De políticos a ejecutivos

valencia

Barclays ha fichado recientemente al exvicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía Pedro Solbes como consejero y asesor del grupo en Europa y como miembro del consejero de administración en España. Su incorporación se aprobará en la junta de accionistas que se celebrará el próximo 13 de junio.

El nombramiento de Solbes, que desde hace unos meses es miembro independiente del consejo de administración de la eléctrica italiana Enel, propietaria de Endesa, viene a engrosar la ya larga lista de expresidentes del Gobierno, exministros y dirigentes políticos que tras dejar sus cargos pasan a desarrollar su actividad en la empresa privada y se incorporan a los consejos de administración de los principales grupos empresariales del país, e incluso de algunas multinacionales, lo que les supone unas importantes retribuciones muy superiores a las que percibían como políticos.

En la amplia nómina de políticos que se han pasado a la empresa privada destacan los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, que son asesor externo de Endesa y consejero de Gas Natural Fenosa, respectivamente.

Pero los expresidentes no son los únicos políticos que logran un jugoso contrato tras abandonar la actividad pública. Hay una larga lista de exministros, exsecretarios de Estado y dirigentes de partidos políticos sentados en los sillones de los consejos de administración de las grandes compañías.

Entre los exministros predominan los que ocuparon las carteras de Economía. Así, junto a Solbes, está el caso del exvicepresidente y exministro del PP, Rodrigo Rato, quien abandonó la dirección del FMI para asumir la presidencia de Caja Madrid, hoy Bankia. Otros exministros de Economía que ejercen de consejeros son Carlos Solchaga, en la compañía biotecnológica Zeltia y El responsable de Economía y Hacienda entre 1982 y 1985, Miguel Boyer, que tras haber presidido CLH y vicepresidido FCC, es actualmente consejero de Red Eléctrica Española, empresa en la que ejercen de consejeros José Folgado, exsecretario de Estado de Energía con el PP, y Arantxa Mendizábal, portavoz de Industria del PSOE.

Otro "número dos" al frente de una entidad financiera es Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya, además de consejero de Gas Natural. Los exministros de Industria y de Fomento también tienen buenas salidas, así el exministro de Industria Josep Piqué preside la aerolínea Vueling y Luís Carlos Croissier es consejero de Repsol, mientras que Rafael Arias-Salgado, extitular de Fomento, está al frente de Carrefour y el exministro socialista de Obras Públicas y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, es consejero de Abengoa.

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana no les va a la zaga. El diputado del PP abandonó su escaño en el Congreso para pasar a la empresa privada y multiplicó por 10 sus ingresos al fichar como delegado de Telefónica para Europa. Sus ingresos como diputado andaban alrededor de 3.000 euros al mes, dietas aparte, mientras que como delegado de Telefónica para Europa, el cargo para el que fue fichado, puede oscilar entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales.

Asesores y presidentes

Pero la lista no acaba. Así, el exministro, Pío Cabanillas ejerce de director general de Acciona. Isabel Tocino, titular de la cartera de Medio Ambiente con Aznar, es consejera del Banco Santander. El exministro Jordi Sevilla trabaja como "asesor de alto nivel" para PwC. José María Michavila es consejero en Dragados. Rodolfo Martín Villa en Sogecable. Juan Miguel Villar Mir, Anna Birulés, Julián García Vargas, Ángel Acebes, Eduardo Serra también forma parte de la larga lista de exministros reconvertidos en ejecutivos, en la que también están los extitulares de la cartera de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, consejero de FCC y Abel Matutes, del Santander.

Otros exdirigentes políticos presentes en empresas y entidades españolas son Guillermo de la Dehesa (Santander), Juan Costa (Ernst & Young). El que fuera presidente del PNV Josu Jon Imaz preside desde 2008 la firma Petronor, que compatibiliza con la presidencia del área de energías renovables de Repsol, mientras que Nicolás Redondo Terreros, dirigente del PSE, es consejero de FCC. Por su parte, el dirigente de CDC, exdiputado de CiU, Miquel Roca, pertenece a los órganos de dirección de ACS y Endesa. Por su parte, el lehendakari, Juan José Ibarretxe ha optado por la enseñanza de economía y gestión como profesor universitario en Puerto Rico.

Y quien sin llegar a ser ministro está bien colocado es Javier de Paz, íntimo amigo del presidente Rodríguez Zapatero y exsecretario general de Juventudes socialistas y expresidente de Mercasa. Ahora pertenece al consejo de administración de Telefónica, cargo por el que percibe 150.000 euros, además recibe otro tanto por ser miembro de la comisión delegada, otros 16.250 por participar en otras comisiones. De Paz tiene en total 14 cargos, relacionados en su mayor parte con Telefónica y sus subsidiarias, entre ellas Atento, de la que es presidente no ejecutivo cargo por el que percibe unos 395.000 euros. En total dicen que gana 1,4 millones al año.

Debate entre la legalidad y la ética

La Ley de Incompatibilidades obliga a los exministros a estar dos años sin ocupar cargos en la empresa privada, pero, pasado este tiempo, nada se lo impide y son numerosos los que después de dejar la cartera se sientan en los sillones de los consejos de administración de las grandes empresas, independientemente del signo político y del Gobierno al que hayan pertenecido.

Sin embargo, los nombramientos que suscitaron más polémica fueron los de los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, dado que por su estatus perciben 82.000 euros del Estado en concepto de asignación vitalicia. Por este motivo los fichajes de González por Gas Natural Fenosa (126.000 euros al año) y de Aznar por Endesa (200.000 euros), han sido los más criticados por otros partidos y por la opinión pública. Además, en el caso de Aznar, es también consejero en News Corporation, Doheny Global Group y en la inmobiliaria J. E. Roberts.

El más crítico con esta situación fue el diputado de IU Gaspar Llamazares, que presentó una propuesta que exigía endurecer la legislación, pero que fue tumbada. Llamazares considera censurable que "las relaciones de quien fue presidente del Gobierno se conviertan en un fondo de mercado" y critica que los expresidentes cobren a la vez del Estado y de las empresas privadas.

También fue polémico el nombramiento de Acebes, toda vez es diputado del PP.