Los sindicatos lo tienen claro: abolir la reforma laboral del PP, más financiación autonómica y reforzar los servicios públicos. Las Asociaciones de Madres Padres y Alumnos, la puesta en marcha de la Ley de Inclusión en las aulas, mientras que las asociaciones de consumidores buscan aumentar la concienciación del reciclaje y los hábitos saludables. Los empresarios buscan la creación de empleo, y la confederación de asociaciones vecinales la reducción de listas de espera en Sanidad. Mientras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige que no haya más desahucios sin una alternativa habitacional y la asociación de Dones Progressistes, que el feminismo y la igualdad tenga rango de conselleria.
Son algunas de las iniciativas que los agentes sociales esperan que acometa el Botànic II. El nuevo Consell, a falta de poner nombres y contenido a su programa, tiene una larga lista de asuntos pendientes con la sociedad según señalan los colectivos sociales con los que Levante-EMV se ha puesto en contacto. Algunos son de nueva creación, como el "Observatorio del Trabajo Decente" que piden desde CC OO, o la Agencia Valenciana del Consumo que propone la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Intersindical propone promulgar la Ley de Función Pública que la Generalitat, todavía en el cajón, o la «extensión real» de la Ley de Función Social de la Vivienda, como pide la PAH, vigente desde febrero de 2017.
La plataforma solicita también medidas que garanticen un parque de vivienda público suficiente. Este ha sido uno de los grandes caballos de batalla de Podemos, que no se dan por satisfechos con la gestión que se ha hecho desde la conselleria de Vivienda. Además, en la PAH exigen que se expropie el uso de la vivienda a la Sareb y a la banca rescatada. También Cavecova pide continuar con las políticas impulsadas desde la conselleria de Vivienda en favor de los alquileres.
Para la cartera de Educación, la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya se enfrenta a lo que solicita la Federación Católica de Ampas de València. Solo se encuentran en la necesidad de dotar, con recursos económicos y de docentes, la educación inclusiva. A partir de ahí, la confederación pública pide acabar con la concertación mientras que la asociación de católica pide un trato igualitario y no discriminatorio. Además, exige al Consell cumplir las resoluciones judiciales, sobre todo las que se refieren a la libertad de escoger la asignatura de religión con la opción de que sea complementaria al resto de asignaturas optativas. En Dones Progressistes también plantean instaurar medidas preventivas de lucha contra la violencia de género en todos los niveles del sistema educativo, en ocasiones olvidado en la implantación de políticas contra la violencia machista.
La financiación autonómica es inexcusable para Intersindical y para UGT. CC OO completa la demanda: conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez condone parte de la deuda y se consigan, finalmente, inversiones acordes a peso poblacional, tal como recoge el Estatut d'Autonomia aprobado este mismo año. En este sentido, en Intersindical también consideran que el Botànic debe ponerse manos a la obra en aplicar de forma efectiva las competencias que tiene transferidas la C. Valenciana y piden ir un paso más allá y asumir más competencias para hacer más consistente el autogobierno valenciano, especialmente en material laboral.
El modelo productivo copa buena parte de las sugerencias al nuevo Consell. Su reforma es fundamental para mejorar la productividad, como exigen los empresarios de la CEV y que está en sintonía con lo que propone el nuevo Botànic en las primeras claves que se han ido conociendo estos últimos días. La CEV también aboga por apoyar el I+D+i suprimiendo las trabas legales e incentivando fiscalmente la creación de empresas innovadoras. Los empresarios también confían en que haya una apuesta decidida para la creación de empleo en la C. Valenciana.
Los agentes sindicales apuntan que no vale cualquiera, sino que hay que luchar contra la precariedad y temporalidad a través de un empleo digno, estable y saludable. Las asociaciones feministas hacen el apunte: aprobar una Ley por la Igualdad en el empleo y la lucha contra la brecha salarial, que las mujeres aún siguen sufriendo. Los sindicatos tienen claro que no será posible sin la supresión de la reforma laboral que impulsó el PP y que deja casi sin efecto el papel de los sindicatos en los convenios profesionales. En el caso de Intersindical, creen que debería reducirse la jornada laboral, como también sugirió Mónica Oltra en su programa electoral, al reducir a 32 horas semanales el horario de trabajo.
La Sanidad es el otro gran sector en el que confluyen buena parte de las peticiones. La confederación valenciana de vecinos así como la UGT coinciden en la necesidad urgente de acabar con la lista de espera, una piedra en el zapato para todos los gobiernos valencianos y que el PP propuso en su programa regularlas a través de una ley. Ambas organizaciones también exigen la reforma «en profundidad» del sistema de atención primaria.
El feminismo también cala en la agenda valenciana. Las feministas exigen al Consell que se priorice la lucha contra las agresiones sexuales y la explotación de las mujeres y niñas a través de la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía, compromisos que adquirieron los partidos que están llamados a componer el nuevo Botànic en un documento que firmaron con medidas para incluir en sus programas.
