El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha afirmado hoy que en "ningún momento el Consejo de Gobierno" que presidió "conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales" en relación al programa 31L de ayudas socio-laborales a empresas en crisis o al pago de los ERE.
Chaves, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares, ha defendido la legalidad del programa 31L y ha afirmado que "calificarlo de opaco o de fondo de reptiles es una desmesura, una falsedad y una descalificación intolerable que sólo puede derivar de una mente perversa".
Ha explicado que dicho programa respondía a una "legítima y legal acción del gobierno de la Junta" de lucha contra el desempleo y ha destacado que contaba con el aval de los empresarios y de los sindicatos y del Parlamento, aunque ha precisado que "no quiere trasladar la responsabilidad" a la Cámara autonómica.
Ha informado de que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo y, por tanto, el "Consejo de Gobierno no podía conocer, no tenía por qué conocer la gestión, el día a día de las distintas Consejerías u organismos de la Junta".
Ha defendido que todas las ayudas concedidas por la administración que presidió durante diecinueve años respondían a una "administración honrada y cumplidora con la ley".
No obstante, ha admitido que ha podido haber una utilización "abusiva del procedimiento, presuntamente abusos de confianza y actos contrarios al derecho y punibles", y se ha mostrado partidario de que "sean quienes sean, caiga todo el peso de la justicia sobre los que han podido cometer actos ilícitos".
"Siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de andaluces con este tipo de actos, pero no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad y la honradez de toda una administración", ha apostillado.
