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Juan M. Carretero

valencia

Celestino Corbacho dejará a mediados de octubre el Ministerio de Trabajo e Inmigración para formar parte de las listas del PSC a las próximas elecciones catalanas del 28-N. Su cese, o destitución pactada, se produce tras la aprobación por el Gobierno de la reforma laboral que ha dado lugar la huelga general del pasado 29 de septiembre convocada por los sindicatos UGT y CC OO. Corbacho es el número 16 de los ministros de Trabajo desde que el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez encomendase hace 33 años a Manuel Jiménez de Parga la tarea de ordenar el mundo laboral y luchar contra el desempleo.

La tarea no ha sido fácil y el resultado un fracaso. En estas tres décadas largas se ha pasado de una cifra de en torno a los 600.000 parados a los cuatro millones actuales, situando a España como "el reino" del paro en Europa, si bien ninguno de los ministros se fue al paro.

Ingenieros, físicos, licenciados en Económicas y en Ciencias Políticas y Sociales y, sobre todo, juristas, licenciados y profesores de Derecho han sido los encargados de llevar esta cartera durante estas tres décadas, con cinco presidentes de Gobierno de tres partidos distintos (UCD, PSOE y PP). Los ministros de Trabajo procedían de distintas comunidades autónomas, con predominio de los andaluces (seis) y castellano-leoneses (cuatro), dos de las comunidades con mayor número de parados. El resto correspondían a Valencia, País Vasco, Asturias, Cataluña, Madrid y Baleares.

Zapatero (2004-2010)

El ministro Celestino Corbacho no ha tenido suerte. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero al iniciar su segunda legislatura dejó fuera del Ejecutivo al que había sido durante los cuatro años anteriores su ministro de Trabajo e Inmigración. La decisión causó una gran sorpresa, dado que Jesús Caldera era uno de los hombres fuertes del Gobierno y persona de confianza del presidente desde que fue elegido secretario general del PSOE. Zapatero recurrió entonces al ex alcalde de Hospitalet de Llobregat y ex presidente de la Diputación de Barcelona cuando ya la crisis, reconocida oficialmente o no, azotaba a España. Corbacho dejará el ministerio con la cifra récord de parados, en torno a los cuatro millones, lo que representa un 20% de la población activa. Corbacho ha tenido en su contra, además de la situación económica, a sus propios compañeros de Gabinete y ha tenido que asumir las reformas y recortes impuestos desde el área económica o por el propio presidente. Se va tras la huelga general y deja una situación muy complicada a su sucesor.

Su antecesor en el cargo, el salmantino Jesús Caldera, llevó la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales durante cuatro años y tras su salida del Ministerio pasó a presidir la Fundación Ideas del PSOE, cuya función primordial sería el impulso a nuevas ideas y proyectos para el partido. Como ministro tiene en su haber el haber elevado el SMI a 600 euros, una reforma laboral consensuada con los agentes sociales y el estatuto del trabajador autónomo, así como importantes iniciativas en materia de Asuntos Sociales, como la asistencia a personas dependientes, aumento a 15 días del permiso de paternidad y la Ley de Igualdad, entre otras. También llevó a cabo el proceso para la regularización de más de medio millón de inmigrantes que originó las críticas del PP que consideró que la regularización había producido un "efecto llamada".

Caldera cogió la curva del paro en una situación descendiente, que se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2006. Después, durante un año, no hubo grandes oscilaciones y alcanzó su mínimo en el segundo trimestre de 2007, con un 1.765.000 parados. A partir de ese momento el desempleo crece cada vez con más fuerza, con cifras de 609.100 en el último trimestre de 2008 -ya con Corbacho- y de 802.800 en el primero de 2009.

Así pues, los dos ministros de Trabajo de Zapatero han tenido luces y sombras, pero con un resultado final catastrófico. La tasa de paro que el Gabinete de Zapatero cogió en el 10,74% alcanzó su mínimo por debajo del 10% en el segundo trimestre del 2007 y desde entonces esa cifra se ha duplicado. También el número de ocupados alcanzó su cifra récord con 20.500.000 ocupados en el tercer trimestre de 2007 para situarse actualmente en una cifra inferior a los 18 millones de cotizantes a la Seguridad Social.

