La futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, pactada por todos los grupos parlamentarios, recoge entre otras novedades una nueva tabla de indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960, el reconocimiento de la figura del amenazado y el acceso preferente al empleo público y a la vivienda.
La proposición de ley, que previsiblemente se registrará el próximo lunes con la firma de todos los grupos, aúna en un único texto toda la normativa dispersa en materia de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Establece un baremo fijo para las indemnizaciones para el fallecimiento -250.000 euros-, gran invalidez -500.000- e incapacidad permanente absoluta -180.000-, a los que se sumarán coeficientes correctores en función de las cargas familiares de la persona afectada. El Estado se hará cargo también del pago extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia, con un límite de 500.000 euros en caso de fallecimiento y de 750.000 euros para la gran invalidez.
