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El Ministerio de Defensa ha decidido demorar la primera fase del contrato de más de mil millones de euros para adquirir una flota de más de 300 blindados 8X8 hasta conocer la inversión disponible para las Fuerzas Armadas en los próximos años de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La compra de una nueva flota de blindados de ocho ruedas (8X8) está destinada a reforzar de forma definitiva la seguridad de las tropas desplegadas en Afganistán, que ya disponen de los blindados antiminas Lince y los blindados resistentes a ataques con cargas explosivas RG31 Nyala.
En una conversación con periodistas, el secretario de Estado de Defensa (Sedef), Constantino Méndez -jefe del órgano que coordina todo el proceso de contratación- explicó que el Ministerio ha decidido ralentizar la primera fase de este contrato -que podría contar con una inversión de más de mil millones de euros- hasta el momento en que el Gobierno haya cerrado el PGE, lo que provocará una demora en la adjudicación de la adquisición y, por tanto, un retraso en las entregas.
Méndez admitió que el Gobierno barajará un nuevo calendario y que, por ello, la empresa que fabricará el vehículo más protegido que tendrán las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones internacionales no será seleccionada a finales de este año, como estaba previsto inicialmente, sino que la decisión final se adoptará el próximo año.
El "número dos" del Departamento que dirige Carme Chacón anunció además que Defensa cerrará próximamente un contrato no previsto inicialmente pero que ha sido posible gracias a la reducción y ajuste de los recursos económicos disponibles y que supondrá dotar a las Fuerzas Armadas a lo largo de este año y el siguiente con 50 nuevos vehículos blindados antiminas Lince.
Por otra parte, El Gobierno asturiano se suma al de Cataluña y Baleares, también gobernados por socialistas, y aplicará una subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros y no descarta la posibilidad de aplicar "retoques" a otros tributos que también recauda la administración autónoma como los de sucesiones o transmisiones.
Esta medida forma parte del plan de ajuste en el que trabajan las Consejerías de Economía y de Administraciones Públicas del Gobierno regional, que prevé recortar el gasto público del Principado en 210 millones de euros a lo largo de este ejercicio, 60 millones más de los previstos inicialmente.
En cuanto al recorte salarial de la administración autonómica, será del 9% para el presidente y los consejeros y del 8% para los directores generales.
Tribunal Constitucional
También los once magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluida su presidenta Maria Emilia Casas, acordaron ayer en un Pleno bajarse 15% su sueldo. Las retribuciones actuales oscilan desde los 146.342 euros brutos anuales que cobra su presidenta María Emilia Casas, los 138.114 euros asignados al vicepresidente Guillermo Jiménez y los 125.502 que se embolsan los otros nueve magistrados.
