OTR Press/ Efe, Madrid/ Ceuta

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí señaló que en el asalto los subsaharianos atacaron con gran violencia los puestos de los servicios de seguridad marroquíes, por lo que estos ejercieron el derecho a la «legítima defensa» matando a seis personas e hiriendo a varias más. Benabdelá, que hizo hincapié en que los subsaharianos utilizaron la violencia debido a su desesperación, añadió que todas las víctimas eran hombres.

En la madrugada de ayer se produjeron un total de tres intentos de avalanchas de más de 400 subsaharianos entre las 5.00 y las 7.00 horas. Tan sólo un inmigrante consiguió acceder a territorio español por la actuación de efectivos de las Fuerzas de Seguridad española y marroquí. Además, la Gendarmería y las Fuerzas auxiliares marroquíes detuvieron al menos a 265 subsaharianos que participaron en este intento de entrada masiva.

Orden de disparar

El gobernador de Nador, Abdelá Bendhiba, también explicó que la «inusual violencia» del asalto obligó a los servicios de seguridad marroquíes a responder en legítima defensa. Bendhiba señaló que aunque las autoridades marroquíes lamentan estas muertes, «seguirán en estrecha colaboración y coordinación con sus homólogos españoles, luchando sin descanso contra los que ordenan y los que organizan este tráfico de emigrantes».

Según ha denunciado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) el fuerte dispositivo de seguridad desplegado en la zona recibió la orden de disparar en caso de que hubiera un nuevo asalto. Según la ONG -informa la Cadena Ser- la orden se había impartido hace tres días por la máxima autoridad del país, es decir la Casa Real marroquí. Las muertes, añaden las mismas fuentes, confirman la brutalidad utilizada por las fuerzas de seguridad marroquí.

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se encuentra de visita en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para conocer la situación que se vive en las fronteras con Marruecos, confirmó ayer que anoche se produciría la primera devolución de inmigrantes a su país de origen, que afectará a 70 inmigrantes que permanecen en Melilla y que son originarios de Mali. Fernández de la Vega resaltó que confía en este tipo de devoluciones «ya que hay un convenio internacional y todos los convenios se respetan y se cumplen, por lo que esta operación se realizará en el marco de un acuerdo que establece unas condiciones para devolver a los inmigrantes». El traslado de los inmigrantes er realizará por vía marítima desde Cartagena.

Sin garantías

En este sentido, algunas de las ONG que asistieron ayer a una reunión en Melilla con la vicepresidenta del Gobierno han mostrado su oposición a la presencia del ejército en el doble perímetro fronterizo y a la devolución de los inmigrantes subsaharianos a Marruecos.

José Alonso, de la Asociación Pro Derechos Humanos, se mostró «en contra de la presencia del ejército en la frontera, por no ser su función», además de criticar las condiciones «precarias» en las que están los soldados, con guardias de 24 horas seguidas.

Manifestó que varias ONG se han mostrado, en la reunión con la vicepresidenta, en completo desacuerdo con la expulsión de inmigrantes a Marruecos, porque no se ofrece ninguna garantía. Alonso añadió que «estamos viendo estos días la cantidad de muertos y heridos que está habiendo en Marruecos», por lo que firmar una orden de expulsión «podría suponer una sentencia de muerte».