16 de mayo de 2010
16.05.2010
Levante-emv
El juzgador juzgado

Jueces al otro lado de la justicia

16.05.2010 | 02:00
El juez Garzón en su última comparecencia ante el Supremo.

El juez Baltasar Garzón, tiene en estos momentos tres querellas ante el Tribunal Supremo. Una de ellas ya le va a llevar al banquillo y ha supuesto su suspensión cautelar en la Audiencia Nacional. Al tratarse de un juez estrella y que su imputación sea por investigar el franquismo hace que éste sea un caso excepcional. Pero no es el único. Se suma a una larga lista de jueces que han estado al otro lado de la Justicia.

El juez Baltasar Garzón, hasta ayer titular del Juzgado Número Cinco de la Audiencia Nacional tendrá que sentarse en el banquillo, imputado por prevaricación en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. Este auto le ha supuesto de momento la suspensión cautelar como juez. Pero tiene además otras dos causas pendientes en el mismo tribunal, por las facturas de los cursos en Nueva York y por las escuchas entre los principales imputados del caso Gürtel.

El juez estrella por excelencia en nuestro país y el más emblemático en el exterior puede haber acabado su carrera judicial después de que el viernes el Poder Judicial decidiera su suspensión hasta que se celebre el juicio. Entonces, si el tribunal considera que hay delito le llevaría a la inhabilitación -20 años piden las acusaciones-.

Pero su caso, con ser el más llamativo, no es único. Otros jueces, alguno de ellos también de las altas esferas de la magistratura, -de la Audiencia Nacional y un presidente de una Audiencia Provincial- ya han pasado por este camino y se han enfrentado al otro lado de la Justicia, la de ser juzgados.

Estevill, el gran prevaricador
Uno de los procesos más sonados de jueces en el banquillo de los acusados fue el del juez catalán Luis Pascual Estevill, condenado por el caso de corrupción judicial más grave en nuestro país. Recién estrenado 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Estevill a nueve años y cuatro meses de cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de más de 1.800.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación cometidos en su etapa de magistrado de instrucción en Terrassa y Barcelona en los años 90.

La sentencia considera probado que Estevill, junto con el afamado letrado barcelonés, Piqué Vidal -abogado de Jordi Pujol en el "caso Banca Catalana"- y también condenado, acordaron extorsionar a diversos empresarios entre 1990 y 1994. El juicio se había celebrado en octubre de 2004 y el juez quedó en libertad bajo fianza de 600.000 euros. Por entonces Estevill ya había sido inhabilitado y había pasado a la categoría de ex. Y es que en 2001 ya había sido condenado a siete años de cárcel por delito fiscal y una sentencia anterior, de julio de 1996, le impuso seis años de inhabilitación por prevaricación continuada.

La sentencia fue recurrida y llegó al Tribunal Supremo, que falló en septiembre de 2006 y ratificó en casi todos sus puntos la condena del TSJC, es decir, nueve años de cárcel por seis casos de sobornos, chantajes y actuaciones arbitrarias cometidas entre 1990 y 1994 y por las que cobró 450.759 euros.

Para el Supremo estaba claro que el entonces juez y el abogado Piqué urdieron un insidioso plan para extorsionar a los empresarios a los que el primero investigaba y el segundo defendía. Los empresarios abonaron diversas cantidades de dinero al juez y al abogado para no ingresar en la cárcel o para salir al cabo de unos días de entrar. El Supremo también condenó al ex juez a cuatro meses de arresto por alzamiento de bienes y seis años de inhabilitación por el delito de detención ilegal.

A Estevill le gustaba decir en su etapa de juez la frase "el pájaro a la jaula" y el 20 de octubre de 2006, con 72 años de edad, el pájaro ingresó en la jaula de Quatre Camins, en Barcelona, un lugar que le era conocido porque allí pasó varios meses por otras causas. Había agotado el plazo de tres días que el TSJC le había dado para su ingreso voluntario. Atrás dejó carrera judicial que incluso le llevó, de la mano de CiU, a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, del que también fue expulsado tras su primera condena a seis años de inhabilitación por prevaricación en 1996. Estevill, a sus 76 años, sigue en prisión. Aunque se especulaba que por su edad obtendría el tercer grado penitenciario, no ha sido así.

Gómez de Liaño, se topó con Prisa
Francisco Javier Gómez de Liaño, gallego de nacimiento, saltó a la prensa tras asumir en 1997 una denuncia contra el grupo Prisa y procesar a su presidente, Jesús de Polanco, y a Juan Luis Cebrián y todo el consejo de administración de Sogecable.

Es el antecedente más parecido al actual del juez Baltasar Garzón. Hijo del fiscal y magistrado Mariano Gómez de Liaño, Francisco Javier era un juez famoso, vocal del CGPJ entre 1990 y 1995, que también llegó a la Audiencia Nacional, donde asumió casos relacionados con el GAL, como el de Lasa y Zabala.

