable, la crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial ocasionada por la COVID-19 la ha complicado todavía más. El retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones de baja y media tensión desde el mes de marzo se ha ido agudizando progresivamente.
Es muy habitual que muchas instalaciones tarden incluso años en legalizarse por la complejidad de su proceso de tramitación y por la falta de recursos en el Servicio Territorial de Industria de Valencia. Actualmente es casi imposible establecer un contacto fluido con el personal del Servicio Territorial para conocer la situación en la que se encuentra un expediente. Además, ya no es posible concertar citas presenciales y el sistema de citas telefónicas no es eficiente, ya que se cuenta con unos plazos de atención superiores a un mes. Asimismo, no es posible ponerse en contacto con los técnicos responsables de los diferentes proyectos para conocer las causas del retraso y subsanarlas si procede. Por otra parte, el constante traslado de funcionarios del Servicio Territorial de Valencia dificulta todavía más la resolución de esta problemática.
Una realidad que ya fue denunciada en el mes de mayo por FIECOV, federación compuesta por las cuatro asociaciones provinciales (AIECS, APEME, ASELEC y PYMEV). Entre todas representan a más de 2.000 empresas instaladoras. Se consiguió como resultado una reunión con la directora general de Industria, Empar Martínez. Aun con todo, de momento no se ha logrado un desbloqueo de este asunto.
Nula respuesta por parte del Gobierno autonómico
Los responsables políticos actuales son conscientes de esta situación, que lleva siendo denunciada por parte de asociaciones y colegios profesionales desde hace muchos años.
FIECOV ha mantenido numerosas reuniones con los más altos responsables de la Conselleria de Economía, de la que depende la Dirección General de Industria y Energía, en cuyas competencias reside la resolución del problema.
La Administración prometió incrementar la plantilla de funcionarios del Servicio Territorial, revisar los procedimientos de tramitación para simplificarlos siguiendo el ejemplo de otras Comunidades Autónomas y estudiar las propuestas de mejora que tanto Asociaciones y Colegios Profesionales como empresas afectadas han realizado. Sin embargo, no se ha conseguido ningún resultado.
Cabe destacar que el pasado mes de junio, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana anunció el “Plan Agiliza”, destinado a reducir los trámites administrativos con la finalidad de reactivar la economía valenciana. En estos 3 meses todavía no se ha observado ninguna reducción en los trámites burocráticos relacionados con la tramitación de expedientes de legalización de instalaciones por parte de las empresas de instalaciones eléctricas.
Además, a mediados de julio la DGIE puso en marcha un nuevo procedimiento de tramitación para instalaciones de autoconsumo que es muy sencillo y ágil pero que solo es de aplicación a las instalaciones legalizadas con fecha posterior.
Retrasos en el alta de empresas
Se ha detectado también un retraso en el alta de empresas. Aunque desde el momento en que se presenta la documentación pertinente ante los STIE, jurídicamente se entiende por legalmente habilitada, la empresa instaladora no puede certificar sus instalaciones hasta varios meses después, cuando se tramita totalmente el alta.
Posición de FIECOV al respecto
FIECOV, que representa a más de 2.000 empresas instaladoras de toda la Comunitat Valenciana, considera que esta situación es insostenible y causa graves perjuicios a las empresas valencianas que quieren ampliar y mejorar sus instalaciones y desincentiva las inversiones en la Comunitat ante la seguridad de que los trámites se van a eternizar.
Esta realidad es conocida en el resto de España y en particular en las comunidades limítrofes, que están aprovechando la oportunidad para atraer a inversores que en principio pensaban en la Comunitat Valenciana como lugar ideal para llevarlas a cabo.
FIECOV utilizará todos los medios a su alcance para hacer visible este problema y dará soporte a todos sus asociados para que utilicen todos los recursos legales a su alcance. Presentará también una queja ante el Síndic de Greuges para que sea conocedor de esta problemática y medie ante la Conselleria y la DGIE para su resolución.
