El tribunal del "caso Malaya", el mayor contra una trama de corrupción municipal conocida en España, ha suspendido el juicio durante unos veinte días para decidir en un auto la resolución de las cuestiones previas.
Esta decisión ha sido tomada hoy por el magistrado-presidente, José Godino, después de que se hayan celebrado diez sesiones en las que los abogados defensores de los 95 procesados han pedido la nulidad de las actuaciones, y las acusaciones que se desestimen todas las cuestiones previas que han planteado los letrados de los procesados.
Pasados los veinte días, el tribunal dictará una resolución en la que resolverá parte de las cuestiones previas, ya que ha anunciado que no entrará en temas de fondo y que muchas de ellas quedarán supeditadas a la marcha del juicio.
Godino ha anunciado que la vista oral se celebrará por bloques y que el primero de ellos será por blanqueo de capitales, el cual se dividirá a su vez en operaciones, de forma que sólo tendrán que acudir al juicio los acusados imputados de ese delito.
Al finalizar la sesión de hoy, se ha entregado a los abogados personados en el caso un disco que contiene 110.000 folios de las piezas separadas y de convicción, y el presidente ha anunciado que en breve recibirán otro.
Tras la intervención ayer de la Fiscalía Anticorrupción hoy le ha tocado el turno a las acusaciones particular y popular, que han pedido que se desestimen todas las cuestiones previas que han planteado las defensas de los acusados.
En días anteriores, las defensas de los procesados han centrado sus alegaciones en la nulidad de los registros y escuchas telefónicas por la vulneración de derechos fundamentales y han criticado las detenciones injustificadas y la instrucción del juez Miguel Ángel Torres, a quien reprochan haber incumplido las normas de reparto.
El presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.
Entre los 95 imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol. El caso Malaya, cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.