A este alto tribunal llegó la denuncia contra Sogecable y Canal Plus por presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación a los 23.000 millones de pesetas de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión de pago.

Gómez de Liaño, como juez de instrucción de la Audiencia Nacional instruyó la querella, pero en el marco del procedimiento adoptó varias medidas de carácter cautelar que algunos de los querellados entendieron como constitutivas de prevaricación, por lo que se querellaron contra él.

Y, como Garzón, Gómez de Liaño pasó de la Audiencia Nacional a ser imputado en el Supremo. En 1999, Jesús de Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso y el magistrado fue condenado y apartado de la carrera judicial por sentencia del Supremo que lo condenó a penas de multa y de inhabilitación de 15 años para el ejercicio de funciones judiciales por un delito continuado de prevaricación.

El juez inició entonces un entramado judicial contra los tribunales españoles. Recurrió en diversas instancias. Solicitó al Supremo la recusación de los magistrados que componían la Sala que llevaba su caso, al Constitucional, donde alegó la vulneración de su derecho a un juez imparcial y llevó el caso ante el Tribunal de Estrasburgo.

Pero mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidía, fue indultado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar para volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Aunque él ha preferido desde entonces ejercer como abogado.

En 2008 el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón, si bien no le absolvió de los delitos por los que fue condenado ni anuló las sentencias del Supremo ni del Constitucional, sí reconoció que España violó el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, puesto que los tres magistrados que lo juzgaron ya habían intervenido previamente en numerosos casos de instrucción del caso. Los jueces de la Corte europea condenaron a España y acordaron que el Estado indemnizase al ex magistrado con 5.000 euros por "daños morales".

Asesoró a un narcotraficante

El Consejo General del Poder Judicial decidió el pasado mes de abril expulsar de la carrera judicial al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, por cuatro infracciones muy graves cometidas por favorecer a un narcotraficante. Aunque el Supremo consideró que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito y fue absuelto, la vía disciplinaria siguió su cauce y el pleno del órgano de los jueces decidió apartar a Martín, al considerar las cuatro faltas de las que se le acusaba muy graves -por actividades incompatibles con el cargo de juez, inobservancia del deber de abstención e intromisión en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado-.

Martín había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a un año y medio de suspensión y a una multa de 7.200 euros por sus reuniones y asesoramiento a la familia de un narcotraficante sobre el que tenía que decidir sobre su puesta en libertad bajo fianza. Antes de la vista oral Martín sugirió al Fiscal Antidroga de Canarias que pidiese una fianza, aunque fuese millonaria, para que el acusado no entrase en prisión y también intentó convencer a sus compañeros de Sala, aunque no lo consiguió.

Sin embargo fue absuelto por el Supremo que consideró que el pretendido asesoramiento a un narcotraficante del que se le acusaba carecía de relevancia para ser considerado delito, una sentencia muy discutida y calificada de "escandalosa" por algunos jueces.

Tras la condena del TSJ de Canarias José Antonio Martín se convirtió, hace cuatro años, en el primer presidente de una Audiencia Provincial expulsado de la carrera judicial. Tras la absolución del Supremo pidió la incorporación y hace dos meses había ocupó la plaza de presidente de la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, que ahora, con 70 años recién cumplidos se ve obligado a dejar por la inhabilitación con la que le ha castigado el poder Judicial.

Urquía, el amigo de Roca
El juez alicantino, Francisco Javier de Urquía, que fue titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, es otro de los miembros de la judicatura que ha sido condenado por prevaricación.

El que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí y cerebro trama Malaya, Juan Antonio Roca, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2008 que había entregado en mano 73.800 euros al juez para ayudarle en la adquisición de una vivienda. A penas dos días antes de recibir el dinero Urquía había resuelto a favor de Roca en una demanda presentada por éste contra el propietario de la televisión local Telemar. Esta decisión sirvió para que suspendiera, en marzo de 2006, la emisión de un programa televisivo crítico con el ex asesor de Urbanismo. Urquía incluso asesoró a Roca para subsanar algunos defectos formales que le obligaban a archivar la denuncia.

El alto tribunal andaluz condenó a Urquía en 2008 por prevaricación y cohecho, pero el Supremo decidió el pasado año absolver al juez del primero y le mantiene el de cohecho, con una condena de dos años de prisión, multa de 73.800 euros y siete años de inhabilitación.

Pero, además, Urquía, está implicado en otro procedimiento por el que será juzgado en el TSJA el próximo día 17. Urquía está acusado por ofrecer supuestamente favores judiciales a cambio de beneficio económico durante la conocida como "operación Hidalgo". La Fiscalía le atribuye los delitos de prevaricación y cohecho y pide para él dos años de cárcel, 30 de inhabilitación y una multa de 8,1 millones de euros.

Según la investigación, Urquía aprovechó su competencia como instructor de la causa para ponerse de acuerdo con dos de sus amigos, que conocían a personas afectadas por el procedimiento, para obtener beneficio económico a cambio de ofrecer favores judiciales.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Lo último Lo más leído