El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comprende que exista una "razonable conflictividad social" en las calles por la profunda crisis económica que atraviesa España, aunque ha pedido que las legítimas protestas ciudadanas sean siempre pacíficas y se encaucen dentro del marco de la ley.

"En una sociedad democrática y avanzada como la española no aspiramos a que exista la paz de los cementerios, es evidente que tiene que haber una razonable conflictividad social en unos momentos como estos", reconoce Fernández Díaz en una entrevista con Efe.

Tras los incidentes vividos en los últimos meses y el previsible "otoño caliente" que se vislumbra tras el verano, el titular de Interior reclama que las protestas callejeras se desarrollen siempre con respeto a los derechos del resto de los ciudadanos.

"El derecho de manifestación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y a nosotros no solo no nos preocupa sino que nuestra tarea es garantizar que ese derecho se realice libre y pacíficamente, pero insisto en el marco de la ley", subraya.

Reforma del Código Penal

En este ámbito enmarca Fernández Díaz la anunciada reforma del Código Penal que previsiblemente llegará al Parlamento el próximo otoño y que, entre otras novedades, prevé nuevos tipos penales para determinadas conductas que alteran el orden público y afectan a la "paz social".

En concreto, la reforma contempla la prisión provisional como medida cautelar y creará el delito específico de violencia urbana, y castigará con mayor dureza el uso de explosivos o líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte de objetos peligrosos.

Unas propuestas que ya han provocado las críticas de partidos como el PSOE que han acusado al Gobierno de pretender legislar a "golpe de titular" y con el único objetivo de hacer frente a la conflictividad social en las calles.

"Es verdad que no es bueno legislar a golpe de titular o de actualidad, pero no creo que la reforma que se está planteando sea así", aclara Fernández Díaz, que asegura que los cambios penales que propone el Gobierno nacen de una "amplísima reflexión" como demuestran los más de siete meses de conversaciones y trabajos.