La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20 por ciento de esa cantidad.
Así se fija en el informe sobre esta reforma revisado por el Consejo de Ministros. El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo.
A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.
De acuerdo con la futura reforma, los alcaldes de las ciudades con más de 500.000 habitantes cobrarán de manera similar a un secretario de Estado, que tienen una nómina anual de 67.055,31 euros, más una serie de complementos.
El Gobierno ha incluido además en esta reforma de la administración local que no cobrarán los alcaldes de localidades con menos de mil habitantes.
Otra de las novedades incluidas por el Gobierno es el establecimiento de los topes del sueldo de los empleados públicos locales, que se marcará en los presupuestos y no será decidido por las corporaciones locales como hasta ahora.
De esta manera, desaparece la "negociación exclusiva" en materia de sueldos en la administración local porque no tiene sentido, a juicio del Ejecutivo, que cobren más un funcionario local que otros que realizan similares actividades.
Asimismo, se va a acometer una reducción "muy notable" del número de asesores con cargo a los ayuntamientos, que pasarán a ser 6.489, ha informado el titular de Hacienda.
En los grandes municipios, el personal eventual no podrá suponer más del 0,7 % del total de la plantilla.
Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).
Ahorro de 7.129 millones
El Gobierno estima que la reforma de la Administración local podría suponer un "ahorro potencial" total de 7.129 millones de euros en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, han informado fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Así se ha dado a conocer tras el Consejo de Ministros de hoy, en el que el Gobierno ha dado luz verde al informe del anteproyecto de la reforma de la Administración Local y ha remitido el texto al Consejo de Estado como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha precisado que esa cifra es una estimación del Gobierno que podría aumentar y que se deriva de varios aspectos de la ley como la clarificación de competencias municipales, la supresión de mancomunidades y entidades locales menores, la limitación de asesores y cargos electos y la reducción de sus retribuciones.
El ministro Montoro avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el ahorro hasta 2015 sería de 7.600 millones de euros. Posteriormente, fuentes de su departamento han precisado que la cifra exacta será de 7.129 millones.
Clarificación de competencias
Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno prevé que el 31 por ciento del ahorro -unos 2.731 millones de euros- procedan de la clarificación de competencias prevista en la ley, el 46 % -unos 3.281 millones- de la eliminación de duplicidades y el 19,6 % -unos 1.397 millones- de reducir las dimensiones del sector público.
Además, el Gobierno estima un ahorro de 72,8 millones de euros por la supresión de mancomunidades y entidades locales menores -un 1 % del total- y reducir el gasto en 145,8 millones -un 2 %- por la eliminación de personal eventual y altos cargos.
