¿Cuáles son las preocupaciones legales más recurrentes tras el estado de alarma?

Esta ‘nueva normalidad’ traerá consigo un considerable aumento de los procedimientos judiciales, pues a los paralizados como consecuencia de la pandemia de la covid-19 se unirán ahora todos los derivados de una situación en la que, aunque fuera de manera transitoria, los derechos de los ciudadanos se han visto afectados. En ocasiones con unas líneas rojas demasiado difusas ante las que los abogados cobrarán una especial importancia como vehículo a través del cual los ciudadanos podrán reclamar sus derechos si entienden que se han visto mermados o agraviados.

Ignacio Castillo Castrillón, fundador y director del prestigioso despacho valenciano Castillo Castrillón Abogados, atiende a Levante-EMV para reflexionar respecto a este nuevo escenario.

¿Qué retos y consecuencias ha tenido para los abogados el estado de alarma?

El gran número de decretos que ha dictado el Gobierno bajo el paraguas del estado de alarma ha ocasionado que los abogados debemos estar actualizados más si cabe por esta ingente nueva cantidad de normativa para adaptarnos a una nueva situación legislativa desconocida hasta entonces. Hablamos de una situación excepcional que generará nuevos retos para nuestra profesión. Por ejemplo, en un despacho como el nuestro que presta servicio en todo el territorio nacional, al quedar suspendida la libertad de movimientos, adaptamos toda nuestra infraestructura a las nuevas tecnologías, estableciendo un teléfono de asistencia legal 24 horas o un servicio de videollamada para poder seguir atendiendo a nuestros clientes.

¿Ha variado la tipología de las consultas recibidas en su despacho de abogados de València?

Desde el punto de vista penal, hemos observado que ha habido una transmutación de los hábitos delictivos como consecuencia del confinamiento. Al no poder salir de casa, algunos delitos han reducido significativamente su incidencia, pero las consultas por otros como la violencia de género, la desobediencia a la autoridad o los delitos informáticos han aumentado. Desde el punto de vista civil, por su parte se han incrementado considerablemente las reclamaciones de consumidores por servicios que han dejado de prestarse por el cierre de muchas empresas y establecimientos. Resumiendo, en muchas ocasiones las líneas que marcaron esta nueva situación legislativa han sido muy difusas y eso está llevando a muchos ciudadanos a reclamar lo que consideran una vulneración de sus derechos.

¿Podría darse un colapso judicial?

Gracias a la excelente calidad jurídica y humana de los miembros integrantes de la Administración de Justicia es complicado que exista un colapso como tal, pero sí pueden generarse retrasos importantes. Se juntan muchas circunstancias. Por un lado, la reactivación de los procedimientos anteriores al estado de alarma, muchos de ellos con retrasos ya acumulados en la gestión y tramitación de expedientes. Y, por otro, unimos la avalancha de nuevos procedimientos que estamos advirtiendo derivados de la crisis generada por la covid-19, lo que unido a la carencia de medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, sí hace previsible que se produzcan retrasos en la tramitación y gestión de los procedimientos judiciales. Un ejemplo lo tenemos en China, donde solo las demandas de divorcio post-pandemia llegaron a colapsar los juzgados.

Un divorcio largo siempre es problemático. ¿Qué pueden hacer los abogados para tratar de aliviar esos plazos?

La familia es el núcleo en base al que pivota toda nuestra vida, por lo que hemos de trabajar en ofrecer soluciones satisfactorias y lo más ágiles y rápidas posibles. No solo en el caso de los divorcios. En nuestro despacho ya tenemos muchísimas consultas sobre todo tipo de procedimientos relacionados con el Derecho de Familia, como custodia y guardia de los hijos, régimen de visitas o pensiones alimenticias. Como abogados, nuestro primer objetivo ahora es, siempre que sea posible y en beneficio de nuestros clientes, negociar y transar con la parte contraria para tratar de llegar a acuerdos extrajudiciales y evitar que se dilaten demasiado en el tiempo ese tipo de procedimientos una vez judicializados.

