El acecho electoral de Vox y el conflicto en Cataluña ha empujado al PP a un discurso recentralizador que poco tiene que ver con aquel que no hace tanto veía en el Estado autonómico la solución a todos los males. Con la vista puesta en Cataluña, pero con repercusión en el resto de comunidades, Casado presentó ayer un programa que plantea vetar futuras transferencias de competencias y devolver las ya cedidas.
La unidad de España y toda su simbología (el rey, la bandera y la lengua castellana) es el plato fuerte de un documento electoral, con múltiples incursiones en las autonomías. Así, tras rescatar el 155 para Cataluña, el PP pide «una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades». Un tiempo, añade, en el que «se realizará una completa evaluación del funcionamiento del Estado autonómico desde una perspectiva de eficiencia y equidad, de tal manera que se garantice un sector público más racional y viable y se dé plena vigencia al principio constitucional de solidaridad». El PP se compromete a establecer «cauces necesarios» para que aquellas comunidades que «así lo deseen» encomienden al Gobierno las competencias que se administren de forma más eficaz por el Estado.
«Separar competencias»
Durante la presentación del programa, que tuvo lugar ayer en Barcelona, Casado habló de fortalecer las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y subrayó que el Estado podrá «separar competencias si estas se usan para enfrentar o segmentar». Con la Educación como piedra angular de este discurso recentralizador, los populares proponenque la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español sea el castellano, si bien, en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales, «estas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares».
En este sentido, el programa plantea reforzar la Alta Inspección Educativa y dotarla de competencias para que pueda sancionar en materia de libros de texto. Casado habló de impedir «adoctrinamientos» en los patios, como ocurre en Cataluña. En materia lingüística, el PP lleva la eliminación del requisito lingüístico para las oposiciones en la función pública. El conocimiento de la lengua sólo podrá ser un mérito, pero nunca una requisito de acceso. Además, aprobará una ley de uso del castellano como lengua oficial del Estado « sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan». Solo tendrán carácter oficial aquellos actos administrativos que se realicen, al menos, en castellano y nadie po-drá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano.
