Las viviendas de protección oficial, las conocidas como VPO, no viven su mejor momento. Atrás han quedado los años felices de esta clase de construcción que gozaba, por ejemplo, de subvenciones que podían alcanzar el 20 % del precio del inmueble.
El apogeo de las viviendas de protección oficial ha decaído en la Comunitat Valenciana. Desde la instauración del régimen franquista se han construido 193.065 viviendas repartidas en 22.000 promociones a lo largo del territorio autonómico.
Pero ni la obligación legal de la Administración de reservar un 30 % de los solares a viviendas de protección oficial consigue que las VPO alcen el vuelo.
Las VPO tienen ventajas en el mercado inmobiliario. Las hipotecas de estas edificaciones están vinculadas a un préstamo convenio. Es decir, no se rigen por los precios fijados en el mercado y sus cuotas son bastante más bajas, lo que facilita el pago mensual. Estos préstamos tienen unas condiciones especiales para los compradores por lo que la venta de los inmuebles suele tener éxito. El precio de la vivienda es más económico, pero a cambio el dueño no podrá hacer negocio con su compra, por ejemplo, venciéndola por un precio más alto que el que pagó cuando la compró.
La Generalitat está promoviendo la construcción de pisos protegidos a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), aunque está limitada por su situación financiera. Para poder aumentar su parque de vivienda pública, el Consell se ha reservado un derecho de tanteo de las viviendas protegidas cuando sus propietarios están interesados en venderlas para comprarlas antes que lo haga un tercero, según explicaron fuentes de la conselleria. El precio no le afecta al vendedor porque está tasado y no puede superar las tablas establecidas.
14.000 solicitudes
La demanda, sin embargo, existe. Como ya publicó este periódico semanas atrás, catorce mil personas han solicitado una vivienda social. Sin embargo, no hay pisos disponibles en el parque público de vivienda. Los inscritos solicitan, en unos casos, la asignación de una vivienda pública en arrendamiento y, en otros muchos casos, se trata de ciudadanos, familias o unidades de convivencia que al no poder acceder por sus propios medios a una vivienda adecuada, digna y asequible solicitan la ayuda de la administración.
La Generalitat Valenciana dispone de un parque de viviendas públicas destinadas a familias en riesgo de exclusión social y también de un parque de viviendas propiedad de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) para facilitar el acceso a aquellas personas que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda del mercado libre, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de viviendas sociales.
Una de las fórmulas de aumentar el parque público valenciano de viviendas sociales es la reactivación de obras de VPO que fueron paralizadas en varios municipios por gobiernos anteriores por falta de planificación y financiación.
La EVha aprobó iniciar los procedimientos para reanudar las obras de ocho edificios de viviendas, con una inversión de 6,3 millones de euros, y así poder ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler asequible en 111 viviendas más. Seis de ellos se encuentran en València ciudad, otro en Aspe y otro en Castelló.
