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El anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación prevé la creación del denominado Estatuto de Joven Empresa Innovadora, una normativa que apoyará a aquellas entidades cuyo gasto en investigación y desarrollo sea al menos del 15%, con el objetivo de consolidar su actividad. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia , apostó por que la estrategia estatal de I+D+i se desarrolle a través de la coordinación e integración entre todas las autonomías, pues dado el desarrollo que las Comunidades han realizado en los últimos años en este terreno, "no cabe el centralismo".
Así lo resalto ayer en Valladolid Garmendia, que acudió al acto de clausura del segundo Foro de Movimientos Sociales, organizado por las Juventudes Socialistas. La ministra advirtió de la necesidad de que los científicos españoles sean emprendedores, algo que facilitará y protegerá este Estatuto, que se desarrollará a partir del contenido de la ley. Esta nueva norma sustituirá a la actual Ley de Ciencia, vigente desde el año 86, y pretende transformar el conocimiento en innovación para lograr desarrollo social y progreso económico, según Garmendia.
Importancia del sector privado
Entre las novedades que introduce en el marco normativo actual, se encuentra la eliminación del sistema de becas del sistema público español y su sustitución por contratos temporales con todos los derechos, entre los que se encuentran el paro y la baja por maternidad.
El anteproyecto de Ley, aprobado el pasado viernes día 12 en el Consejo de Ministros, pretende corregir el problema de la falta de movilidad de los investigadores y auspiciar su circulación por organismos públicos, universidades y el sistema privado, algo que se traducirá en la "mejora de su carrera", destacó.
La norma instaura, asimismo, un nuevo tipo de contrato para investigadores distinguidos que ambiciona captar talento de los investigadores internacionales. Además, Garmendia situó a España como la novena potencia mundial en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
"Mientras Europa está "estancada",aseguró, "la inversión en I+D+i se ha incrementado en España el 30% durante los últimos años de Gobierno socialista, un hecho al que se debe dar continuidad, no sólo con un esfuerzo desde el ámbito público, sino también desde el privado", señaló.
La intención del Ejecutivo al plantear esta reforma legal es retener el talento de los investigadores, así como atraer cerebros extranjeros e intentar que los científicos vuelquen sus esfuerzos en la investigación y reduzcan los trámites burocráticos. Según el Gobierno, la norma será, junto a la Ley de Economía sostenible, una de las "claves" para constuir un nuevo modelo productivo, más sostenible y estable a largo plazo.
