Lo que pagan los alumnos por las primeras matrículas de las universitarias públicas representará entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de los grados, según decida cada comunidad, lo que significa un desembolso máximo medio de 540 euros más por curso.

El Gobierno plantea la posibilidad de ampliar la horquilla que tendrán que pagar los alumnos de su puesto universitario, con el objetivo de contribuir al recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciada por el Gobierno.

Además, la horquilla se ampliará entre un 30 y un 40 por ciento para la segunda matrícula, entre un 65 y 75 por ciento para la tercera matrícula y entre un 90 y un 100 por cien en la cuarta matrícula. Para los master no habilitantes, se plantea hasta un rango máximo del 50 por ciento. Según la secretaria de Estado, se trata de aproximar el precio público de la matrícula al coste real.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado a las CCAA un plan universitario con la idea de que cada comunidad lo aplique según sus necesidades para poder cumplir los objetivos de déficit.

Tras la reunión, la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, ha señalado que también los costes de los másteres "no habilitantes" (no necesarios para ejercer ciertas profesiones) se incrementarán hasta un 50 por ciento.

Además, cada comunidad estudiará con las universidades de su territorio "estándares mínimos de eficiencia" de las titulaciones para garantizar la eficiencia y viabilidad del sistema.

El personal con sexenios "vivos" (que están investigando) verán reducida su carga docente; y al contrario, los que no estén en esa situación tendrán más docencia.

Sobre las tasas, Gomendio ha calculado que sería un incremento máximo de 60 euros por mes, que multiplicados por nueve meses lectivos resultan 540 euros más por alumno y curso.

En la actualidad, el alumnado asume una media del 15 por ciento del coste real de las titulaciones de grado (entre 5.000 y 7.000 euros).

A partir del próximo curso, tendrán que sufragar un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 25 por ciento, es decir, un incremento del 66,6 por ciento.

Estándares de eficiencia

Otro de los asuntos que se han debatido en la reunión ha sido el elevado número de titulaciones con baja demanda. La secretaria de Estado, ha subrayado la necesidad de que las comunidades autónomas y las universidades estudien esta problemática con el objetivo de alcanzar unos "estándares mínimos de eficiencia".

"Existe un número muy elevado de universidades y campus, pero sobre todo de titulaciones", ha subrayado Gomendio, para incidir en que es importante que cada autonomía analice la viabilidad y la eficiencia de su sistema universitario.

La 'número dos' del ministerio ha indicado que el Gobierno también está estudiando los cauces legales para que las comunidades puedan controlar tanto el déficit de las universidades y su equilibrio presupuestario, como de la oferta de empleo público, de forma que éstas lo ajusten "haciendo el mismo esfuerzo que el que hacen las comunidades autónomas y el propio Gobierno".

En todo caso, la secretaria de Estado ha explicado que cada una de las medidas serán decididas por las comunidades autónomas, que tomarán las decisiones y el tipo de acciones que quieren implementar dentro del abanico de posibilidades. "Decidirán, no sólo las medidas que necesita implementar la comunidad, según las necesidades de las universidades, sino también el grado de intensidad", ha apostillado.

Estas medidas, junto a las anunciadas el pasado lunes en materia de educación no universitaria --aumento de alumnos por clase o de las horas lectivas del profesorado, entre otras-- serán aprobadas previsiblemente este viernes por el Consejo de Ministros mediante real decreto.