No se despegaba de la pantalla la noche del lunes. «Pablo Iglesias me dejó flipado: le metió a Soraya una que pa' qué. Pedro lo tiene crudo», resume. En las municipales iba de mitin en mitin. Y en estas Generales no se pierde un debate ni una entrevista por televisión, cuenta su madre. ¿Politólogo? No, Víctor Díaz es el joven de Gandia con discapacidad intelectual que el año pasado hizo historia al convertirse en el primer caso de España que „por resoluciuón de la Audiencia Provincial de Valencia„ recuperaba el derecho a voto después de haber recibido una sentencia de incapacidad total. Votó en las europeas, en las últimas municipales y autonómicas. Ahora, Víctor va a por las Generales. «Claro que tengo claro a quién votaré», afirma. ¿A quién? «¡No, no quiero decirlo», replica entre risas.
Víctor se sintió identificado cuando, en el debate a cuatro televisado, el socialista Pedro Sánchez lamentó que muchos ciudadanos con discapacidad intelectual no puedan votar. Según el sector de la discapacidad, más de 80.000 españoles en esta situación „con sentencia de incapacidad total„ quedan excluidos de los procesos electorales. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sigue sin modificarse pese a la advertencia de Naciones Unidas, ya que España ratificó en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral española bajo la premisa de que «ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental».
Proteger vs. anular
Chema Sánchez, miembro del Comité de Bioética de Feaps-Plena Inclusión, critica que con la incapacitación total que piden las familias para proteger a los discapacitados (para que no puedan engañarlos en materia económica, por ejemplo) los jueces eliminen derechos fundamentales como el voto o el matrimonio. «Una cosa es proteger y otra es anular», dice. Y recalca: igual que existe la presunción de inocencia, aquí debe primar la presunción de que uno puede votar. Y si no puede, demostrarlo. Ello, dice, acotaría la restricción del derecho a voto a los casos más graves de discapacidad intelectual.
Hay muchos casos en los que, pese a existir sentencia de incapacidad total, por un error burocrático no se ha comunicado a la Junta Electoral y su nombre sigue en el censo. Por eso algunos pueden votar. A otros, según fuentes del sector, les preocupa poco si sus familiares con discapacidad pueden o no votar.
El abogado experto en estos casos que ganó el pleito para Víctor reclama «sistemas más respetuosos que protejan sin quitar derechos fundamentales, como en Italia o Alemania». «No se pueden abordar problemas del siglo XXI „zanja Chema Sánchez„ con soluciones del siglo XIX».
