Las visitas de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos en las elecciones generales 2019, a València para encontrarse con la ciudadanía no abundan en los últimos tiempos, así que ayer por la tarde, en Feria València, el morado tiñó el recinto que tiempo atrás acogió los grandes actos del PP. Los simpatizantes estuvieron cerca de llenar uno de los auditorios con capacidad para 1.800 personas. Iglesias intervino con un propósito: recordar que siguen a la izquierda del espectro político y que los logros en los diez meses de gobierno de Pedro Sánchez han sido en buena medida por la intervención de Unidas Podemos, que sigue al lado «de las personas y no de las empresas».
Tanto es así que Iglesias se remitió a los hechos. Habló de las «cloacas» contra Podemos por haber dicho «verdades», como que las empresas energéticas tienen más poder que el Congreso o que las multinacionales tienen más peso que el Gobierno. «Decir la verdad levanta ampollas», dijo, y dirigió sus dardos a las oligarquías, cuyo «mecanismo fundamental para obtener el poder es la mentira».
Iglesias fue interrumpido constantemente por los cánticos de «sí se puede» y los gritos de «presidente, presidente». Pronunció un discurso contra el sistema que utiliza las «cloacas» para cambiar el sentido del voto, un recurso que se utiliza cuando los lobbies de poder «no te pueden comprar». Precisamente las tramas ocultas contra Podemos sirvieron a Iglesias para ilustrar que la política sí que puede cambiar las cosas y Podemos representa una amenaza real para el sistema tal como se concibe. «El problema no es Fernández Díaz, Villarejo o Eduardo Inda, el problema es el miedo de las oligarquías al cambio, que cuando no te pueden comprar, intentan cambiar el sentido del voto».
«Si la política no sirviera para nada, las empresas no comprarían expresidentes, ni habría millonarios que comprarían periódicos y televisiones que no son rentables», y matizó: «Eso significan las cloacas». Los ataques al PSOE de Pedro Sánchez contrastaron con la falta de referencia a Compromís, antes aliado en el Congreso con «A la Valenciana», y al PSPV, ambos partidos que su partido ha sostenido en el gobierno del Botànic. Lo cierto es que Iglesias obvió cualquier referencia a la agenda valenciana, que centró en clave nacional.
El secretario general se erigió como una opción de voto «con garantías» a través de la experiencia de gobierno en los diez meses que Pedro Sánchez ha habitado la Moncloa. Recordó que Podemos fue el artífice de la subida del salario mínimo a 900 euros y trató de empatizar con los que aún no tienen decidido el voto, a quienes les preocupa «no llegar a fin de mes, la escuela gratuita y tener medios de transporte adecuados». A ellos se dirigió directamente: «Quiero pedirles una oportunidad de gobernar», dijo.
Conquistar el voto de los indecisos, que la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas cifró en el 41 % del electorado para las generales, fue el objetivo de Iglesias. Aseguró que si después de cuatro años en el Gobierno «no hemos cumplido, no nos voten más, pero nos hemos ganado el derecho a intentarlo». «La mejor prueba de que hay que cambiar el Gobierno es ver la que han organizado contra nosotros», dijo una vez más en referencia a las «cloacas» del Gobierno.
Iglesias estuvo acompañado por Rubén Martínez Dalmau, candidato de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas 2019 en la Comunidad Valenciana, y el número uno al Congreso por València, Héctor Illueca, ambos de su máxima confianza. Junto a ellos, también intervinieron más de una decena de cargos que aspiran a ser electos el 28 de abril en la C. Valenciana, como Pilar Lima, Irene Gómez, Ferrán Martínez, María Oliver o Txema Rodríguez. Sin embargo, la estructura orgánica del partido se limitó a la discreta presencia del secretario general, Antonio Estañ, y a César Jiménez. Sí se pudo ver a la exdiputada Ángela Ballester, afín a Íñigo Errejón, quien accedió a ver a Iglesias.
El secretario no solo se reivindicó como la verdadera opción de izquierda, sino que además se erigió como un partido que sigue a pies juntillas la Constitución. Citó los artículos que blindan derechos fundamentales como una vivienda digna o las pensiones, y anunció que intervendrían el mercado inmobiliario para hacer asequibles los alquileres. Al igual que anunciaran sus compañeros en la C. Valenciana, Iglesias propuso la creación de una empresa pública de energía que mire «cara a cara al oligopolio» y baje el precio de la luz. Lamentó que el PP y Cs se envuelvan en la bandera de España «sin haber abierto jamás la Constitución».
Partido estatal, clave autonómica
Aunque Iglesias no se refirió a ninguna cuestión valenciana, sí lo hicieron los candidatos que optan a las instituciones autonómicas. Dalmau intervino también en clave constitucionalista porque es allí donde se registra la necesidad de tener «una financiación justa». Por ello, criticó que tanto el PP como el PSOE «leen la parte de la Constitución que les interesa: la del Rey». Lanzó un aviso a Iglesias: «Cuando seas presidente, me vas a tener al teléfono permanentemente para pedirte la reforma del sistema».
En el mismo turno intervino la número uno por EUPV en la lista autonómica, Rosa Pérez Garijo, quien se felicitó por haber logrado «una coalición fundamental para mejorar la vida de la ciudadanía». Recordó que sus años en la oposición fueron sinónimo de «perseguir la corrupción», lo que le granjeó siete denuncias por injurias y calumnias. «No se entiende que el Botànic no haya hecho auditorías internas y haya levantado las alfombras», reprochó al Consell.
El exsenador y número tres a las Corts por València, Ferrán Martínez, pronunció un discurso encendido sobre lo que Podemos representa para la sociedad valenciana. Hizo una declaración de intenciones: defenderán el pequeño comercio frente a las grandes multinacionales como Intu Mediterráneo, regularán el precio de los alquileres y subirán el salario digno. «Eso es defender los intereses de los valencianos», dijo.
La candidata por València al Parlamento Europeo, Esther Sanz, se adelantó a las críticas y puso como ejemplo el debate en Levante TV, en el que participó el lunes, donde el PP «solo nos atacó con Venezuela y el chalé de Pablo». Y respondió: «mientras mi secretario se compraba una casa, Ana Botella era condenada a pagar 25 millones de euros por vender viviendas públicas».
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