Si lo que importa es el «qué» y no el «quién» (según dijo Mònica Oltra) a la hora de abordar los pactos de gobierno que inauguren la nueva era post-PP en la Generalitat, PSPV y Compromís tienen bastante camino recorrido. Un análisis de los programas de los dos partidos llamados a ponerse de acuerdo constata que, en los principales aspectos, la coincidencia programática es un hecho en un elevado porcentaje de los asuntos. Lo propio de dos partidos que llevan años compartiendo las líneas maestras de la oposición al Partido Popular.
El contenido de ambos programas económicos apunta a elementos clave comunes tras una legislatura marcada por la crisis y la infrafinanciación de la administración autonómica. Ambos partidos coinciden en la exigencia del reconocimiento de la deuda histórica del Estado con la autonomía (16.000 millones, según los socialistas), así como en una quita a través de la deuda actual que la Generalitat tiene con Madrid.
En cuanto a la política económica, los dos partidos apuestan por apoyar el cooperativismo y reorientar la innovación: el PSPV quiere montar una agencia; Compromís, devolver los institutos tecnológicos a su espíritu inicial de apoyo a la empresa. En este punto, propone un fondo que apoye las políticas de innovación al estilo finlandés y que, tras la financiación pública inicial, consiga autofinanciarse.
Los dos partidos también coinciden en el apoyo a la economía verde: el PSPV habla de una mesa de rehabilitación y construcción sostenible; Compromís va más allá y pone cifras de empleo (un nicho de 15.000 puestos de trabajo) al sector de la rehabilitación estructural en eficiencia energética.
En la apuesta por reactivar la industria, además de concebir ambos un plan desde la comunicación con los empresarios y agentes sociales que apuntalen los sectores tradicionales, los partidos coinciden en los microcréditos para pymes y autónomos a partir de un nuevo Instituto Valenciano de Finanzas, en cuya concepción, es cierto, sí se observan algunas discrepancias. También se comprometen ambos en la lucha contra el fraude fiscal, un aspecto que tienen más desarrollado los socialistas. El partido de Ximo Puig propone una oficina de lucha contra el fraude que trabaje en colaboración con la Agencia Tributaria.
«El que más tiene, más paga»
En empleo, por ejemplo, la coincidencia es total, casi hasta en la redacción, respecto al establecimiento de planes para los parados de larga duración e incluso para mejorar la imagen pública del Servef: los socialistas hablan de fomentar la «empatía y cercanía» con los parados; el partido de Mònica Oltra, de convertirlo en una «Casa del Empleo».
En cuanto a impuestos, ambos partidos comparten la decisión de recuperar el impuesto de Sucesiones y Donaciones para grandes herencias, y eximiendo del pago a las más modestas. Todo bajo la premisa de que quien más tiene, pague más. Compromís plantea convertir el Impuesto sobre el Patrimonio en un impuesto sobre la riqueza en general y no exclusivamente sobre bienes inmuebles.
El PSPV, por su parte, quiere el elevar el tipo de gravamen del impuesto de transmisión patrimonial para bienes de lujo tales como «yates, vehículos de gran cilindrada, objetos de arte o antigüedades de elevado valor».
Concierto, deuda y banco público
Con todo, el análisis programático de PSPV y Compromís ofrece algunas divergencias que obligarán a renuncias por ambas partes. Una fundamental es la del modelo de financiación. Mientras el PSPV pide su revisión para acabar con el maltrato y otras medidas como modificar la gestión de la política fiscal del Estado de acuerdo al peso de la población de cada territorio, Compromís va más allá y reclama un concierto económico a la vasca.
En ese escenario, la Generalitat sería recaudadora de todos los tributos y negociaría posteriormente con el Estado un pago de compensación por los servicios que presta. Algo que implica la creación de una Hacienda propia y la bilateralidad en las relaciones con el Estado, un cambio que hoy por hoy parece complicado.
También aparece como posible escollo en un futuro gobierno la idea de Compromís de realizar una auditoría pública ciudadana de toda la actividad relacionada con la Generalitat, una operación que podría terminar en la declaración de una parte de la deuda como «ilegítima» y «exigir responsabilidad».
También chocan la visión de PSPV y Compromís respecto al futuro Instituto Valenciano de Finanzas. Mientras el equipo de Puig apuesta por convertirlo en una herramienta de control de la competencia bancaria, en un vehículo para ayudar a las empresas a conseguir créditos y en herramientas de lucha contra la «exclusión financiera», en Compromís no renuncian a la idea del banco público. Con todo lo que eso conlleva: una entidad con su ficha bancaria y «orientado a la financiación de la economía real», reza su programa.
Además de esto, Compromís contempla impuestos al impacto territorial de las grandes superficies, u ofrecer a las pymes un alquiler en los locales de la Generalitat que actualmente se encuentran vacíos.