Aznar (1996-2004)

José María Aznar, en sus dos legislaturas al frente del Gobierno utilizó cuatro ministros para la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales. El sevillano Javier Arenas fue el primero de los ministros populares y el que tuvo que poner en marcha el Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso un año antes con el Gobierno socialista, para garantizar el sistema de pensiones. Le sucede otro sevillano, Manuel Pimentel, que es el único de los ministros de Trabajo que ha dimitido. Abandonó la cartera tras trece meses en el cargo, poco antes de las elecciones de 2000. Tres años más tarde también se dio de baja en el PP por su desacuerdo con la participación en la guerra de Iraq. El burgalés Juan Carlos Aparicio le sucede durante los últimos meses de la primera legislatura de Aznar y fue ratificado tras la victoria del PP en 2000. Sin embargo, dos años más tarde, tras la huelga del 20 de junio, sale del Gobierno y da paso al cartagenero Eduardo Zaplana, que deja la presidencia de la Generalitat Valenciana para hacer política en Madrid.

Los dos gobiernos del PP se caracterizaron por un crecimiento constante y continuo del empleo (se pasó de 12.626.700 a 17.865.800) y una caída del número de parados (desde los 3.735.300 hasta 2.227.200) y de la tasa de paro -del 22,83 hasta el 11,08 por ciento-.

Felipe González (1982-1996)

Felipe González en sus casi 14 años de Gobierno sólo tuvo en su gabinete cuatro ministros de Trabajo, prácticamente uno por legislatura. El primero fue el bilbaíno José Joaquín Almunia, que fue sustituido en el segundo Gobierno socialistas por el andaluz (nacido en Ceuta), Manuel Chaves, que sufrió la famosa huelga del 14 de diciembre de 1988 convocada por los sindicatos UGT y CC OO, que demandaban la creación de empleo, la reforma del INEM y la retirada del Plan de Empleo Juvenil. El propio Chaves reconoció que la huelga fue un duro golpe para el Gobierno socialista y marcó la ruptura entre el PSOE y UGT que tardaría años en cerrarse. Le siguió el asturiano Luis Martínez Noval, que permaneció tres años en el cargo hasta que en 1993 entró el sevillano José Antonio Griñán en el último gabinete de Felipe González.

La etapa de Felipe González se caracterizó por un estancamiento del empleo y un alto número de parados y de la tasa de paro. El número de ocupados tuvo un máximo de 13.120.200 y un mínimo de unos 11 millones y el número de parados osciló entre los 2.318.400 y los 3.932.9000, con un índice que osciló en torno al 20%, con un mínimo del 15,9 y un máximo del 24, 6%, el porcentaje más alto al que se ha llegado en la democracia.

Suárez-Calvo-Sotelo (1977-1982)

En los gobiernos de Adolfo Suárez (1977-1981) y Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982) fueron constantes los cambios de gabinetes y de ministros de Trabajo. El granadino Manuel Jiménez de Parga fue el primer ministro en la legislatura constituyente (Suárez gobernó un año antes sin elecciones) y no estuvo en el cargo ni un año. Fue sustituido por segoviano Rafael Calvo Ortega, que dirigió el departamento algo más de dos años en los que sacó adelante el Estatuto de los Trabajadores (1980). El siguiente fue Salvador Sánchez-Terán, nacido en Logroño pero considerado salmantino, que ocupó el cargo sólo cuatro meses. Félix Manuel Pérez Miyares, natural de Huelva, fue ministro en el último Gobierno presidido por Suárez.

Leopoldo Calvo Sotelo encargó el área de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social al madrileño Jesús Sancho Rof, quien en sus escasos ocho meses en el cargo fue el impulsor del primer Acuerdo Nacional de Empleo entre la CEOE, CC OO, UGT y el Gobierno. Y fue el balear Santiago Rodríguez Miranda el que cerró el ciclo de ministros de UCD.

La etapa de los gobierno de UCD se caracterizaron por el deterioro constante y continuo del desempleo. El número de ocupados cae de 12.777.300 a 11.477.800. El número de parados aumenta en casi 1.750.000 al pasar de los 589.000 hasta los 2.286.000, con una tasa de paro que sube desde el 4,4 al 16,61 por ciento.

Los parados perderán el derecho al subsidio si rechazan un empleo

Algunas de las últimas disposiciones de la reforma laboral del Gobierno de Rodríguez Zapatero ya se intentaron poner en práctica hace casi 20 años. Con Felipe González como presidente y Martínez Noval como ministro, se aprobó un Real Decreto sobre Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del Desempleo en el que se establecía que "los parados que rechacen una primera oferta de empleo, aunque ésta no sea de su profesión y el sueldo sea inferior al del subsidio, o que no acepten asistir a un cursillo, perderán automáticamente el derecho a la prestación".

El objetivo era "fomentar el empleo estable y evitar futuras desviaciones en el gasto por prestaciones por desempleo". El decreto trataba de erradicar el fraude, reorganizar el sistema de ayudas a las empresas por la contratación de parados con dificultades para encontrar empleo, una rebaja generalizada de las prestaciones y medidas para la formación profesional. El plan, aprobado en 2002, tenía su desarrollo en cuatro años.