El borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (Lomce), que hoy estudiarán el Gobierno y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, exigirá a las autonomías el pago de una plaza en un centro privado a aquellos padres que soliciten la educación en castellano cuando esta comunidad no pueda ofrecerle esta posibilidad en un centro público o concertado, siempre y cuando no se haya establecido una «proporción razonable»de ambas lenguas. El texto recoge, en la disposición adicional sobre lengua castellana y lengua vehicular de la enseñanza, que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua vehicular de la enseñanza»y establece que la lengua castellana y su literatura tendrán el tratamiento necesario para que todos los alumnos la comprendan y se expresen en ella con corrección, de forma oral y por escrito, al finalizar la enseñanza básica.
Asimismo, señala que en las autonomías que posean otra lengua oficial junto al castellano, de acuerdo con sus estatutos, las administraciones educativas deberán garantizar en todas las etapas educativas obligatorias que esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en «proporciones equilibradas en el número de horas lectivas», de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras. «Los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización», añade.
Además, desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se restituye una alternativa obligatoria a la asignatura de Religión en Primaria y la ESO. Así, los alumnos de Primaria deberán optar entre Religión o su alternativa, denominada Valores Sociales o Culturales, a elección de los padres o tutores. En la ESO también será obligatorio cursar o bien Religión o bien Valores Éticos, dentro de las asignaturas específicas. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y de la oferta de los centros docentes, los alumnos también podrán elegir la asignatura de Religión entre las materias específicas de primero y segundo de Bachillerato.
Por otro lado, el Estado fijará los contenidos y el horario mínimo de las materias instrumentales, es decir, las troncales, que son Lengua, Matemáticas, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, entre otras, sin determinar los porcentajes.
«Ataque al catalán»
La consellera de Enseñanza de la Generalitat catalana, Irene Rigau, denunció que el proyecto «es el mayor ataque al catalán desde 1978» y atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular. «Nunca un texto del ministerio había menospreciado tanto el catalán», aseguró.
