El caso Alquería arrancó entre febrero y marzo de 2018 tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de dos técnicos de Divalterra, primero, y de los diputados de Ciudadanos y el PP en la corporación provincial, Jorge Ochando y Rafael Soler. En la denuncia de los técnicos denuncianes ante la Fiscalía Anticorrupción, incorporada al sumario del caso Alquería, se relatan toda una serie de amenazas y presiones para que avalaran con informes jurídicos los siete contratos de altos cargos que los responsables de Divalterra aprobaron en 2015 y que ahora investiga la justicia.

Las tensiones internas cortocircuitaron en el consejo de administración de Divalterra del 15 de noviembre de 2016, en el que el auditor interno de la empresa pública ofrecía la dación de cuentas del avance de auditoría 2016. Un informe que revelaba «determinadas actuaciones irregulares del director-gerente» de Divalterra socialista, Víctor Sahuquillo, que acabó dimitiendo un mes después por el pago con fondos públicos de bebidas alcohólicas. La reunión acabó como el rosario de la aurora, según relataron ambos denunciantes ante el Fiscal Anticorrupción.

«Durante la reunión, el señor Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación amenazó al secretario del consejo de administración [de Divalterra] con que va a despedirnos al payaso hijo de puta del auditor y a todos los demás directores», relata el denunciante ante el Fiscal Anticorrupción. «En varios ocasiones también se dirige al auditor interno de Divalterra, llamándole 'hijo de puta', no siéndole permitida acabar su dación de cuentas por el presidente [en referencia a Jorge Rodríguez] quien dice al secretario del consejo de administración que 'voy a despedirlos a todos'».

Tras las siete contrataciones irregulares en noviembre de 2015, los responsables de la empresa pública Divalterra (codirigida por PSPV y Compromís, pero con un consejo de administración en el que están todos los partidos) encargan una catarata de informes a empresas externas y catedráticos de universidad para hallar la fórmula con la que justificar las siete contrataciones a dedo de los altos directivos de la empresa pública. Ninguno avala esta decisión hasta que llega a Divalterra el abogado Jorge Cuerda, que acaba siendo nombrado letrado-asesor del consejo de administración de la empresa con poderes plenipotenciarios. Cuerda es quien elabora «informes jurídicos falsos e injustos, con pleno conocimiento de la falsedad y con el fin de facilitar un acuerdo del consejo de administración favorable a una serie de intereses y contrataciones que, en caso contrario, no se hubieran producido. Estas contrataciones generan una utilización indebida de fondos públicos».

En febrero de 2018 la situación se agrava porque desde la Presidencia de la Diputación y Divalterra se pretendia contratar a dos altos cargos del PSOE. El cogerente de Divalterra del PSOE, Xavier Simón, llama al técnico denunciante y le pide «que ayude a disfrazar la contratación de los altos cargos», aunque el trabajador de Divalterra se negó y advirtió que «eso es ilegal».

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