La crisis catalana se ha convertido en el caldo de cultivo idóneo para que el fantasma de la involución autonómica planee sobre la campaña electoral del 10N, agitado por una extrema derecha crecida al calor de los pronósticos que le sonríen. Aunque Vox es la única formación que declara sin ambages su intención de destruir el Estado de las autonomías nacido del consenso de la Constitución, liquidando las estructuras de gobierno regionales, los amagos de recentralización a diferentes escalas basculan en otras fuerzas del centroderecha e incluso del centroizquierda.
En el debate del lunes, Santiago Abascal construyó su discurso sobre el supuesto derroche autonómico sustentándose en cifras que han sido desautorizadas por los expertos y que no se apoyan en ningún estudio riguroso. En cambio, son múltiples los informes de organismos públicos como el Eurostat, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la OCDE que respaldan justamente la tesis contraria: a más descentralización, en líneas generales, más eficiencia, más crecimiento económico y más igualdad territorial.
Y no solo eso. Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y Catedrático de Análisis Económico, también rechaza de forma rotunda que la estructura descentralizada implique un mayor gasto público y un coste burocrático o administrativo más elevado, como sostiene la ultraderecha, apuntando a un importe de 70.000 millones en el que incluyen los parlamentos en los que están presentes (asesores incluidos) y que abogan por eliminar. Los estudios oficiales consultados, sin embargo, rebajan la cifra en cuestión a 16.000 millones.
Aunque España es el cuarto país europeo con mayor porcentaje de gasto transferido a las comunidades autónomas (por debajo de Dinamarca, Suecia y Bélgica) y se coloca líder en descentralización tributaria, está en el furgón de cola tanto en el porcentaje del PIB destinado a costear las estructuras administrativas, políticas y legislativas (el 2,4 %) como en el desembolso relativo a los servicios públicos (el 2,9 %), en ambos casos por debajo de la media. «Las afirmaciones de que el Estado autonómico es más caro son contrarias a las evidencias internacionales. España está entre los países de la UE con más descentralización del gasto donde el coste de los órganos legislativos y ejecutivos es menor: apenas representa el 0,5 % del gasto no financiero de las comunidades autónomas», apunta Pérez. En Francia, con un modelo mucho más centralizado, ese desembolso prácticamente se multiplica por dos.
Más convergencia regional
Según los datos de la OCDE, los países de estructura federal como Alemania y Austria cuentan con un PIB per cápita más alto, mientras que los países más centralizados, como Grecia, tienen niveles más bajos. El crecimiento de España y de otros países con un alto nivel de descentralización como Dinamarca o Bélgica ha sido similar en los últimos años en porcentaje. Según expone la Airef, los países más descentralizados «han avanzado más en la convergencia de sus regiones».
Pese a todo, no es menos cierto que la eficiencia y la equidad del sistema autonómico español lleva tiempo fuertemente cuestionada, mientras se eterniza el debate sobre la necesidad de reformular el modelo y su financiación. «El problema de la descentralización en España es que no está consiguiendo un buen equilibrio entre la solidaridad que se predica y la que se practica. Las comunidades con regímenes forales tienen más recursos que las demás y no hay un trato equitativo ni homogéneo a todas las autonomías. No todo está bien gastado», expone el director del IVIE. Aun así, para los expertos la alternativa no es la recentralización, sino «corregir las asimetrías injustificadas» que perjudican a las comunidades más interfinanciadas, como la valenciana.
A juicio de Rafael Beneyto, otro reputado economista valenciano que ha formado parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), es «una evidencia empírica» que la descentralización resulta más eficiente, pese a sus carencias. «No se puede decir que la organización actual sea cara, porque los niveles de presión fiscal de la administración pública española están por debajo del resto de estados del euroárea y el gasto del conjunto de administraciones también es inferior a la media de los países europeos», observa el también director general de Tributos de la Generalitat. «Cargarse el Estado de los autonomías supone volver a los años 80 y revertir la dotación de centros de enseñanza, hospitales o dependencia. La recentralización comprometería el Estado del Bienestar», incide Beneyto, no sin antes hacer hincapié en que las políticas de sanidad y educación constituyen el grueso de la gestión autonómica.
«Un modelo de éxito»
Frente a las tensiones rupturistas, el economista apuesta por todo lo contrario: dar un paso más en el Estado de las autonomías, un modelo que considera «exitoso». «Hay que avanzar en el principio de subsidiariedad para ponerlo al nivel de la UE, responsabilizando en mayor medida de las obligaciones de gasto e ingreso a las instituciones que están más cercanas. Necesitamos acercarlas a los ciudadanos», enfatiza el experto de Ontinyent.
La última vez que el CIS preguntó por el Estado autonómico, a principios de año, el 43 % de los españoles se mostraba partidario de dejarlo como está. Un barómetro más cercano en las principales capitales de provincia, publicado en septiembre, reveló en cambio que un 20 % de los valencianos estaría a favor de algún tipo de recentralización, aunque las variaciones de percepción en función del territorio en el que se pregunta son muy grandes.
Si se pone el foco en la Comunitat Valenciana, el gasto considerado burocrático y político -en el que focaliza sus ataques Vox- se halla un 21 % por debajo de la media española y apenas representa el 2,3 % del presupuesto autonómico de 2019: son 30 euros por habitante. El territorio valenciano es también en el que menor desembolso por habitante despliega la administración central.
España es el séptimo país europeo que menos gasto público destina en función del PIB: un punto menos en Sanidad que la media y 0,5 menos en Educación, las dos patas del Estado del Bienestar. También es el quinto país de la eurozona con menos ingresos públicos. Ahí es donde los expertos fijan el problema de la ineficiencia y de los desequilibrios, en la falta de ingresos y en la excesiva dependencia de las comunidades respecto a las entregas a cuenta del Gobierno. Eurostat contabiliza que el volumen de recursos de las administraciones públicas en 2018 alcanza el 39% del PIB , el peor dato entre los grandes países europeos. Por detrás solo figuran Irlanda, Lituania, Letonia y Malta. Un debate con muchos frentes abiertos.
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