El Gobierno ha aprobado este viernes, en Consejo de Ministros, su proyecto de ley de reforma del Código Penal, que incrementa la persecución contra los delitos de corrupción y agrava las penas de los incendios forestales y la piratería, entre otros.
La principal novedad de la reforma penal promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón es la nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como los asesinatos terroristas, el homicidio del jefe del Estado o de su heredero y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en rueda de prensa que este proyecto da respuesta "a una demanda social importante".
Según el Ministerio de Justicia, el proyecto de ley de reforma del Código Penal de 1995 es el más profundo de los realizados hasta ahora, al incluir una revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves.
El texto hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción y evitar la impunidad de ciertas conductas.
En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.
Además, el comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos.
La reforma también profundiza en la imposición de medidas de seguridad con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo.
El texto establece por primera vez un sistema dualista en el que, por un lado, una pena castiga el hecho cometido y una medida de seguridad protege a la sociedad de la peligrosidad del sujeto.
Según Justicia, el Código Penal ahonda en la protección de la mujer mediante la introducción de nuevas figuras delictivas, como el delito de matrimonio forzado, el de acoso u hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima y la alteración de los dispositivos telemáticos para controlar medidas cautelares.
Para mejorar la eficacia y agilidad de la justicia penal se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de penas, fijando un sistema único que impida la duplicidad de actuaciones.
Además, se suprimen las faltas que sobrecargan los juzgados y sólo las que tienen entidad penal se convierten en delitos leves, mientras que las otras se castigarán por vía administrativa.
El proyecto también se adapta a la nueva legislación europea para la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, de prevención de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como para combatir la trata de seres humanos.
El proyecto de Gallardón establece un único régimen de suspensión de penas que agilizará los procedimientos. En la delincuencia menor se amplía la discrecionalidad del juez ante el cumplimiento de pena de prisión.
El Código tipifica como delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez.
Se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero.
La reforma contempla medidas para perseguir las páginas web que facilitan el acceso ilícito a obras protegidas en busca de un beneficio directo o indirecto. Además, agrava las penas para los robos cometidos en el campo.
40 medidas contra la corrupción
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un informe con un total de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con el resto de los grupos parlamentarios.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este informe, redactado por una comisión de expertos y que incluye iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.
Entre las iniciativas para la regeneración democrática se encuentra la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos, el endurecimiento de las penas por corrupción o la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación.
Sáenz de Santamaría ha recordado que este plan no es la primera medida planteada por el Gobierno en esta legislatura, pues ya se han tramitado iniciativas "muy importantes" en la lucha contra la corrupción, como la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, mediante la cual se prohibió la condonación de deudas por más de 100.000 euros al año.
El informe de este viernes va más allá e incluye unas 40 propuestas para un refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos, una mejor regulación del ejercicio del cargo público y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
Por ejemplo, se regulará la figura del responsable económico y financiero de los partidos, que tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento, y también se establecerá la obligatoriedad de todos ellos de enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones.
La inscripción obligatoria en el registro de partidos de las fundaciones vinculadas a ellos; el refuerzo del Tribunal de Cuentas para dotarle de una mayor capacidad para fiscalizar; la clarificación del régimen de infracciones y sanciones, y el refuerzo en el cobro de las sanciones que se impongan.
Además, se retendrán las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas y se da rango legal a la obligación de las fuerzas políticas de cumplir los mismos requisitos que cualquier particular a la hora de recibir subvenciones, como estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Toda la normativa que regula el ejercicio del cargo público, dispersa hasta la fecha, quedará unificada, y también se clarificarán los casos de conflictos de intereses.
Los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la ley, de manera que los gastos reembolsables serán siempre con presentación de los justificantes y se prohibirá el uso de las tarjetas de crédito.
En la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actuaciones económicas, de manera que si hay un "movimiento llamativo" en una cuenta de las personas con responsabilidad pública será comunicado a la correspondiente oficina de blanqueo.
Según la vicepresidenta, para dar una mejor respuesta penal contra la corrupción, el Gobierno quiere consensuar con los partidos un bloque de medidas de tipo penal y procesal.
Por ejemplo, un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos o la revisión de distintos tipos penales, como la prevaricación o el cohecho.
Webs con enlace ilegales
Los propietarios de las páginas en internet que permiten obtener listados de enlaces para acceder ilícitamente a obras protegidas por derechos de autor podrán ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.
El Código Penal perseguirá así la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como el hecho de facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en internet.
Además, el texto al que este viernes ha dado luz verde el Gobierno tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual, con penas de cárcel que van de los seis meses a los tres años.
El Código Penal mantiene las penas mínimas previstas hasta ahora, pero las conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, una modificación que, según el Gobierno, se debe a la "desproporción" que existía al comparar estos delitos con otros que también atentan contra la propiedad.
Las penas máximas, de dos a seis años, se podrán imponer cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica o cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o al número de obras, entre otros aspectos.
En el caso de los conocidos como "manteros", las penas en las que podrían incurrir no han sido modificadas y se mantienen idénticas a las actualmente previstas. Así, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.
No obstante, se tendrá en cuenta si el beneficio económico obtenido ha sido reducido para que la pena a imponer sea de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días.
Una reforma con la que el Gobierno pretende lograr con esta reforma un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y las nuevas tecnologías.
