El exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo Juan Márquez ha afirmado en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, "no haber cometido jamás, ni conocido tampoco ninguna ilegalidad" en el departamento en el que prestaba sus servicios.
Márquez sucedió a Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, en la que permaneció entre abril de 2008 y abril de 2010. Está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y falsedad, unas imputaciones que están relacionadas con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por un valor de más de 154 millones.
El exalto cargo, que ha iniciado la tercera jornada de comparecencias de la comisión y, al igual que el resto de imputados que han sido llamados a la misma, se ha acogido a su derecho a no declarar y a no contestar a preguntas, sí que ha insistido en una breve intervención en que no ha cobrado "ni un solo euro en ningún concepto más allá de mi sueldo, ni he tenido conocimiento de que alguien se haya podido lucrar".
Por su parte, Daniel Rivera, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta junio de 2012, ha sido el séptimo imputado por presuntos delitos en los ERE irregulares que se ha negado a contestar a las preguntas en la comisión de investigación del Parlamento andaluz.
Al igual que sus antecesores, Rivera se ha limitado a leer, durante cuatro minutos y medio, un escrito en el que ha alegado su "absoluta inocencia" y ha destacado que introdujo "mejoras en los procedimientos" para la concesión de estas ayudas sociolaborales y a empresas, a la vez que colaboró con la Justicia "en el esclarecimiento" de presuntas irregularidades.
Tras subrayar que ejerció sus responsabilidades "de la manera más honrada posible", Rivera, a quien la juez Mercedes Alaya le imputa los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, se ha declarado hoy "injustamente imputado".
"Creo firmemente que no soy merecedor de tal situación por mi colaboración en la mejora de los procedimientos de la Dirección General, por cumplir con la Justicia, poniendo a su disposición todos los medios, documentos e información que me fueron requeridos y por haber sido el primero en denunciar en el Juzgado las posibles irregularidades que pudieran haber sido cometidas", ha enfatizado.
El declarante se ha mostrado especialmente satisfecho por haber contribuido a la mejora de la calidad de vida de trabajadores afectados por ERE y ha repudiado que algunos medios informativos hayan vulnerado su presunción de inocencia.
