La ocupación de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia, por parte de activistas de Greenpeace, que han reclamado el cierre de estas instalaciones, ha durado once horas y se ha saldado con la detención de dieciséis personas.
Alrededor de las seis y media de este martes quince miembros de esta organización ecologista se han colado en las instalaciones cortando las rejas y tres de ellos se han encaramado a una torre de refrigeración en la que han escrito las palabras: "Peligro nuclear".
La ocupación de la central se ha prolongado hasta las 17:30 horas, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desalojado a los activistas y la central ha desactivado la alerta de emergencia, puesta en marcha once horas antes.
Los detenidos son quince activistas que se hallaban dentro del complejo desde primera hora de la mañana, entre ellos tres escaladores, y un fotógrafo independiente.
Un vigilante de la central ha resultado herido de carácter leve con un corte de siete centímetros a la altura de la cintura, y otros dos han sufrido contusiones tras el forcejeo con algunos de los miembros de Greenpeace, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha lamentado "la violencia empleada por la organización ecologista Greenpeace" para acceder al complejo en un acto que ha calificado de "propaganda de tipo político".
Según ha asegurado, a pesar de la irrupción de los ecologistas, "las centrales nucleares españolas son absolutamente seguras".
Por su parte, el portavoz de la organización ecologista, Carlos Bravo, ha desmentido "categóricamente" a EFE que los activistas hayan utilizado la violencia y ha reiterado que "si tres trabajadores de la central han resultado heridos, en ningún momento se ha debido al comportamiento violento de los detenidos".
La delegada del Gobierno, quien ha vuelto a comparecer ante los medios por la tarde, ha considerado que "es muy desafortunado" que los activistas de la organización ecologista Greenpeace "intenten legitimar" su rechazo a "las centrales nucleares como fuente de energía" a través de "agresiones".
Botella ha incidido en que la acción de protesta llevada a cabo por estos activistas en la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia, no ha supuesto un fallo de seguridad, tal y como defienden desde la organización ecologista, sino que "ha sido una agresión" a la que se ha dado "una respuesta proporcionada".
En este sentido, ha argüido que el complejo "estaba funcionando perfectamente hasta que estas personas agredieron, con sus sierras radiales, cortando las vallas de entrada" e "irrumpiendo como intrusos en una zona" en la que "no les compete estar", una acción que a su juicio tenía "carácter mediático".
Sin embargo, ha insistido en que los activistas no han accedido, "en ningún momento", a "zonas vitales" de la central nuclear "ni se ha puesto en peligro la seguridad de la planta".
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, ha calificado de "inadmisible que un lugar tan estratégico para la Comunitat Valenciana sea tomado por un grupo de activistas sin que encuentren ningún impedimento".
Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Mireia Mollà, ha reclamado al Consell que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Cofrentes, que finaliza el 19 de marzo, y desmantele la instalación por considerarla "obsoleta y peligrosa".
Con motivo de este incidente, una decena de personas de diversas plataformas y formaciones políticas como Tanquem Cofrents y Els Verds Esquerra Ecologista se han concentrado esta tarde ante el edificio de la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para protestar por las detenciones.
