?I. c. valencia

El valenciano Pascual Sala afronta a sus 75 años el mayor reto de su dilatada carrera. Tras presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial durante la década de los 90, el magistrado completa la tripleta al frente de los máximos órganos del Poder Judicial con la presidencia del Tribunal Constitucional. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1963, siempre ha hecho gala de un carácter progresista que le ha valido tanto críticas y enemigos, como defensores acérrimos y respeto en un lado y en el otro.

Con su ascenso a la presidencia del Tribunal Constitucional culmina una carrera judicial que comenzó en Valencia, después de ser número uno de su promoción. Sus compañeros ya le auguraban un futuro prometedor pero las expectativas se quedaron cortas al convertirse en el primer magistrado que aúna en su currículum la presidencia del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y, ahora, del Tribunal Constitucional.

Dilatada experiencia

Sus primeros pasos en el mundo de la judicatura fueron en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, labor que desarrolló entre 1972 y 1982. Asimismo, fue presidente del Tribunal Supremo, desde 1990 a 1996, en la última etapa del Gobierno de Felipe González.

Anteriormente, durante los últimos años del franquismo, Sala se mostró un firme defensor de la democracia y luchó activamente contra la dictadura desde su condición de miembro del movimiento Justicia Democrática. Tras la transición siguió vinculado a los sectores progresistas en Jueces para la Democracia.

Decisiones polémicas

Uno de los episodios más complicados que tuvo que superar en su carrera profesional fue la tramitación del recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en 2007, que estableció la prórroga del mandato del presidente, entonces María Emilia Casas. El PP recusó a Sala y a otros dos magistrados progresistas -Aragón y Pérez Tremps- cuestionando su imparcialidad, aunque dicha recusación fue finalmente rechazada.

Pero no sólo ha vivido momentos complicados en el Constitucional. Durante su etapa en el Tribunal de Cuentas (1988-1990), también tuvo que afrontar las críticas de determinados sectores políticos y de comunicación, que estaban en desacuerdo con el informe fiscalizador del proceso de reprivatización del holding de Rumasa.

Pese a todo ello, Sala siempre ha considerado una "irresponsabilidad" la judicialización de la política y viceversa. De hecho, en su etapa al frente del CGPJ aseguraba que los "jueces no están llamados a gobernar" y que no les corresponde adoptar decisiones políticas.

Casado y con dos hijos, Sala ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan la medalla al Mérito Constitucional, en 1996, y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.