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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que seguirá adelante con el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, insistiendo en que el recurso de inconstitucionalidad que presentará hoy el PP a los dos decretos que desarrollan la ley, "no paraliza el desarrollo de la ley", que entrará en vigor el próximo 5 julio "como estaba previsto". Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Jiménez señaló que "raramente" el Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, al tiempo que advierte que la norma no tolerará "ningún resquicio legal" que permita a comunidades autónomas, como Navarra, que ayer oficializó la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad, negarse a su cumplimiento.

"No hay resquicios legales posibles, ya que las leyes se aprueban para el conjunto del territorio español y son de obligado cumplimiento para todos los gobiernos autonómicos, como se va a ver", manifestó la ministra. Además, la ministra manifestó que su obligación "es ofrecer un marco jurídico de total garantías desde el punto de vista clínico para la mujer, y desde el punto de vista jurídico para los profesionales". De este modo, el ministerio presentó a las comunidades dos reales decretos que marcan el desarrollo de la ley, uno sobre el procedimiento a seguir y sobre la garantía de calidad de prestación en las interrupciones involuntarias del embarazo, que aunque no contaron con el apoyo de las comunidades "populares", como Madrid, Castilla y León o Comunidad Valenciana, pasarán a una fase de alegaciones y "seguirán el calendario previsto".