La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que tanto el Consell Jurídic Consultiu como la Abogacía de la Generalitat han expresado «dudas legales» sobre la prórroga del convenio con la empresa Egevasa para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia. Estas declaraciones coincidían con la protesta de los trabajadores de la sociedad mixta ante el Palau de la Generalitat contra el proceso de privatización. La vicepresidenta, que recordó que Egevasa es de la Diputación, con un 49 % de Aguas de Valencia, incidió en que el acuerdo de explotación entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) -dependiente de la Generalitat- y la Empresa General Valenciana del Agua SA (Egevasa) -de la corporación- acaba previsiblemente en agosto de 2019 al finalizar la construcción de la última depuradora. Por ello, añadió, «ya no vale el convenio interadministrativo, entre otras cosas porque Egevasa está privatizada, y eso sería dar ventajas y no garantizar la libertad de concurrencia. Si fuese 100 % pública se podría plantear una encomienda de gestión, en el caso de que tuviésemos algo del accionariado de Egevasa», agregó. Sin embargo, en la diputación entienden que el dictamen del Jurídic da vía libre para ampliar el convenio, pero es la conselleria quien tiene que decidir si saca a concurso este servicio. Los trabajadores volverán a protestar el viernes.
