Llegó a las 19.15 y lo primero que hizo fue pedir perdón a la gente que no iba a disfrutar del mitin en los renovados Cines Aragón y se iba a quedar en la calle: «El próximo lo haremos en la Fonteta y allí sí estaremos todos». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, fue ayer la cara valenciana en el encuentro a cinco bandas que la confluencia Podemos celebró en distintas ciudades de la geografía española -Valencia, Barcelona, Madrid, Santiago y las Palmas- a través de videoconferencia, un día antes del debate electoral más esperado. La actriz valenciana Rosana Pastor -en las listas de Compromís -Podemos al Congreso de las elecciones generales- actuó como maestra de ceremonias en el acto central coordinado en Madrid, dando la bienvenida a los distintos participantes y destacó la necesidad de aprobar un pacto de Estado contra la violencia de género: «La ciudadanía lo pide y será de las primeras cosas que Podemos hará cuando gobierne».
Oltra, por su parte, protagonizó el cuarto turno de palabra „antes hablaron Victoria Rosell sobre justicia, Xosé Manuel Beiras sobre identidad plurinacional y Ada Colau sobre derechos sociales„ y lo primero que hizo fue recordar a Miquel Grau, recientemente honrado por el Consell: «Un joven luchador por las libertades que fue asesinado por un militante de Fuerza Nueva que le lanzó a la cabeza un bloque de hormigón. Gracias al gobierno del pacto del Botánico por fin ha sido honrado como se merecía, aunque se haya tardado 37 años para ello».
Acto seguido, la representante valenciana en el acto realizó una contundente lectura sobre las raíces de la corrupción y las posibilidades de luchar contra ella. Animó a «atacar» las causas de esta lacra política y y declaró que «un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra el coste de la corrupción en el 4,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivale a 48.000 millones de euros».
Casos «valencianos»
A su vez, declaró que «quizá esta cifra sea demasiado elevada y muy abstracta, pero se puede ser más concreto». Y para ello utilizó diferentes «ejemplos» acaecidos en la Comunitat Valenciana durante los últimos años: apuntó que el caso Emarsa ha costado 23 millones de euros al erario público „«lo que equivale a la construcción de seis centros de salud en la C. Valenciana»„, que la trama de la familia del exconseller Juan Cotino en las residencias defraudó 22 millones „equivalentes a siete escuelas„, que la corrupción del caso Blasco costó 5,6 millones, de los que ya se han recuperado 1,6 millones „«lo que cobran todos los dependientes valencianos en un mes»„ y que el stand de Fitur costó cinco millones „cantidad que el Consell destinará este año a ayudar a las familias en riesgo de pobreza energética»„. «¿A que con estas cifras es mucho más fácil evaluar las consecuencias de la corrupción?», se preguntó.
Por todo ello, la portavoz progresista apostó por la transparencia, la codecisión y el endurecimiento de las penas como fórmulas para atajar este problema: «La corrupción es como el síntoma de una enfermedad, como el estornudo del constipado y la democracia no tiene defensas para actuar contra ella. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana la ha utilizado como una herramienta para perpetuarse en el poder... ¿Que creéis que habría votado la gente si le hubieran permitido elegir entre un aeropuerto peatonal o un hospital?». También se refirió a la reciente Ley de Enjuiciamiento Criminal „a la que nombró como «Ley Berlusconi»„ y apuntó que «saben que es imposible instruir los grandes casos en seis meses, por eso el gobierno la ha aprobado». Su última frase fue quizás una de las más contundentes: «No habrá paz para los malvados, no habrá paz para los corruptos».
