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El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, anunció ayer que el Gobierno de Cataluña ha aprobado aumentar la presión fiscal del tramo autonómico del IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros, lo que supone un 0,5% de los catalanes -unos 20.000- sujetos a este impuesto.

La subida se hace de manera progresiva y en dos tramos del IRPF, el primero de ellos a partir de los 120.000 euros de renta, cuyos contribuyentes se verán afectados en dos puntos, pasando a tributar del 21,5% al 23,5%. El segundo tramo es para las rentas a partir de los 175.000 euros anuales, que se gravarán con cuatro puntos adicionales, pasando a tributar del 21,5% al 25,5%.

La subida del tramo autonómico del IRPF que entrará en vigor en 2011 tendrá un efecto leve en los ingresos de las arcas de la Generalitat, apenas 75 millones de euros adicionales.. "Ésta es una subida de impuestos que complementa un conjunto de ahorro del gasto en 1.670 millones, y supondrá una reducción del déficit en 2.100 ó 2.200 millones de euros", mantuvo Castells.

Además plantea la desaparición de 63 entidades dependientes de la Generalitat catalana, el 26% de las 247 actuales, y la postergación de inversiones en obra pública (obra civil y edificación) por 532 millones.

También el presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, planteó ayer una subida de un punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros, al tiempo que propuso elevar el tipo del 7 al 8% del Impuesto de Transmisiones en el caso de bienes inmuebles superiores a 450.000 euros.

Además, anunció que impulsará un recorte del gasto en coches oficiales, teléfonos móviles y dietas de los altos cargos con el fin de reducir el déficit público.

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que el objetivo prioritario de España en este momento es "recuperar la confianza dentro y fuera" y crear empleo y añadió que para ello es necesario "un plan ordenado" que fije un "rumbo cierto" y "acabe con los bandazos" del Gobierno socialista. Según precisó, ese plan debe incluir medidas como una reforma "en profundidad" del sector público, una rebaja selectiva de impuestos o una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que "prohíba el déficit" y fije techos de gasto y endeudamiento de las administraciones públicas.

Rajoy planteó estas propuestas en el Congreso de la Empresa Familiar de Madrid, al que asistieron numerosos empresarios.

En relación a los recortes presupuestarios, el ministro de Fomento, José Blanco, dijo ayer que "no es descartable" rescindir contratos con algunas empresas adjudicatarias de obras públicas, aunque comentó que van a intentar que "sean los menos" porque su intención es negociar con las mismas y acordar soluciones.

En un desayuno informativo, Blanco explicó que es necesario reprogramar alrededor de 3.000 obras en marcha en España, lo que "es bastante complejo y no se puede hacer de un día para otro".