Se avecinan movimientos de sillones en el Consell. Cambiar piezas en el Ejecutivo era el viernes una posibilidad sin urgencias. Tras los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, con un retroceso considerable en global de las fuerzas que sostienen el gobierno valenciano, todo se ha acelerado.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abrió ayer la espita de las especulaciones al asegurar que es «evidente» que habrá cambios en el Consell, que ni precisó en el tiempo ni en su contenido. Se refirió a la necesidad de «optimizar» la gestión y «mejorar algunos engranajes», pero sin aclara «cuándo ni cómo» se producirán los «lógicos» ajustes.

Lo dijo en una entrevista en la cadena SER, en su única comparecencia ayer ante medios de comunicación. Con todo, en los planes que se manejan en el Palau de la Generalitat no entra una gran crisis de gobierno. Más bien, el objetivo es introducir cambios en el segundo escalón.

En el punto de mira están aquellos altos cargos que se han visto envueltos en polémicas en los últimos meses. Esta línea de actuación coloca en el disparadero a la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, apoderada de una empresa titular de una gasolinera sancionada por contaminación y desobediencia.

También la secretaria autonómica de Sanitat, Dolores Salas, por contratar a su hija en la fundación Fisabio. Incluso la secretaria autonómica de Economía Sostenible y Comercio, María José Mira, podría verse afectada tras las tensiones en el departamento por la regulación de los horarios comerciales.

En un Consell bipartito (PSPV-Compromís), y con apoyo exterior de Podemos, los juegos de equilibrios son fundamentales. No es casual así la adscripción de los tres nombres citados: Cucarella, al Bloc; Salas, al ala de Compromís más próxima a la vicepresidenta, Mónica Oltra, y Mira, al PSPV.

La estabilidad en el bipartito es también el argumento para apartar del debate, al menos de momento, el cambio de un conseller.

En este sentido, el más señalado es el de Economía, Rafael Climent, dada la cantidad de charcos que han ido surgiendo en su departamento.

El factor que podría provocar ineludiblemente un retoque en el primer nivel del Consell es la entrada de Podemos, el tercer firmante del Acuerdo del Botànic. El secretario general de la formación, Antonio Montiel, dejó ayer la puerta abierta a esta posibilidad, con algunas condiciones. «Si es posible un acuerdo para los presupuestos de 2017 y para una hoja de ruta de legislatura, podemos hablar de todo, no antes», declaró a Levante-EMV.

En la misma línea, no descartó que el Consell tenga que adoptar «medidas de reforma», si bien incidió en que sea «pensando en para qué, no en quién».

Los hipotéticos cambios no llegarán, en todo caso, antes del segundo «seminario» del Consell, después del de Morella. Se celebrará del 8 al 10 de julio en Torrevieja. «Será el momento perfecto para tratar estos asuntos, sin el rigor de un pleno del Consell», apuntan en Presidencia.

En cuanto a cambios de estrategia y de ejes de actuación, en el entorno de Ximo Puig trasladan cualquier decisión a la comisión de seguimiento del Pacto del Botànic.

Esta es una urgencia que ayer ponían encima de la mesa dirigentes de Compromís y Podemos. Montiel destacaba la importancia del presupuesto del año próximo para situar la economía como «eje fundamental» de la acción de gobierno junto a la recuperación del empleo y de poder adquisitivo para las personas.

«Hay que ir más allá de la denuncia de la infrafinanciación», remarcaba.

Argumentos similares deslizaban miembros de la dirección de Compromís: la necesidad de hacer tangible el cambio, que los ciudadanos lo noten en su bolsillo y en la vida ordinaria. ¿En qué se traduciría este nuevo relato del bipartito (o tripartito)? En medidas sencillas, aún a costa de que sean calificadas de populistas, como la gratuidad de algún servicio, rebajas de impuestos o mejoras en listas de espera.