El Gobierno aplaza la subida por falta de impresos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Sin embargo, aunque la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entra en vigor este jueves, finalmente el Gobierno ha optado por aplazar su aplicación. La Agencia Tributaria prevé que antes de final de año esté en funcionamiento la orden ministerial que pondrá en marcha el cobro de las nuevas tasas judiciales, reguladas por el Ministerio de Justicia, pero gestionadas por Hacienda. Fuentes de la agencia han explicado a EFE que se trabaja con un horizonte temporal del 1 de enero de 2013.

La ley no será efectiva hasta que no estén listos los impresos de autoliquidación, según informó el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, que ha precisado que el Ministerio de Hacienda los aprobará en las próximas semanas.

En declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Justicia, Bravo comentó que la liquidación de las tasas no se podrá practicar hasta que Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, lo comunique, tal y como prevé la ley en su artículo 9.

Esa orden, que deberá ser dictada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene como finalidad regular el procedimiento y los impresos de autoliquidacion.

De esta forma, Bravo anunció que el Gobierno comunicará hoy a todos los secretarios judiciales que no se practique ninguna liquidación, hasta la publicación de la orden ministerial que así lo autorice, en sintonía con lo que dice la norma.

Bravo también hizo referencia al recurso de inconstitucionalidad que el PSOE que interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) y afirmó que el TC ya se había manifestado en mas de una ocasión en relación con la constitucionalidad de las tasas.

Según Bravo, el TC entiende "que las tasas son legítimas y constitucionales siempre y cuando respeten el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos".

Agregó que "el diseño que se ha estipulado en la nueva ley de tasas respeta ese principio", al tiempo que anunció que en las próximas semanas, el Gobierno revisará el sistema de justicia gratuita que, según el subsecretario, "se está negociando ya con las distintas comunidades autónomas que lo gestionan".

En su opinión, la unión de los dos textos, la ley de tasas y la ley de justicia gratuita revisada, "cumplirá esos parámetros constitucionales que el TC ha establecido como legítimos en aplicación" de la propia Carta Magna.

Críticas de oposición, sindicatos y consumidores

La subida generalizada de las tasas judiciales ha suscitado rechazos en una parte del sector jurídico, que se han extendido a sindicatos, consumidores y oposición.

El principal partido de la oposición, el PSOE, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado esta decisión con el argumento de que la nueva ley establece dos categorías de ciudadanos ante la Justicia, los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la tutela judicial y los que no lo tienen.

Por su lado, el portavoz de la organización que agrupa al sector más progresista de la magistratura, la minoritaria Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha señalado que la nueva ley supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Las nuevas tasas impiden a una gran parte de la sociedad la posibilidad de acudir a los tribunales por razones económicas, lo que "resulta contrario al artículo 24 de la Constitución, por lo que la medida presenta serias dudas de constitucionalidad", ha expresado.

La medida ha sido rechazada también por otras organizaciones del sector jurídico como el Sindicato de Secretarios Judiciales, que ha seguido así al Consejo General de la Abogacía Española, que ya se opuso a la nueva Ley hace días y cuya postura ha sido repetida hoy por abogados de varios colegios españoles.

Otros ámbitos del sector judicial se han hecho eco también de la medida y, así, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, se ha referido al asunto.

Según Montalbán, la ley de tasas de tasas judiciales supondrá "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.

Los sindicatos UGT y USO han mostrado también su rechazo a la ley de tasas judiciales, al igual que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha declarado que la medida "limita derechos constitucionales" y creará una justicia "de dos categorías", a la que se accederá "en función de los recursos económicos".

Por su lado, organizaciones de consumidores como FACUA han señalado que supone la "implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos".

En un comunicado, FACUA ha advertido de que la aplicación de estas tasas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y considera que "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha promovido una ley de tasas que contempla una subida generalizada con el fin, según ha argumentado, de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita.

El Ejecutivo quiere evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación.

Con esta medida se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que no estén entre los beneficiarios de la Justicia Gratuita; así será en los órdenes Civil y Contencioso Administrativo y, en el Social, cuando se recurra la decisión de la primera instancia.

Quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos, es decir, los que ingresen 15.975 euros brutos al año o menos.

Así mismo, estarán exentos de tasas el orden Penal, la protección de derechos fundamentales, los procesos de capacitación, filiación y menores, los juicios monitorios y verbales de lo Civil inferiores a 2.000 euros y la primera instancia de lo Social.