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Al juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita le llegó un expediente que no le gustó. Se trataba de la adopción de una menor por una mujer lesbiana. Pasaba el tiempo y el expediente no salía de los cajones de su despacho. Calamita reiteró siempre que actuó en defensa del interés de la menor, pero el caso es que fue condenado por prevaricación al entender la Justicia que hubo un retardo malicioso en atender la solicitud de la adopción de la niña.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le condenó en 2008 a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, pero un año más tarde, el Supremo atendió en parte los recursos del fiscal y la acusación particular y subió la condena a 10 años de inhabilitación.

Tampoco le gustó a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Denia, Laura Alabau tener que casar a homosexuales, a lo cual se negó.

En julio de 2005 recurrió ante el Constitucional la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y paralizó un expediente de matrimonio solicitado por dos mujeres. El Alto Tribunal desestimó la cuestión planteada por la magistrada. Sin embargo, en 2006 otras dos parejas homosexuales solicitaron en el Registro Civil de Dénia autorización para contraer matrimonio, petición que la jueza rechazó porque los solicitantes eran británicos y debían casarse conforme a su ley nacional. Unos meses más tarde rechazó un informe de capacitación matrimonial presentado por otra pareja de extranjeros y rechazó su unión.

A pesar de todo, Alabau se sintió víctima y se quejó de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno". El Ministerio de Justicia pidió al CGPJ que actuará y la comisión disciplinaria acordó abrir un expediente por la posible comisión de una falta grave. Se saldó con una multa de 350 euros, aunque finalmente fue retirada. Alabau fue traslada, dice que a petición propia, a un juzgado de Castelló.

El "caso Mari Luz"

El juez Rafael Tirado dejó sin ejecutar una condena. Pero el condenado no era otro que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. El Poder Judicial impuso al juez una sanción de 1.500 euros por una falta grave por retraso injustificado, sanción que fue confirmada por el Supremo. La peor parte se la llevó la secretaria judicial, Juana Gálvez, suspendida por seis meses.