A nivel económico, ¿cuáles están siendo las primeras consecuencias de la crisis?

Ya estamos notando que muchos empresarios y autónomos, aunque teóricamente ya podrían hacerlo, no están levantando las persianas de sus negocios y siguen acogiéndose a las ayudas del Gobierno. Y aunque se ha ampliado la obligación de presentarse a un concurso de acreedores hasta el 1 de enero de 2021, lo cierto es que, como especialistas en Derecho Concursal, muchas empresas ya nos están consultando sobre los requisitos y consecuencias de acogerse a un preconcurso o un concurso de acreedores, al haber visto seriamente comprometida su viabilidad económica. Es una situación bastante delicada, por cuanto la tramitación del concurso de acreedores provoca un efecto cascada, arrastrando también a trabajadores con EREs concursales y despidos masivos, así como a proveedores que puede que no tengan la capacidad de asumir el impago generado por la empresa que entra en concurso.

¿Y cuándo esas deudas afectan a autónomos o particulares?

En España contamos afortunadamente con la Ley de Segunda Oportunidad, que permite que aquellas personas físicas, sean empresarios, autónomos o particulares, que no puedan hacer frente a sus préstamos y deudas, debiendo responder ante ellas con sus bienes presentes y futuros, puedan encontrar una segunda oportunidad para reemprender de nuevo su vida sin arrastrar esas deudas. Esta ley habilita a quien no puede pagar ese pasivo a intentar renegociarlo con sus acreedores e, incluso en el caso de no alcanzar ningún acuerdo, exonerarse del mismo y empezar a rehacer su vida. En contra de lo que mucha gente piensa, y bien asesorados por un abogado, es un proceso rápido y muy económico en comparación con el montante de la deuda acumulada.

Con la nueva normalidad, a partir de la semana que viene podremos desplazarnos ya libremente por toda España. ¿Esto puede implicar un aumento en los accidentes de tráfico?

Obviamente el estado de alarma implicó un notable descenso en el número de accidentes de tráfico al estar suspendida nuestra libertad de movimientos. Con las diferentes fases de desescalada y la posibilidad de moverse entre provincias ya hemos notado en nuestro despacho un incremento en las gestiones relacionadas con accidentes de tráfico, algo que presumiblemente se acrecentará cuando podamos movernos libremente por todo el territorio nacional a partir de la semana que viene. Son cada vez más las personas que ante un daño personal o material en este tipo de siniestros recurren a nosotros como abogados especializados para obtener la mayor indemnización posible.

¿Y qué ocurre con las herencias en un país con cerca de 30.000 fallecidos por la pandemia?

Obviamente está siendo uno de los motivos de consulta más habituales en las últimas semanas por la gran cantidad de pérdidas humanas provocadas por la pandemia, en relación al patrimonio que dejan y cómo debe repartirse entre sus herederos. Para esta división, haya o no testamento, y haya o no conflicto de intereses entre los herederos, es fundamental la figura de un abogado que determine el caudal previsto del patrimonio de la persona fallecida y, después, la distribución entre sus herederos, o si el testamento presenta algún tipo de nulidad o vicio.

¿Y qué hay del más de un millón de multas que se han impuesto por violar el estado de alarma?

Es un tema del que se ha hablado mucho, especialmente en lo que se refiere a las multas por saltarse el confinamiento. El estado de alarma permite, según la Constitución, la posibilidad de limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de libre circulación, pero no suspenderlos. Esto correspondería a un estado de excepción, lo que nos permite justificar jurídicamente la nulidad de muchos de esos procedimientos administrativos que terminarían con la imposición de una sanción o multa. En este caso, la persona afectada dispone de 15 días para presentar alegaciones ante la Delegación de Gobierno, que se computará una vez finalice el estado de alarma y se reactiven los plazos. Es decir, a partir de este lunes 22 de junio.

Para más información sobre cualquier trámite legislativo, puede consultar con el equipo de Castillo Castrillón Abogados visitando su oficina en Valencia, su página web o a través del número de asistencia legal 24 horas: 960 652 424.