La legislatura echa el telón en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida con un atasco de promesas e inversiones millonarias atrapadas en el laberinto burocrático, de futuro incierto, cuya culminación requiere de tiempo y paciencia. Un «coitus interruptus» alimentado por el colapso administrativo y la ruina económica de la Generalitat, que eternizan los proyectos pendientes en los despachos, exasperan a los municipios y obligan a no descorchar el champán antes de tiempo.
Después de 12 años plagados de escollos, la noticia estrella en el territorio es que por fin se ha desatascado el nuevo Hospital comarcal de Ontinyent, una infraestructura clave largamente peleada por el consistorio y adjudicada por 30 millones de euros al grupo OHL. Pero las inminentes obras no están exentas de un regusto agridulce. El concurso público del hospital solo atrajo a una empresa y la Federación de Contratistas anticipa posibles sobrecostes por el bajo presupuesto y la falta de competencia.
Algo similar ha ocurrido con la otra gran inversión desbloqueada en las tres comarcas. La construcción del nuevo colegio de Anna, pendiente desde hace más de una década, se contrató en 2017, pero el procedimiento inicial tuvo que cancelarse por una serie de fallos en los proyectos que han disparado a 9 millones el coste de las obras, en proceso de volver a adjudicarse.
El ambicioso Pla Edificant ha permitido a los gobiernos del cambio anunciar en los próximos años una infinidad de obras de reforma de colegios. Sin embargo, la falta de personal en los ayuntamientos y la lentitud de la maquinaria de la administración deja muchas incógnitas sobre las fechas y sobre la capacidad para asumir tantas inversiones millonarias.
Xàtiva ultima los trámites para iniciar a finales de año la construcción del largamente reivindicado nuevo Centro de Educación Especial Pla de la Mezquita. La Generalitat presupuesta en la capital de la Costera otras dos actuaciones de gran calado que deberían comenzarse en el próximo mandato: el nuevo Palacio de Justicia en el exconvento de Santa Clara y el nuevo segundo centro de salud, paralizado desde 2011.
En la otro reverso de la moneda, el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva se ha convertido en un hervidero de conflictos enquistados. Aunque la inversión en el Departamento de Salud se ha multiplicado por cuatro, los años de recortes y abandono han pasado factura tanto en el funcionamiento estructural como en la insuficiente plantilla del centro, en pie de guerra frente a la discriminación sufrida respecto a otros hospitales. La consellera de Sanidad se comprometió en octubre a visitar el Alcanyís para sofocar el incendio, pero no lo ha hecho.
En Canals, la eterna promesa del nuevo IES Francesc Gil ha tenido que aplazarse otra legislatura más por las deficiencias del proyecto.
En este mandato se ha certificado la defunción de la planta de Llanera, pero después de 4 años el Consorcio de Residuos no ha podido concretar una alternativa para gestionar la basura de las comarcas, que ahora se distribuye entre otros consorcios, con notables sobrecostes. El retraso en la aprobación de la nueva ley autonómica ha pospuesto esta asignatura pendiente, si bien se ha logrado desactivar el conflicto en la Vall d'Albaida y se ha potenciado la red de ecoparques y los biorresiduos.
En materia de carreteras, el reclamado tramo pendiente de la CV-60 l'Olleria-Terrateig sigue sin materializarse, como la renovación de las líneas de autobús.
Entre las medidas de la Generalitat que han suscitado el aplauso unánime de los municipios destacan las aulas gratuitas de dos años, el aumento de fondos para los servicios sociales o el millonario plan Arru, que ha reactivado la reforma de viviendas en los cascos antiguos de Xàtiva u Ontinyent, donde también han llegado 3 millones adicionales del Ivvsa. Por otra parte, el CRIS y el CEEM de Xàtiva o la Residencia Ontinyent han abierto sus puertas -aunque a medio gas- después de mucho tiempo parados.
