El vicepresidente José Císcar expresó ayer su «respeto absoluto» a la decisión del Tribunal de Cuentas que, como publicó Levante-EMV en su edición de ayer, considera que en el caso de las ayudas a Nicaragua que sirvieron para comprar pisos en Valencia, durante la etapa en la que el exdiputado del PP Rafael Blasco era conseller de Solidaridad, pudo haber «responsabilidad contable», e identifica como «presuntos responsables solidarios» al propio Blasco, al exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Català, al ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y al presidente de la Fundación Cyes (no confundir con la constructora), Marcial López. El auditor cifra el perjuicio causado a la Generalitat en 1,95 millones, de los que 1,62 millones serían las subvenciones recibidas por Cyes y los 327.470 euros restantes, los intereses generados desde que se transfirieron los fondos, el 11 de septiembre de 2008. Blasco y el resto de afectados deberán presentar un aval como garantía de los fondos en el proceso que se iniciará ahora.
Císcar fue inquirido por la decisión del órgano fiscalizador tras el pleno del Consell. «Respetamos absolutamente la decisión del Tribunal de Cuentas», dijo el portavoz del Ejecutivo. «No es un tribunal de justicia pero actúa con absoluta independencia, objetividad e imparcialidad. Es una autoridad en materia contable y toma sus decisiones», puso en valor.
El voto particular clavó la petición
En la decisión, es clave que se les reclame la totalidad de la subvención que se entregó a Cyes. La auditoría de la Sindicatura de Comptes consideró pendiente de acreditación 1,1 de los 1,6 millones mientras el síndico Antonio Mira-Perceval, en su voto particular, emplazaba al Consell a instar el reintegro de la totalidad de los fondos. El Tribunal de Cuentas le da la razón.
