Han nacido en España pero mañana no podrán votar porque, a efectos legales, no son españoles. Es el caso de al menos 360.000 personas hijas de padres migrantes que viven atrapadas desde hace años en una maraña burocrática que tiene bloqueada sus solicitudes para obtener la nacionalidad española. Es el caso también de Safia El Aaddam. Tiene 23 años y nació en la localidad tarraconense de Segur de Calafell, donde se establecieron sus padres, una pareja de bereberes llegados de Marruecos, hace más de tres décadas. Safia no ha podido votar nunca pese a haber vivido diversos procesos electorales desde que alcanzó la mayoría de edad, pero ahora quiere ser escuchada.
El origen del embrollo está en la legislación española. En ella se exige tener la nacionalidad para ejercer el derecho a voto, pero en nuestro país esta no se obtiene por ius soli (derecho de suelo) sino por ius sanguini (derecho de sangre). Es decir, nacer en territorio español no otorga la nacionalidad, sino que esta se adquiere únicamente si al menos uno de los progenitores la posee o en otros casos más específicos como ser hijo de personas apátridas o con identidades desconocidas.
Como narra la joven en declaraciones a este periódico, sus padres se pusieron manos a la obra para que fuera una ciudadana de plenos derechos nada más nacer. Así, fueron informados de que debían tramitar un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) para que Safia lograra el permiso de residencia. Y aquí Safia denuncia las primeras trabas. «Lo tramitaron pensando que tener la residencia era lo mismo que tener la nacionalidad, y lo mismo le pasó a muchas otras familias». Según critica, el proceso es muy complejo para personas que todavía no dominan el idioma y hay «mucha desinformación y racismo institucional» ya en estas primeras fases.
Su sorpresa llegó años después cuando, tras cumplir la mayoría de edad, se disponía a votar en las generales de 2015. «Era una sensación emocionante», confiesa. Pero descubrió entonces que no podría ejercer ese derecho porque no tenía la nacionalidad sino un permiso de residencia. Safia es una persona con «inquietudes políticas» y resignarse no era una opción. «Inicié los trámites para conseguir la nacionalidad pensando que sería rápido». Pero pronto descubrió que no. «Yo era diferente. Yo era inmigrante», lamenta. Para su incredulidad, le dieron cita para dos años después.
Pero no se rindió tampoco entonces y, cumplido el plazo, volvió a la carga. Llegó entonces otro obstáculo. En el impás burocrático de dos años, la ley había cambiado y la solicitud que Safia realizó 24 meses antes ahora se hacía por vía telemática.
En teoría, esta modificación legislativa buscaba agilizar los trámites, pero no ha sido así. Paco Solans, abogado especializado en Extranjería, detalla que actualmente se están «empezando a resolver» expedientes del año 2016, pero los presentados antes de 2015, como el de Safia, «siguen estancados». Según denuncia Solans, en toda España hay ocho funcionarios dedicados a la tramitación de estos cientos de miles de solicitudes. El tiempo medio para resolver estos casos oscila entre tres y cuatro años.
La ley de 2015 contempla que los dos exámenes (uno de idioma y otro de cultura y costumbres españolas) que la anterior norma obligaba a pasar, ahora no serían necesarios para quien hubiera cursado con éxito la educación secundaria. «Una nueva traba», según Safia, porque «te obliga a tramitar una dispensa» para no realizarlos «con el objetivo de tenerte otro año callada». Y es que esa resolución de las dispensas también se demora mientras «te animan a seguir el proceso» sin conocer el resultado de la reclamación.
Hace ya año y medio que Safia cumplió con estos últimos trámites y lo único que recibe en respuesta es «el silencio administrativo» de un Estado que «no quiere que votemos». «Los políticos deberían despertarse y comprender que estamos en el siglo XXI. Que España es un país diverso y que el ius sanguini no tiene sentido».
Este calvario no afecta solo al voto sino que trastoca otros planes vitales de estas personas. Al no ser nacionales pese a nacer en suelo español, tampoco pueden presentarse a oposiciones o solicitar una beca Erasmus, por ejemplo. Esto obligó a Safia a renunciar a su objetivo, opositar a Policía Nacional y la forzó a cambiar de planes y matricularse en la Universidad.
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