El PP no quiere problemas con el cupo vasco y navarro. La propuesta de nuevo modelo financiación que ayer presentó la líder popular, Isabel Bonig, perpetúa los privilegios vasco y navarro, que hace diez días cuestionó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que le valieron una reprobación del Parlamento navarro y las críticas de los socialistas vascos. Bonig prefiere no agitar la polémica y matiza que cualquier cambio en el modelo foral tiene que pasar por la reforma de la Constitución, que su partido tampoco ve necesaria.
El PP valenciano evita pisar ese charco tras las críticas a Puig y reprocha al Consell que para visualizar el problema valenciano en el resto de España provoque un enfrentamiento con otras autonomías. Así, el nuevo modelo de financiación que propone Bonig recoge la «igualdad» de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos: educación, sanidad y bienestar social, con el dinero suficiente para que las autonomías puedan sufragarlos y fondos estables que no dependan de ciclos económicos.
Bonig defiende que la reforma de la financiación tiene que pasar necesariamente por una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde están representados el Estado y las autonomías. Pero concreta poco más que un crecimiento sostenible de la aportación del Estado cuando haya mejora de ingresos. Sólo la defensa de que los presupuestos autonómicos visualicen claramente de dónde procede el dinero que financia cada una de las competencias autonómicas.
Además, Bonig aprovechó ayer un encuentro con periodistas para reivindicar la bajada del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la que se benificiarán dos millones de valencianos y criticó la intención del Consell de crear una tasa turística o subir el impuesto de sucesiones.
El PP se compromete a que el número de trabajadores activos alcance en cuatro años los 2,6 millones en la Comunitat Valenciana frente a los 1,8 actuales y critica que el Gobierno de Puig tenga paralizadas inversiones de 1.200 millones de euros que crearían 12.000 empleos. También reprochó que la lista de espera para pagar a dependientes se alargue a 2019 y que se haya duplicado en seis meses el número de enfermos en espera de una intervención quirúrgica.
